Su confesión en marzo de 2018 permitió a las fiscales Anticorrupción del caso Púnica pedir al juez que abriera una nueva pieza de investigación sobre corrupción en la adjudicación de contratos en distintos ayuntamientos de Madrid. José Luis Huerta, amigo personal del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, se convirtió en uno de los empresarios de cabecera de la trama Púnica. Su compañía de espectáculos tenía prácticamente la exclusividad en la organización de conciertos para las fiestas de los pueblos en los que Granados tenía mano. Los investigadores sospechan que a cambio de comisiones al político.

El pasado jueves, Huerta falleció por una grave enfermedad que arrastraba desde tiempo atrás. Cuatro días después, basándose en la información que él reveló, el juez citó a declarar a 15 personas, la mayoría alcaldes y concejales de ayuntamientos madrileños que contrataron a su empresa.

Entre ellos se encuentra el senador popular David Erguido, al que el juez ofreció declarar voluntariamente como investigado al estar aforado ante el Tribunal Supremo antes de enviar una exposición razonada al alto tribunal. Erguido era el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algete (Madrid) donde, según la investigación, tanto la alcaldesa Inmaculada Juárez como él accedieron a trocear contratos a Waiter Music para evitar que pasaran por concurso público y beneficiarle, según habría pedido Granados.

Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente explican que el fallecimiento del empresario no impedirá avanzar en la investigación porque existe soporte documental, las facturas a las que se refirió, que guardaría un contable que trabajó para él. Su relato, además de permitir a las fiscales y el juez abrir una nueva línea de investigación, la pieza 7 del caso Púnica, pudo suponer un descargo de culpa para dos familiares de Huerta que también formaban parte de su empresa, según trasladan las citadas fuentes.

El concierto de Azúcar Moreno y la comunión

En busca de una rebaja de su petición de prisión, Huerta reconoció en sede judicial haber facturado de manera irregular al PP madrileño (nuevamente por mediación de Granados que entonces era secretario general del partido en Madrid) los gastos del concierto de Azúcar Moreno e Iguana Tango con el que se cerró la campaña del partido en 2007. Un acto en el que intervinieron Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón.

El empresario afirmó que no cobró hasta pasados tres años y que el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, indicó que pusiera conceptos distintos a los reales en las facturas para poder hacerlo.

En su declaración de 2018 también contó que financió actos privados de distintos alcaldes populares que posteriormente le habrían pagado con dinero de los ayuntamientos, como la comunión de la hija de Granados en 2008 que habría costado 48.000 euros. Unos hechos que continuarán investigándose en el caso y por los que deberán declarar los investigados.