La Audiencia Nacional ha decidido este lunes el "sobreseimiento provisional" de las actuaciones que había emprendido con el presidente del Grupo Prisa, Javier Monzón, por su presunta relación con la Trama Púnica, que investiga la posible financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Esta decisión se debe a que no se ha podido probar que Monzón realizaba tareas de "supervisión, vigilancia y control" de los contratos que investiga la Audiencia Nacional como parte de este caso de corrupción de la Comunidad de Madrid.

El auto, al que ha tenido acceso El Independiente, incide en que no sólo no existe indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del Presidente de la compañía en el momento de los hechos, sino que además "ninguno de los investigados ha hecho referencia alguna a la interlocución de Francisco Javier Monzón, o interferencia, o interés", hasta el punto de que en los interrogatorios no ha habido referencia alguna o han negado haber hablado con él cualquier asunto relativo a los hechos investigados.

Y añade: "Ninguno de los directivos investigados reconoce deber de supervisión o dación de cuenta al presidente de la compañía en la contratación examinada.

Inicio de la investigación

El auto inicial del juez consideraba que Monzón podría haber participado en “el desvío de fondos de las arcas de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, ICM, a través del presupuesto inflado de alguno de los contratos” que, desde 2007 y durante varios años, fueron adjudicados a Indra. Es decir, a la empresa que el presidente no ejecutivo de Prisa -y OpenBank- comandó entre 1993 y 2015.

El juez le llamó a declarar para tratar de discernir su tuvo conocimiento de estos hechos, dado que cuando se produjeron presidía el máximo órgano de administración de Indra “con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y equipo de dirección”. A su juicio, el prolongado período de tiempo en el que se sucedieron los hechos investigados, de aproximadamente 7 años, apunta a que estos hechos no pudieron escapar a su control.

Cabe recordar que el Grupo Prisa inició una investigación interna el pasado septiembre para determinar si la imputación de Monzón por presuntos delitos de falsificación de documentos, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, cohecho y organización criminal le inhabilitaba para manterse en su posición, no ejecutiva.

Unas semanas después, su Consejo de Administración decidió mantenerle en su puesto, tras recibir un informe realizado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo.

Hay que recordar que Monzón sustituyó en diciembre de 2018 a Manuel Polanco como presidente de la compañía, tras la dimisión del hijo del fundador de la compañía.