El Juzgado de Instrucción nº4 de Majadahonda ha admitido a trámite la querella presentada por el Club de Fútbol Fuenlabrada contra la cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), incluido su presidente Luis Rubiales, el secretario general Andreu Camps y Ricardo Esteban Díaz Sánchez, el juez instructor nombrado por la RFEF que propuso el descenso administrativo del equipo tras el brote de coronavirus que afectó a la plantilla.

Así lo ha detallado este miércoles en un comunicado oficial el Fuenlabrada, que presentó esta querella a mediados de agosto y ha recibido notificación, ahora, de que el juez abrió el 3 de septiembre diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados por el club.

La problemática se remonta al partido de la última jornada de Liga que el Fuenlabrada debía disputar en Riazor contra el Deportivo de La Coruña el pasado lunes 20 de julio. Tras detectar y aislar varios casos positivos en el staff del club -entre ellos el médico del equipo- y realizar pruebas PCR a toda la plantilla, con resultado negativo, el equipo recibió el visto bueno de LaLiga para viajar a La Coruña. Sin embargo, una última tanda de test PCR realizados antes del viaje, y cuyos resultados se conocieron ya en Galicia, arrojó seis positivos en el equipo, que posteriormente crecieron hasta 28.

El partido fue suspendido en una reunión conjunta de LaLiga, la RFEF y el CSD, tras la que sin embargo se mantuvo el resto de la jornada, que se disputaba en horario unificado. La combinación de resultados provocó que el Deportivo de La Coruña quedase matemáticamente descendido sin haber disputado su partido. El club gallego denunció un agravio y argumentó que, de haber jugado al mismo tiempo que el resto de partidos, su hipotético resultado habría metido presión al resto de partidos en juego pudiendo provocar un desenlace distinto.

A partir de ahí se abrió una batalla judicial en la que el Deportivo terminó solicitando el descenso administrativo del Fuenlabrada a Segunda División B o, en su defecto, la ampliación de la Segunda División de 22 a 24 equipos, alegando que el Fuenlabrada había incumplido los protocolos sanitarios y con ello causado un perjuicio a la competición.

El juez de Disciplina Social de LaLiga no apreció incumplimiento de los protocolos y archivó el caso. El juez instructor de la Real Federación Española de Fútbol, no obstante, sí siguió adelante con el expediente sancionador al Fuenlabrada y terminó proponiendo su descenso de categoría, que habría implicado probablemente la salvación del Deportivo.

El caso se cerró por la vía del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del CSD, que resolvió que la competente para decidir sobre el incumplimiento o no de los protocolos, y de las sanciones correspondientes, era LaLiga y no la Federación. Al haber archivado LaLiga previamente el expediente, el caso decayó.

Para entonces, sin embargo, el Fuenlabrada había presentado ya una querella contra Rubiales, Camps y Díaz Sánchez. La cúpula de la RFEF, por su parte, se ha querellado también contra el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, por injurias y calumnias, después de que el dirigente del club madrileño se refiriese a los mandatarios de la RFEF como una "panda de criminales y sinvergüenzas".

En concreto, el Fuenlabrada denuncia el presunto nombramiento ilegal del propio juez instructor, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, del que subrayan que "casualmente" fue nombrado "horas antes de que se abriese el expediente contra el CF Fuenlabrada SAD, cuando por norma los jueces instructores deben ser nombrados por temporadas deportivas (delito de nombramiento ilegal 405 y 406 CP)".

En su querella, el Fuenlabrada aportó informes periciales con los que pretende probar que las providencias del expediente eran redactadas por personas distintas al juez instructor, y que el juez estudiará ahora tras haber admitido a trámite la querella.

Paralelamente, la vertiente sanitaria del caso sigue abierta en Galicia, después de que la Xunta propusiese una sanción de 360.000 euros tanto al club como a LaLiga. En lo penal, una juez de instrucción -que posteriormente se retiró del caso por ser socia del Deportivo- descartó que el Fuenlabrada hubiese cometido un delito contra la salud pública por su desplazamiento a La Coruña, aunque incoó diligencias de investigación para esclarecer si hubo infracciones de ámbito laboral.

Esta misma semana, además, una federación nacional de accionistas y socios de clubes de fútbol ha interpuesto una querella contra LaLiga, su presidente y el Fuenlabrada por los mismos hechos, solicitando además que se investiguen los vínculos del presidente de LaLiga, Javier Tebas, con el club donde su hijo ejerce como secretario no consejero desde que militaba en 2ªB, antes del ascenso conseguido en el verano de 2019.