La soberbia es muchas veces la primera reacción que surge ante la evidencia de que los mejores años de la vida han llegado a su fin. Cuesta imaginar lo que sintieron los directivos de Kodak cuando, en 1975, guardaron en un cajón su nuevo ingenio: una cámara digital que estimaron que podría acabar con el negocio tradicional, como finalmente sucedió.

La altivez no falta en el sector de la prensa porque aquí, quien más, quien menos, cree que su trabajo contribuye a construir una sociedad mejor, cuando rara vez es así. Siempre que cierra un medio de comunicación, sus periodistas afirman que su proyecto deja un hueco difícil de llenar. Ahora bien, habría que ver si su caída se produce porque era necesario o, simplemente, por sus números rojos. La autocrítica no sobra en la profesión.

La Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD) ha distribuido en fechas recientes los datos sobre el cierre de 2019 para la prensa impresa y hay algo que llama la atención sobre todas las cosas: que 2020 será, casi con toda seguridad, el último año en el que un periódico generalista rebase la barrera de los 100.000 ejemplares diarios de difusión.

Lejos quedan los tiempos de la burbuja inmobiliaria, que fueron los últimos buenos para el sector, con tiradas que en algún caso rozaban el medio millón de unidades. Los viernes, cuando a Público le dio por regalar películas, los estantes de los quioscos estaban llenos y no convenía quedarse mucho tiempo en la cama algunos domingos si el ciudadano quería encontrar su diario de referencia.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces: en 2007, la prensa utilizó 848.000 toneladas de papel. Ocho años después, 294.000. Por otra parte, en 2010 existían 28.089 puntos de venta de prensa en España, mientras que a finales de 2016 quedaban 22.367, según la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE).

Un auténtico derrumbe

En 2007, El País, El Mundo, ABC y La Razón tenían una difusión de 1,15 millones de ejemplares diarios. Actualmente, es de 302.500. Ese año, sólo El País 'lanzaba' más de 450.000, según se puede apreciar en este artículo.

Ese número no se alcanza actualmente ni sumando los resultados que consiguen los seis principales periódicos generalistas. Es decir, los cuatro anteriores y los dos catalanes: La Vanguardia (88.255) y El Periódico (54.008).

Con el formato tradicional en la UVI y tras haber recibido la extrema unción, la prensa necesita nuevos soportes a los que agarrarse para no ser víctima de la próxima ráfaga de viento, que podría proceder de un fenómeno atmosférico; o haber sido exhalada desde la boca del lobo por su interés en devorar la presa.

En España, no han sido pocos los casos en los que el poder económico ha tratado de aprovechar la debilidad de los medios -y su complacencia- para ganar influencia en sus consejos de administración. El caso paradigmático es el del Grupo Prisa, actualmente presidido por Javier Monzón, por iniciativa de Banco Santander, el cual, cabe recordar, puso dinero en su operación de salvamento -casi a fondo perdido- y comandó sus dos últimas ampliaciones de capital.

Hace casi un año, la familia Asensio encontró comprador para el Grupo Zeta -Javier Moll- tras una larga travesía por el desierto que implicó cientos de despidos en las redacciones de sus periódicos y el cierre de las revistas Interviú y Tiempo. También refinanciaciones de deuda, peticiones de aplazamiento de pagos; y reuniones con la banca cargadas de gestión.

Cuesta esperar que cualquier periódico del mundo actúe con neutralidad ante los aciertos y tropelías de los poderes que son capaces de condicionar las decisiones de su consejo de administración.

Esta operación fue un ejemplo perfecto sobre los grandes males que afectan a la prensa. En primer lugar, porque CaixaBank, su principal acreedor y uno de sus grandes anunciantes, se empeñó en vetar la opción de Jaume Roures, ante el peligro que implicaba el hecho de que se hiciera con el control de El Periódico de Catalunya.

El empresario mediático afirmó entonces que su oferta era mejor y su solvencia, mucho mayor, lo que, a su juicio, hubiera sido más beneficioso para los trabajadores de Zeta.

Sin embargo, en una Cataluña en la que el constitucionalismo no tiene excesivos aliados en prensa, ni al poder político ni al económico les convenía que El Periódico cayera en las manos equivocadas. La operación, por cierto, implicó un 70% de quita de deuda, lo que afectó a los accionistas de los bancos que la concedieron, pero también al Instituto Catalán de Finanzas y a su homólogo valenciano, es decir, dos entidades públicas. Se puede decir que cada contribuyente puso su granito de arena para que esta operación mediática -perfectamente diseñada- no naufragara.

Desde luego, cuesta esperar que cualquier periódico del mundo actúe con neutralidad ante los aciertos y tropelías de los poderes que son capaces de condicionar las decisiones de su consejo de administración.

El futuro del pago

La decadencia del papel ha hecho a la prensa más dependiente de los anunciantes y, evidentemente, ha estrechado los márgenes de los que dispone para moverse con libertad. En estas condiciones, la última conclusión a la que han llegado los editores es que es necesario cobrar a los lectores por los contenidos de sus periódicos. Y, en esencia, aciertan.

Habrá que ver si estas apuestas tienen éxito en un mercado que todavía no está maduro; y si el hecho de que cada periódico emprenda su camino por separado, en lugar de optar por la creación de una plataforma conjunta de contenidos bajo pago -como Spotify-, termina siendo rentable. En cualquier caso, es necesario moverse, pues lo contrario es la muerte, ante la penosa evolución del mercado publicitario.

Quizá los lectores tengan que acostumbrarse a que el periodismo cuesta dinero y no debe ser gratis, al igual que no lo era hace unos años, cuando pagaban por cada ejemplar de su periódico. Ahora bien, quizá los medios también deberían volver a apostar por el periodismo de calidad y abandonar esa estúpida batalla por lo cuantitativo, que, de inicio, tienen totalmente perdida.