La ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, destituida de su cargo en 2017 tras mostrar diferencias con el Gobierno de Nicolás Maduro, ha solicitado protección internacional al Gobierno de España.

En un comunicado remitido a la Agencia Efe, Ortega señala que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España asistido por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver.

Una de las voces más críticas contra el Gobierno de Maduro, se exilió en Colombia en 2017 y, dos años después, se posicionó a favor de Juan Guaidó y pidió apoyo para él.

Ortega, que sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre, manifestó en 2017 que en su país "se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el poder ejecutivo desconoció el estado de derecho y la separación de poderes vigentes en el país".

Tras sus declaraciones, añade el comunicado, "las fuerzas militares asaltaron" las instalaciones de la Fiscalía, que fue "atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo".

Esta acciones, explica el comunicado, provocaron que el régimen de Maduro "tomaran represalias" en contra de ella y de su familia, "sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física".

"Obligada por la persecución y las amenazas" Ortega se refugió en Colombia, donde las autoridades le dieron protección internacional, le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018 y le proporcionaron una medida especial de protección como "perseguida política del régimen venezolano".

La ex fiscal general realizó también gestiones con la Corte Penal Internacional, "a la que aportó pruebas documentales" de la "violación sistemática" de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro.

La denuncia le originó nuevas amenazas y ataques contra su vida y su libertad, resalta el comunicado, que se mantienen y por lo que Ortega decidió trasladarse a España y solicitar asilo.