Zarzuela recuerda el "refrendo constitucional" que el Ejecutivo debe dar a la agenda del jefe del Estado para explicar la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces, que se celebra en Barcelona este viernes. "Si el Gobierno considera que no se debe ir, no se va", afirman las fuentes consultadas dejando claro con estas palabras que la decisión ha sido exclusivamente de Moncloa, que sigue manteniéndose silente por una resolución realmente insólita.

No quiere entrar la Casa Real a ahondar en los argumentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desaconsejar la visita a Barcelona. Apuntan a que eso corresponde a "otra ventanilla", esto es, a Moncloa, y a que "tendrá sus criterios". "Hay cosas a las que el Gobierno considera que se va y otras que no", insisten. Lo cierto es que la polémica viene a coincidir con el anuncio que en la mañana de este miércoles ha hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el sentido de que su departamento comenzará a tramitar la próxima semana la petición de indultos para los nueve condenados por sedición, malversación y desobediencia en el Tribunal Supremo. Proceso que puede haber culminado en un plazo de seis meses, lo que les sitúa en la calle allá por el mes de marzo.

El anuncio, que evidentemente estaba preparado por el Gobierno, dado que Campo lo ha hecho en su respuesta a la portavoz de Junts, Laura Borrás, hubiera situado a Felipe VI en una posición imposible este viernes en Barcelona. Cabe recordar el tono del duro discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017 contra el referéndum ilegal del 1-O.

El Rey denunció entonces la "deslealtad inadmisible» hacia los poderes del Estado y de quebrantamiento de «los principios democráticos» del ejecutivo de la Generalitat. Además, apeló a la responsabilidad de los legítimos poderes del Estado para «asegurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña», allanando el camino para la activación del artículo 155 de la Constitución, que permitió intervenir la Comunidad y convocar elecciones autonómicas.

Constitucionalmente, es el Rey el que debe firmar los indultos

Paradójicamente, será Don Felipe el que tenga que firmar los indultos, según lo establece el artículo 62.i de la Constitución cuyo redactado es el siguiente: "Corresponde al Rey (...) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Aunque lo cierto es que, desde el momento en que el indulto abarcará a todos los condenados por el procés, según la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tiene mucho más de indulto general que individualizado, que es lo que marca la Ley.

En este punto, las mismas fuentes de Moncloa en conversación con El Independiente subrayan que el Rey "no opina sobre los decretos que tiene que firmar ni si le gustan o no. No elige los decretos". Además, aducen, su discurso del 3 de octubre "no se puede vincular con un indulto", por lo que no entran en colisión. En definitiva, al jefe del Estado "no le corresponde hacer consideraciones políticas sobre nada". La firma de un indulto "es el último acto de un proceso", sin más connotaciones políticas, subrayan.