Han reposado ahí durante décadas, en el silencio del olvido de unos, la indiferencia de otros y la falta de voluntad de un gobierno tras otro. Fueron los perdedores, las víctimas de una guerra que marcó a generaciones enteras y que aún duele en nuestro país. La mayoría murieron fusilados, otros en la contienda o no pocos en circunstancias aún desconocidas. Bajo toneladas de tierra se ocultaron cientos de cuerpos, en algunos casos lo hicieron por grupos reducidos. Se han convertido en una suerte de rosario, de puntos negros, dispersos por el subsuelo de todo el país. Se estima que son cerca de 2.000 las fosas que existen aún ocultas y que ahora el Gobierno quiere exhumar. Es una de las medidas más relevantes del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ayer anunció y que ahora comenzará su tramitación que parece difícil que no vuelva a encender el pasado.

Son fosas en las que se calcula que pueden seguir enterrados alrededor de 120.000 hombres. Padres, abuelos y bisabuelos cuyas familias esperan poder dar sepultura en su pueblo, junto a los suyos y con la dignidad que se les privó. El tiempo siempre jugó en su contra. En muchos casos sus herederos inmediatos ya han muerto y con ellos, mucha información útil para poder localizar una fosa, una pista esencial o un recuerdo clave. Incluso el rastro genético se ha ido debilitando con el tiempo. Un nieto no es un hijo y el cruce de ADN se complica. Más aún si no quedan herederos varones directos. El cromosoma 'Y' es la vía más segura, el ADN mitocondrial al que habría que recurrir en caso de herencia sólo femenina dificulta el proceso de identificación, según los expertos.

El objetivo es una vieja aspiración del Ejecutivo Sánchez y de la izquierda en su conjunto. Llevarlo a cabo, poder pasar esta página del pasado, será complicado, costoso y no siempre exitoso. El legado más terrible que dejó la guerra, -además de cuatro décadas de dictadura-, fue un rastro de decenas de miles de desaparecidos enterrados en cientos de laderas, senderos o lugares que hoy han sido engullidos por el desarrollo urbano de pueblos y ciudades. El primer paso que se requerirá para exhumación global de las víctimas pasa por dibujar ese ‘mapa de fosas’ en España. El goteo de exhumaciones que en los últimos años se han ido haciendo permiten esbozar una parte de esas localizaciones, pero aún son más las que quedan por descubrir. Dar forma precisa a ese mapa requerirá además una labor de documentación, recabar testimonios de supervivientes de la guerra, familiares -a menudo de avanzada edad- y saber retroceder con acierto en la recreación de la historia de aquellos años en los que las dos Españas se enfrentaron en las trincheras.

Se calcula que en las dos últimas décadas se han exhumado alrededor de 750 fosas de las que se han levantado los restos de 9.000 personas. Significaría sólo una ínfima parte de las miles de fosas que se estima que aún deben ser localizadas. Pero no bastará con encontrarlas. Tampoco con exhumar a las víctimas. Esa será la tarea más fácil. El verdadero reto comenzará después, cuando se pretenda identificar los restos y poder entregarlos a los herederos. Esta labor de identificación está contemplada en el anteproyecto de ley con la creación de un ‘banco de ADN’ de familiares de víctimas de la Guerra Civil y un registro detallado de familiares de víctimas. En todo el proceso el Ejecutivo de Pedro Sánchez se apoyará en uno de los antropólogos forenses con mayor experiencia en este tipo de trabajos, Francisco, ‘Paco’, Etxebarria.

Perfiles genéticos

En los últimos años Etxebarria ha participado en numerosas exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil en colaboración con la Sociedad Científica Aranzadi, que desde 2003 ha participado en 45 exhumaciones impulsadas desde el Gobierno vasco. En ellas se han recuperado los restos de 107 víctimas. Las labores de identificación y el cotejo de perfiles genéticos de familias de desaparecidos durante la guerra han permitido la entrega de restos a 19 familia. Muchos de esos restos no identificados reposan en el ‘Columbario de la dignidad’, habilitado en Elgoibar desde 2017.

El Gobierno hace tiempo que mantiene contactos con algunos de los principales laboratorios y centros especializados en la identificación de ADN y la elaboración de perfiles genéticos. Habrá que coordinar protocolos de actuación y establecer procesos equiparables en una labor ardua que abarcará prácticamente todo el país. Por el momento, llevar adelante el objetivo fijado exigirá avanzar de modo importante en muchas comunidades autónomas donde apenas se han dado avances en la creación de este tipo de bancos de ADN. Además de Euskadi, comunidades como Andalucía, Navarra o Cataluña cuentan con este tipo de centros.

Uno de los laboratorios que acumula una mayor experiencia en este tipo de procesos es BIOMICS. Vinculado a la Universidad del País vasco, este laboratorio cuenta con un banco de ADN de los restos recuperados de procesos de exhumación, así como un registro de perfiles genéticos de familiares que buscan a su ser querido. Se da la circunstancia de que en Biomics cuentan con muchos restos recuperados, incluso identificados genéticamente, que no pueden ser entregados a sus familias por no poder identificarla, son restos en busca de familia.

Se trata de víctimas rescatadas no sólo en fosas localizadas en Euskadi sino en otras comunidades autónomas. Desde 2007 este centro de investigación realiza labores de búsqueda y exhumación de restos en fosas del País Vasco, Burgos Soria, Galicia, Salamanca, Navarra o Mallorca. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la exhumación de dos fosas en La Pedreja (Burgos), donde se encontraron los cuerpos de 135 hombres. Hasta ahora Biomics cuenta con restos identificados de algo más de medio millar de víctimas que gracias al cruce de los perfiles genéticos de familias que buscaban a su ser querido han permitido la identificación y cruce exitoso en casi un centenar de casos. Este laboratorio cuenta con una base de datos de familias en busca de un ser querido acumula casi 900 perfiles genéticos.

Valle de los Caídos, 12.500 anónimos

La tarea de cruce de información genética se antoja esencial para poder entregar un día los restos de los decenas de miles de víctimas a sus familias. En el caso de Euskadi el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los derechos humanos, Gogora, impulsó incluso una campaña en la que hizo un llamamiento a las familias que buscaban a un ser querido desaparecido en la Guerra Civil para que se sometieran a una prueba para elaborar su perfil genético y depositarlo en la base de datos. Más de 300 familias accedieron a registrar su perfil genético, cuyo análisis financió la Administración. De este modo, cada vez que se localicen unos restos y estos sean identificados genéticamente podrán ser cruzados con la base de datos en busca de coincidencias. Biomics ha desarrollado incluso una aplicación App que permite, tras la inclusión de una serie de marcadores, cruzar perfiles genéticos con los incluidos en su base de datos.

Llevar adelante la labor de localización de las fosas será costosa económicamente. Implicará a ámbitos municipales y autonómicos, a historiadores, antropólogos y biólogos y muchos recursos. El proceso de identificación de unos restos óseos oscila entre los 500 y los 700 euros, a los que se debe sumar el coste de un perfil genético, que ronda los 120 euros.

Sin duda una de las fosas más complicadas será la del Valle de los Caídos. El anteproyecto de ley quiere reasignar como cementerio este símbolo del Franquismo. Oficialmente se reconocen restos de 33.847 personas enterradas en el Valle de los Caídos, muchos de ellos sin identificar. Se estima que casi 12.500 de ellos ni siquiera tienen un nombre asignado. Esa labor de identificación y cotejo de perfiles genéticos puede requerir casi cinco años de trabajo, según reconoció hace unos meses a este diario la catedrática en Biología Celular, Marian Martínez de Pancorbo.