El escrito que la Fiscalía presentó este lunes al Tribunal Supremo solicitando la inadmisión de las 20 querellas contra Pedro Sánchez y el resto de miembros del Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus ha provocado críticas en la propia carrera fiscal.

Fiscales del Tribunal Supremo consultados por El Independiente consideran que el texto del que se ocupó el teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, con el asesoramiento de la Secretaría General Técnica (equipo de máxima confianza de la fiscal general Dolores Delgado) y de los fiscales de Sala Juan Ignacio Campos y Pilar Fernández Valcarce contiene "valoraciones que exceden el estudio jurídico de los hechos presentados por los querellantes" y parece más bien un escrito de "defensa de la actuación del Gobierno, papel que no corresponde al Ministerio Público".

Las fuentes consultadas afirman respetar la profesionalidad del fiscal Navajas, pero consideran que la influencia de Delgado (que según las fuentes oficiales de la Fiscalía no intervino en el estudio de las querellas por su relación con el Gobierno, en el que ejerció como ministra de Justicia de Sánchez) se percibe en el escrito presentado ante la Sala Segunda.

Ponen ejemplos concretos de esos "excesos" que consideran pueden poner en peligro la "necesaria imparcialidad del Ministerio Público":

Valorar los argumentos como "absurdos"

El escrito, en lugar de limitarse a rechazar los argumentos presentados en las querellas porque no son suficientes ni concretos para abrir una investigación penal contra los miembros del Gobierno los valora como "absurdos" o "contrarios a las reglas de la lógica y la sana crítica" en distintas ocasiones:

"El estado de alarma fue, como es de conocimiento público, prorrogado en diversas y sucesivas ocasiones, con la preceptiva convalidación parlamentaria. Así pues, de seguir la tesis del querellante, se llegaría al absurdo de considerar la conducta de los Sres. Diputados del Congreso que votaron favorablemente a cada una de las diferentes prórrogas del estado de alarma, como cooperadores necesarios de la infracción penal pretendida", se puede leer.

También "resultando aún más absurdo, si cabe, pensar que no sólo la
totalidad de las administraciones públicas españolas se mostraron
negligentes en la gestión de la crisis del COVID-19, sino también las
administraciones competentes en materia sanitaria pertenecientes al
resto de países de nuestro entorno cultural".

Comparación con la gestión de CCAA

Sobre esta última afirmación recogida en el escrito presentado a la Sala Penal del Supremo, los fiscales críticos consultados tampoco ven necesario hacer una comparación entre la actuación del Gobierno central y la de las comunidades autónomas y los países de nuestro entorno para concluir que el Ejecutivo de Sánchez actuó correctamente. Las fuentes consultadas comparten que no hay ninguna conducta reprochable penalmente por parte del Ejecutivo, pero critican la forma que se dio al escrito en el que se rechazan las querellas.

Se refieren a la siguiente afirmación: "Al objeto de analizar el grado de diligencia empleado por los querellados en la gestión de la crisis sanitaria resulta revelador, cuanto menos en nuestra opinión, que las distintas administraciones autonómicas, a pesar de contar todas ellas con idéntica información que el Gobierno de España -pues las distintas recomendaciones internacionales a que se alude por el querellante eran públicas y además habían sido analizadas en las conferencias coordinadas por el Ministerio de Sanidad- no instauraran medidas de tutela de la salud
pública tales como el cierre de los transportes públicos, de los centros públicos, eventos deportivos, actos religiosos, etc. Y lo mismo puede decirse del resto de países de nuestro entorno cultural, en los que con carácter general se siguieron celebrando eventos multitudinarios".

Papel "defensor" del Gobierno

Los reproches de la carrera fiscal inciden en el excesivo tono de defensa hacia el Gobierno que rezuma el escrito, en párrafos como los siguientes:

"Puede concluirse que, ya en el presente momento procesal, se aprecia la imposibilidad de afirmar que, cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia, los querellados pudieran haber desarrollado actuación alguna que pudiera evitar los desgraciados efectos producidos por la pandemia generada por el COVID-19" o "Los querellantes no ofrecen argumentos acerca de las razonespor las que deba considerarse que la actuación del Gobierno resultó arbitraria. Y seguramente no lo hacen porque no lo fue. Basta para comprobar tal extremo con verificar las razones ofrecidas por el
Gobierno de España en el Preámbulo del RD 463/2020, de 14 de marzo. En donde, si bien de modo escueto, se precisan las razones que motivaron al Gobierno a adoptar tan extraordinaria medida, y del que, asimismo, se infieren las razones por las que no lo hizo con anterioridad".

Junta de Fiscales

La Asociación de Fiscales ha sido una de las más críticas con la manera en que la Fiscalía General del Estado ha gestionado el estudio de las querellas contra el Gobierno que presentaron distintos colectivos: la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Abogados Cristianos, Policía Municipal de Madrid, Vox, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, los sindicatos CSIF, CUT o una agrupación de familiares de miles de víctimas.

Desde dicha asociación reclamaron que fuera la Junta de Fiscales de Sala la que estudiara las querellas y asesorara a Luis Navajas. "Consideramos que se trataba de una decisión que estaba justificado estudiara la cúpula de la carrera de fiscales de Sala, con 30 representantes que habrían generado un debate enriquecedor, con todo tipo de sensibilidades", explica a este diario Cristina Dexeus, presidenta de AF.

"Su valoración habría asegurado mayor neutralidad que la de dos fiscales de Sala y la Secretaría Técnica que es el órgano de asesoramiento de la fiscal general. Ya que no podemos borrar que Dolores Delgado ha sido ministra de Justicia y diputada por el PSOE, ya que la sombra de duda de que la mano de Pedro Sánchez está en la Fiscalía está ahí, pedíamos que se tomase esta decisión para mantener la imagen de independencia del Ministerio Público", insiste la portavoz, que rechaza entrar al fondo del escrito presentado al no conocer el contenido de las querellas que se pide inadmitir, aunque critica la forma con la que se ha abordado su estudio.