El Estado dispone de una copia del 99,5 % de los documentos que integran el archivo privado de la Fundación Francisco Franco desde 2004. Fue la contraprestación que recibió a cambio de conceder una ayuda de 150.843,82 euros a la entidad dedicada a difundir la memoria y obra del dictador para la digitalización de su fondo histórico.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes el primer paso con vistas a la futura extinción de esta fundación al aprobar el anteproyecto de la futura Ley de Memoria Democrática, que incluye una disposición adicional -concretamente la quinta- con la que se abre la posibilidad de ilegalizar aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que "no persigan fines de interés general". Entre aquéllos, el texto cita explícitamente "la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra civil española o del franquismo".

Creada en 1976, el activo más importante que atesora la Fundación Francisco Franco es su archivo histórico, formado por 27.357 documentos procedentes del despacho y de dependencias del jefe del Estado y abarcando el periodo 1917-1976. Es una fuente de consulta de gran relevancia para los historiadores y los estudiosos del periodo que va desde el inicio de la guerra civil hasta el final de la dictadura: correspondencia con otros jefes de Estado, informes confidenciales del Estado Mayor, borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco, discursos, artículos periodísticos...

También incluye una treintena de documentos relacionados con el Valle de los Caídos, entre ellos una nota sobre la construcción del monumento ordenado levantar por el dictador en Cuelgamuros (no fechada) y las actas de presencia de la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera en el monasterio de El Escorial y su posterior traslado hasta la basílica del Valle de los Caídos.

El 10 de marzo de 2004, siendo José María Aznar presidente del Gobierno, la fundación hizo entrega al entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de los últimos 34 rollos -formados por 3.428 documentos- que se habían microfilmados con cargo a la citada subvención.

El otorgamiento de esa ayuda estaba sujeto a la aceptación de una condición, plasmada en el convenio de colaboración que ambas partes firmaron el 4 de octubre de 2001: la entidad tenía que comprometerse a facilitar el acceso público a sus fondos integrándose en el Sistema Español de Archivos.

En el Archivo de Salamanca faltan 132 documentos porque el dinero de la subvención no dio para microfilmarlos

Ello posibilitó que la documentación histórica procedente del archivo de Franco se pueda consultar hoy tanto en el Centro Documental de la Memoria Histórica -organismo creado en 2007, con sede en Salamanca y dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte- como en la oficina de la propia fundación, ubicada en un piso cercano al estadio Santiago Bernabéu.

En puridad, hay un rollo del que no tiene copia el Estado: el 230, integrado por los 132 documentos que van desde el 27.358 al 27.490. "El dinero de la subvención no alcanzó para todo y los digitalizamos nosotros. Son documentos normales y sólo pueden ser consultados en nuestro archivo", explica a este diario Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco desde 2018. Éste asegura que la única subvención pública que han recibido es la que les permitió microfilmar sus fondos hace más de 15 años.

Una ley "totalitaria y sectaria"

Casi un año después de la exhumación y traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que derogará la Ley de Memoria Histórica aprobada en la etapa de Rodríguez Zapatero (2007) y concebida como "reparación a las víctimas que lucharon contra el franquismo". La Fundación Franco ya anuncia que la recurrirá en los tribunales cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A juicio del presidente de la Fundación Franco, lejos de ser "democrática" la propuesta de ley que el Ejecutivo formado por PSOE-Unidas Podemos ha mandado al Parlamento para su tramitación es "totalitaria porque define la Historia por ley" y "sectaria porque las víctimas de la guerra civil fueron las de los dos bandos, no sólo las de uno". "No es una ley para todos los españoles, sino para una parte de los españoles", critica.

Respecto a la eventual ilegalización de fundaciones como la suya, Juan Chicharro defiende que la entidad que él preside persigue el "interés general" cuando hace apología del franquismo. "¿Decir que fue Franco quien trajo al rey Juan Carlos I es apología del franquismo? ¿Decir que Franco creó la clase media en España es apología del franquismo? ¿Decir que Franco creó la ley de bases de la Seguridad Social de la que viven todos los españoles es apología del franquismo?", plantea.

Chicharro niega que la Fundación Franco fomente la incitación directa o indirecta al odio -otra de las premisas que prevé la disposición adicional quinta como causa que habilite en el futuro al Protectorado de Fundaciones para instar judicialmente la extinción de una entidad- y reconoce que se plantearán la posibilidad de constituirse en otro país si ven en peligro su continuidad.

"A lo mejor retomamos la propuesta que recibimos hace un par de años de admiradores de Franco en EEUU para constituir la fundación en el extranjero. En el peor de los casos lo retomaremos y nos tendríamos que exiliar. No lo descarto. Vamos a seguir defendiendo nuestra libertad. Nadie nos va a callar", apostilla.