El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos días si ratifica la condena a inhabilitación de Quim Torra que abrirá un incierto escenario político en Cataluña. Con Torra inhabilitado, Pere Aragonés asumirá parte de sus funciones como vicepresidente del Govern, con salvedades importantes: el Govern no estará habilitado para convocar elecciones, ni aprobar nuevos presupuestos, ni promover leyes. Un gobierno limitado a la gestión del día a día, en plena pandemia, que JxCat defiende ahora para ganar tiempo en la consolidación del nuevo proyecto político de Carles Puigdemont, Junts.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, es quien tendrá la última palabra a la hora de poner en marcha el "reloj" de la convocatoria electoral, como este miércoles le han recordado desde Cs. El presidente de la cámara deberá decir qué hacer en una decisión unipersonal, como destacan los juristas consultados por El Independiente, en la que no tienen participación la Mesa ni la Junta de Portavoces.

Torrent ha avanzado que activará la cuenta atrás para la convocatoria electoral si se confirma la inhabilitación de Torra y no hay un candidato alternativo a la investidura, en unas declaraciones al programa l'Hemicicle que se emitirá este jueves. “Es lo que marca la ley y el reglamento del Parlament”, señala el presidente de la cámara, advirtiendo al "independentismo" -es decir, a JxCat- de que "en un momento tan grave" sería "muy poco responsable" no acordar los pasos a seguir, porque eso debilita las instituciones.

Pero lo cierto es que Torrent sí tiene un margen de discrecionalidad. Si el Supremo confirma la condena, deberá comunicar la ratificación la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la decisión, y es éste, en tanto que tribunal sentenciador, el que debe notificar la inhabilitación a Torra y al Parlament. A partir de ese momento, Torra dejará de ser presidente, puesto que se trata de una de las causas de cese recogidas en la Ley de presidencia de la Generalitat.

Candidato de Cs

Se abre entonces un periodo de diez días para que el presidente de la cámara realice una ronda de consultas con los partidos, de la que debería salir un candidato alternativo. Los partidos independentistas se han comprometido ya a no presentar a ningún candidato a la investidura como protesta por la inhabilitación de Torra.

El líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ya ha anunciado sin embargo su intención de buscar apoyos entre el resto de las fuerzas constitucionalistas para presentar un candidato alternativo. "Queremos reunirnos con todas fuerzas políticas de la oposición para buscar formulas que propicien el desbloqueo" ha explicado Carrizosa, argumentando que, aunque todavía no hay decisión del Supremo, "los partidos tenemos que anticiparnos, sabemos cuales son los escenarios y podemos debatirlos".

Pero tanto desde PSC como desde el PP piden paciencia a los naranjas y esperar a que la inhabilitación del president sea un hecho. "Ni hablamos ni vamos a decir nada antes de tiempo" señala el portavoz del PP, Santi Rodríguez, aunque admite que es "una opción". En términos similares, fuentes del PSC apuntan que cuando la sentencia sea firme "hablarán con todos los grupos".

Con sus 36 diputados y la condición de grupo mayoritario de la cámara Cs podría emprender la aventura en solitario, proponiendo a Carrizosa para la investidura y forzando así el inicio de la cuenta atrás. Pero sin apoyos suficientes confirmados, Torrent no tiene obligación de presentar al candidato propuesto, tiene "margen de maniobra política" para optar por no presentar a un candidato condenado al fracaso.

El precedente de Madrid

En ese caso, el reloj no empieza a correr, aseguran las fuentes consultadas. Pero Torrent tendría otra opción: el precedente del "tamayazo". En 2003, el cambio de voto de dos diputados socialistas -Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez- impidió la elección de Rafael Simancas como presidente de la Asamblea de Madrid. Ante el bloqueo derivado de la incapacidad de escoger presidente sin haber realizado ninguna votación para la investidura, la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, consultó al Consejo de Estado, que dictaminó que en esos casos el presidente de la cámara puede iniciar la cuenta atrás a las elecciones declarando formalmente ante el pleno la imposibilidad de investir a ningún candidato.

Se trata de un precedente que los servicios jurídicos del Parlament ya consultaron en 2018, cuando fracasó la investidura telemática de Puigdemont y JxCat insistía en la misma vía para investir a Jordi Sánchez, entonces en prisión preventiva en Estremera. Torrent, por tanto, conoce el precedente, y sabe que en sus manos está decidir cómo y cuando empieza a correr el reloj.

Es improbable que asuma el coste político de designar al líder de Cs candidato a la investidura, y desde Junts le presionarán para que deje pasar los meses. Carles Puigdemont ya ha dicho en los últimos días que su escenario ideal es el de agotar la legislatura, y a eso responden también las maniobras judiciales orquestadas por Gonzalo Boye y Josep Costa para alargar el proceso de casación de la condena a Torra. Pero ahora Torrent tiene la opción avalada por el Consejo de Estado para decidir unilateralmente el calendario, si JxCat no se aviene a pactarlo con ERC en los próximos días.