En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley de trabajo a distancia. Será la norma que regule el teletrabajo en las empresas y que dará respuesta a una situación que dejó de ser extraordinaria durante los meses del confinamiento. Ante las restricciones de movilidad y el riesgo de contagio, muchas empresas optaron por seguir trabajando desde casa.

Sin embargo, el proyecto de ley no incluirá al sector público. Así lo confirman varias fuentes sindicales a El Independiente. De hecho, mientras que el Ministerio de Trabajo ya ha sentado las bases de la norma junto a patronal y sindicatos, las negociaciones entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública con los representantes sindicales empezó la semana pasada.

Desde CSIF indican que esta cuestión se regulará “en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público” y a partir de ahí, “el resto de administraciones podrán desarrollar su propia norma”. Además, subrayan que la norma de los funcionarios no se incluirá en la ley que ultima el departamento que dirige Yolanda Díaz.

Lo mismo indican desde UGT, que en la norma de Trabajo “estaría excluido el sector público”. Además, critican que se les ha convocado “con prisa” y de forma telemática para tratar este asunto. Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de FeSP-UGT, explica que desde el sindicato han reivindicado que el teletrabajo en la administración pública “sea una ley específica”, pero desde el ministerio que dirige Carolina Darias “plantean una modificación en el estatuto que contemple que se puede teletrabajar”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que la negociación sobre el teletrabajo sigue abierta y señalan que la intención es llevarla al Consejo de Ministros lo antes posible, no descartan que pueda ser el próximo martes.

Teletrabajo: 30% de la jornada

En la última reunión entre los agentes sociales y Trabajo, se acordó que se considerase teletrabajo regular cuando una persona trabaja al menos un 30% de su jornada a distancia. En concreto, el borrador al que ha tenido acceso este periódico recoge que “se entenderá que el trabajo a distancia es regular cuando, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato, sea prestada bajo esta modalidad”.

Otro aspecto en el que han incidido tanto los agentes sociales como el Gobierno es el carácter voluntario del teletrabajo. “El trabajo a distancia será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en esta ley, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior”, apunta el borrador.

El acuerdo que menciona el borrador deberá incluir un inventario de los medios que exige el desarrollo del teletrabajo, así como la duración de los plazos de preaviso, una enumeración de los gastos, o la duración del acuerdo.

Con esta norma, el Gobierno quiere dar respuesta a una situación que surgió de forma coyuntural pero que muchas empresas han decidido adoptar tras los meses de confinamiento.