Radiotelevisión Española ha demandado a dos ex-altos directivos de la corporación por los gastos presuntamente irregulares que realizaron durante el ejercicio de sus funciones, que fueron puestos en cuestión en las auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Los consejeros de la corporación recibieron la información de este hecho en la última reunión del Consejo de Administración de la televisión pública, celebrada hace unas semanas en Prado del Rey.

Fuentes de la corporación han detallado a este periódico que las denuncias se interpusieron por la vía social a mediados del pasado diciembre y que afectan a José Juan Ruiz, Jota, antiguo jefe de Gabinete del presidente; y a José Luis Muñiz, quien ha ejercido de responsable de Producción y Medios hasta hace unos días, en uno de los cargos más relevantes de RTVE.

Las cantidades que les demandan están vinculadas a determinados gastos, derivados principalmente del transporte, que el auditor señaló como mal justificados.

Informe paralelo

Fuentes oficiales de RTVE han declinado hacer comentarios al respecto de este asunto. Dentro del Consejo, inciden en que también se ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para determinar si se puede desprender alguna responsabilidad más de las actuaciones a este respecto de los administradores de la casa.

Entre otras cosas, porque informes de la IGAE como el de 2021 ponían el foco sobre algunos miles de euros pagados en desplazamientos, kilómetros de gasolina, restaurantes, bebidas alcohólicas, exceso de equipaje o un regalo.

La auditoría realizaba una recomendación sobre la necesidad de regular estos gastos -de varios altos directivos- para que en lo sucesivo se adaptaran a la normativa vigente. Sin embargo, hubo algunos consejeros que consideraron aquello como una mala práctica, de ahí que presionaron para que se tomaran medidas legales y se exigiera la devolución de esas cantidades a los señalados.

Fuerte polémica

El acta de la última reunión que mantuvo el anterior Consejo antes de su disolución -el pasado 28 de octubre- refleja las presiones que ejercieron varios de sus vocales para tomar medidas legales contra los citados directivos.

Elena Sánchez y José Manuel Martín Medem se mostraron favorables a iniciar medidas legales contra Muñiz y Ruiz por los gastos presuntamente injustificados que realizaron durante sus mandatos, mientras que Roberto Lakidain expresó su negativa a iniciar la citada reclamación judicial.

Finalmente, se interpuso el pasado diciembre, ya con José Pablo López como presidente de la corporación.