Entre unos socios de coalición que chocan prácticamente todos los días a cuenta de casi todos los temas, las coincidencias resultan mucho más noticiosas. Y esta tiene que ver con una cuestión troncal del pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos: la reforma fiscal. Los negociadores de uno y otro partido -esto es, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez- han sacado este asunto de la negociación presupuestaria, con la anuencia de sus respectivos jefe de filas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

“En plena pandemia no es el momento de abordar una reforma de este calibre” que supondría un incremento de impuestos a las rentas más altas, dicen en Moncloa no sin cierto alivio, después de rechazar en público y privado el llamado “impuesto a los ricos”, que el sector morado del Gobierno enarboló para disgusto de sus socios, que rechazan crear una nueva figura fiscal. De hecho, se olvidaron de ella en la comisión de reconstrucción. Otra cosa es la tasa Google, que ha pasado por el Congreso para su tramitación, y otros impuestos medioambientales.

En Podemos admiten que este tema “no va a ser tan trascendente para las cuentas de 2021. No es la madre del cordero”. La atención está puesta en la reconstrucción del país por las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia del Covid, dicen, y en el reparto de la ayuda europea, en la que la coalición morada quiere tener voz y voto. Las prioridades exigen de “flexibilidad” en el cumplimiento de los compromisos de Gobierno.

Unidas Podemos piensa "en clave de legislatura" y entiende que hay que tener "flexibilidad"

En este sentido, aseguran que no se trata de una cesión al PSOE, sino que “pensamos en clave de legislatura y no hacerlo para 2021 no significa que hagamos dejación de esa reforma”, convencidos de que el actual gobierno llegará a 2023. El propio Nacho Álvarez admitió recientemente en una entrevista en La Cafetera que «en un contexto de pandemia es posible graduar el acuerdo de coalición». Cree por ello que «no es una urgencia abordar una reforma fiscal en profundidad en este momento. Se puede aceptar que haya que graduar algunos de los elementos del acuerdo de coalición en aras de tener un presupuesto lo más expansivo posible».

Y aunque Podemos apuesta por unas cuentas expansivas, a nadie se le escapa que la subida fiscal es una de las líneas rojas de Ciudadanos para apoyar los Presupuestos de 2021. Si dicha reforma se pospone, Inés Arrimadas tendrá menos motivos para rechazar o bloquear los PGE y aunque se insiste una y otra vez en volver a unir a la mayoría que hizo posible la investidura de Sánchez, lo prioritario es sacar las cuentas para asegurar la legislatura y en eso están los socios.

Lo cierto es que si hay un capítulo en que el pacto de Gobierno concreta más ese es el fiscal. En lo que afecta al IRPF proponen el incremento en dos puntos de los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo 45 estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales para rentas superiores a 140.000 euros. Además, según el acuerdo, se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas "al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".   

La coalición ha vuelto a tropezar, esta vez, por la edad de jubilación

Y en lo que alude a la reforma del impuesto de sociedades, la idea pasa por garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18 para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Asimismo “se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial”.

PSOE y Unidas Podemos han vuelto a protagonizar nuevos enfrentamientos a cuenta de aspectos sensibles en política económica. Cuando todavía no se han enfriado las ascuas de la controversia en torno a una posible congelación salarial de los funcionarios, que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, desmintió, esta vez a gusto de sus socios morados, frente a Nadia Calviño, María Jesús Montero y Carolina Darias, ha surgido el antepenúltimo enfrentamiento por la ampliación de la ley de jubilación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contradicho en este sentido al titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Díaz defiende que "alargar edad laboral entorpece la incorporación de jóvenes" y “no es el camino correcto”, pero que, en todo caso, deberá debatirse en el Pacto de Toledo.