El Tribunal Supremo ha citado a declarar el 1 de octubre al magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés en calidad de investigado por un presunto delito de maltrato que habría ocurrido el pasado mes de agosto en su domicilio en Majadahonda (Madrid).

El instructor de la causa abierta a Valdés, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le ha emplazado a declarar ante el alto tribunal sobre los hechos por los que se le investiga y por los que fue detenido el pasado 11 de agosto.

Aparte de Valdés, de 75 años y actualmente de baja médica e ingresado en un centro hospitalario, Martínez Arrieta ha citado también a varios testigos, entre ellos la mujer del magistrado del Constitucional, según informan fuentes del Tribunal Supremo.

También deben acudir al Tribunal Supremo como testigos cinco guardias civiles destinados en el puesto de Majadahonda, dos particulares, un médico del SUMMA (Servicio de Urgencias Médicas de Madrid), y los miembros de la Policía Local de la localidad madrileña que intervinieron en el incidente.

Una ronda de declaraciones previstas durante la mañana del jueves de la semana que viene y que se enmarcan en la causa que el Tribunal Supremo acordó abrir a Valdés el pasado 15 de septiembre al apreciar indicios de la comisión de un delito del artículo 153.1 y 3 del Código Penal.

Penas de seis meses a un año

Este tipo penal castiga con una pena de prisión de 6 meses a un año o de trabajos a la comunidad a quien "por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico" o una lesión, o "golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia".

Una pena que se elevaría si el presunto delito tiene lugar en el domicilio común.

Pese a las manifestaciones del investigado y de su cónyuge, el Supremo consideró, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que las declaraciones prestadas por dos testigos y las referencias de uno de los agentes "conforman una base indiciaria suficiente para descartar" otra decisión diferente a la apertura de diligencias.

Enmarcado en el sector progresista del tribunal, Valdés es uno de los cuatro magistrados cuyo puesto está pendiente de renovación tras concluir su mandato hace diez meses, y actualmente se encuentra apartado de sus funciones en el tribunal tras solicitar la baja médica debido a su ingreso hospitalario.