Las cartas marcadas de la publicidad en las elecciones catalanas

Dos jugadores se sitúan en los extremos de una mesa de ping pong y comienzan a pelotear. Es sólo el calentamiento, así que no intentan ganar el punto a toda costa, sino sólo enviar la bola de un lado al otro para estirar los músculos. De repente, dos de las patas de la mesa se rompen y la superficie se inclina. El jugador rojo debe devolver la pelota en pendiente ascendente y el azul, todo lo contrario. Lógicamente, este último ganará la partida, dado que tendrá todo de su parte. Su rival se verá obligado a pugnar contra la gravedad.

Este ejemplo podría servir para definir cualquier actividad económica en la que el Estado tan sólo inyecte dinero público en la mitad de las empresas. Cuando eso sucede, las Administraciones moldean los sectores en función de su conveniencia, lo que da lugar a fenómenos como el conocido como crony capitalism. El caso de los medios de comunicación es muy evidente en este sentido; y los datos demuestran que una gran parte de los gobiernos 'cuidan' a sus medios afines, en detrimento de los más hostiles a la hora de decidir el destino de las campañas de publicidad institucional, pese a que se intente maquillar con la labor de intermediación de las centrales de medios.

En Cataluña, la situación se ha llevado un paso más allá durante el proceso soberanista, dado que las publicaciones que han difundido sus contenidos en catalán han gozado de ayudas públicas. El propio Govern llegó a conceder una subvención millonaria a Godó para imprimir La Vanguardia. La recibió la sociedad Cre-a Impresiones de Catalunya S.L. en 2011 y ascendió a 5,5 millones de euros. Se destinó a la rotativa en catalán.

En 2023, la cabecera generalista de este grupo ingresó 942.959 euros de subvenciones por sus 'proyectos' en ese idioma, mientras que Diari ARA, 799.702 euros. A El Periódico -de Javier Moll- le correspondieron 641.811 euros, mientras que a El Punt Avui, 621.093.

Este último -el más cercano a Carles Puigdemont, del grupo donde trabaja su mujer- se ha enfrentado a fuertes problemas económicos en los últimos años, hasta el punto que, en 2022, sus responsables tuvieron que renegociar el vencimiento de sus créditos y proponer medidas de ajuste de personal.

Sin estas subvenciones, y sin las campañas de publicidad institucional, su viabilidad quedaría comprometida. También hubiera sucedido algo similar si el Instituto Catalán de Finanzas no le hubiera concedido un crédito millonario cuyo aval fue la propia marca El Punt Avui. El tablero de la mesa está inclinado y la parte que juega cuesta abajo tiene ventaja sobre la otra.

Un corro muy estrecho donde se ejerce el poder

El antiguo director de esta cabecera, Xevi Xirgo, es actualmente el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, que es el organismo que se encarga de velar por la neutralidad de TV3 y de repartir o arrebatar las licencias de radio y televisión a las empresas del sector. Xirgo es amigo personal de Puigdemont y ha publicado dos libros junto a él. Su precedesor, Roger Loppacher, ejerció un cargo público en la Generalitat. Era convergente declarado. A este organismo se le presupone un deber de independencia. No es para menos: ejerce de autoridad audiovisual. ¿Ha ocurrido así en los últimos años?

Volviendo al reparto de subvenciones a la edición en catalán, en las primeras posiciones aparece El Nacional (392.113 euros), que es el medio de comunicación digital de José Antich, quien era director de La Vanguardia cuando Artur Mas financió la ampliación de la imprenta. El conde de Godó, que ostenta el título de Grande de España porque así lo quiso Juan Carlos I, lo cesó en diciembre de 2013 para dar un giro editorial al diario, tras comprobar los efectos que había tenido en el grupo de medios de comunicación su connivencia con los postulados del procès. La línea editorial de La Vanguardia no sólo la decidía su director, pero, en ese momento, fue la pieza a sacrificar.

Antich tardó dos años en poner en marcha ElNacional.cat y desde el primer momento contó con la ayuda de la Generalitat para levantar el proyecto. Hoy, es el órgano de expresión de referencia de Junts. En 2022, recibió 632.659 euros en campañas de publicidad institucional -662.242 en 2021- y fue el cuarto medio digital que mayor inversión aglutinó, por detrás de Ara, de La Vanguardia y de Facebook.

El gran beneficiado de estos fondos de publicidad institucional -distintos a las subvenciones por la edición en catalán- fue Godó, que, por cierto, también recibe las campañas del Gobierno de España, además de otras que proceden de las administraciones locales. Tan sólo en 2022 obtuvo 5 millones de euros, según la memoria oficial de la Generalitat, que es pública.

Los ingresos de Godó

Por RAC1 obtuvo 1,8 millones, por sus medios digitales, 1 'kilo'; por La Vanguardia, 1,64; por Mundo Deportivo, 313.946 euros y por RAC105, 213.915. En los últimos años, su postura ha oscilado entre la defensa del catalanismo constitucionalista y de las políticas de la coalición gubernamental española frente a la derecha nacional.

Después de las pasadas elecciones generales, La Vanguardia fue de los primeros medios en posicionarse en favor de que Junts, ERC y el PSOE alcanzaran sendos pactos de investidura.

El diario impreso que más campañas obtuvo en 2022 fue precisamente La Vanguardia, con 1.649.895 euros, seguido de El Periódico, con 1.318.487; Ara, con 1.034.062; El Punt Avui, con 458.611; Mundo Deportivo, con 313.946 y Sport, con 267.354.

En el terreno digital, las primeras posiciones -como se decía anteriormente- fueron para Ara (1.057.328 euros), Godó Online (1.035.378), Meta (823.180), ElNacional (632.659), El Periódico (543.266) y Nació Digital (420.764).

El caso del Grupo Zeta

Estaba por ver la reacción que tendría la Generalitat hacia Javier Moll después de que Prensa Ibérica adquiriera el Grupo Zeta y echara por tierra las aspiraciones de Jaume Roures para comprarlo, en 2020.

Cabe recordar que, durante la etapa en la que Enric González permaneció como director de la cabecera, el independentismo -sobre todo ERC- se empleó con dureza contra el director y contra Antonio Asensio, hasta el punto de llegar a reducir de forma drástica las partidas de publicidad institucional que recibía El Periódico como represalia. Afiliados de ERC llegaron incluso a presionar a diferentes instituciones y organismos públicos para que dieran de baja su suscripción a esta cabecera, cuentan fuentes del rotativo.

Cuando los Asensio pusieron en venta el grupo, tuvieron dos ofertas: la de Roures y la de Moll. Este último, logró una quita del 70% de la deuda -de 100 millones- que mantenía con varias entidades financieras, algunas, de relevancia fundamental en Cataluña, como La Caixa y el propio Instituto Catalán de Finanzas.

Ese paso fue fundamental para que Prensa Ibérica se quedara con El Periódico. Desde entonces, se ha mantenido como uno de los principales receptores de publicidad institucional. En su seno, cuenta con uno de los mayores conocedores de las entretelas periodísticas, políticas y económicas de esa región, como es Joan Tapia. Eso sí, la empresa todavía está lejos de la rentabilidad. El Periódico ha generado pérdidas de 14,5 millones de euros en los últimos ejercicios.

Adelanto de las subvenciones por edición en catalán

Siempre es un error desligar el dinero de la política y del periodismo. De hecho, resulta significativo que en 2024 la Generalitat haya adelantado un mes la convocatoria de las subvenciones para la edición en catalán, por la que se repartirán 2,8 millones de euros. Hasta tres fuentes periodísticas del panorama mediático catalán se planteaban este viernes la siguiente pregunta, con una sorna similar: ¿Acaso quien convocó estas subvenciones era consciente de que Pere Aragonès iba a adelantar las elecciones?

Lo mediático está vinculado con lo político y lo económico; pero lo político también está conectado con lo ideológico. En marzo de 2017, el Boletín Oficial de la Generalitat publicó la lista de subvenciones concedidas para la edición en catalán. Ahí figuraban los grupos mediáticos de siempre, pero también un grupo importante de publicaciones -que también reciben publicidad institucional- que, unos meses después, defendían en buena parte el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Entre ellas, se encontraba El Vallenc, cuyas instalaciones registró la Guardia Civil al considerar que escondían las papeletas de la consulta ilegal del 1-O. En el BOGC figura como receptora de 5.919, 7.036, 7.691 y 8.696 euros para sus dos semanarios y sus dos páginas web.

La Fundació Revista de Catalunya, por su parte, ingresó ese año 33.000 euros. Su director era Quim Torrá, expresidente Ómnium y de la Generalitat.

Los registros del BOGC permitían constatar que estas ayudas públicas recaen en organizaciones el pancatalanismo. Era el caso de la Acció Cultural del País Valencià i Institució Joan Fuster, a la que la Generalitat concedió 659.000 euros para “financiar los gastos del crédito hipotecario” del edificio El Siglo. Por su parte, Obra Cultural Balear recibió 60.000 euros para realizar “actividades de promoción del idioma catalán” en esta comunidad autónoma. Y la Associació Amics de la Bressola consiguió 400.000 euros para el mismo fin en suelo francés.

Podría decirse que todo un sector mediático, cultural y reivindicativo ha sido engordado durante los últimos años con dinero público. ¿Y qué es lo público, desde el punto de vista periodístico y social?

Las cartas marcadas de TV3

Para contar de forma correcta la historia de 'lo público', merece la pena hacer una aproximación original. Hace ya ocho años que Alfons Quintà apareció muerto junto a su mujer en la vivienda que ambos compartían en Les Corts, en Barcelona. Junto a la pareja había una escopeta que hizo sospechar a los investigadores que el periodista la había matado antes de suicidarse. Dicen que en este país se entierra muy bien, pero resultó imposible con quien fuera el primer director de TV3, dado que dejó una enorme lista de víctimas a lo largo de su vida, interesante, pero compleja. Extraordinaria, pero patética.

Cuatro años después de su fallecimiento, Jordi Amat publicó El hijo del chófer, que es una obra extraordinaria sobre Quintà y sobre algunos de los puntos más oscuros de la Cataluña de las últimas décadas, incluidos los que tienen que ver con sus medios de comunicación. Recuerda el autor en el libro que Quintà fue delegado de El País en esta comunidad autónoma cuando la burguesía catalana -bien tratada durante el franquismo, en general- había comenzado a refugiarse en la figura de Jordi Pujol para mantener su posición, allá en los primeros 80. El periodista comenzó a sugerir que algo olía a podrido en Banca Catalana, lo cual le convertía en enemigo del 'molt honorable president', soberbio igualmente, pero más sagaz y menos guiado por el ansia constante de venganza.

Quintà tardó poco tiempo en enfrentarse con Juan Luis Cebrián y en abandonar El País. Poco después, Pujol le trasladó una oferta irrechazable: poner en marcha una televisión autonómica, TV3, 'la nostra'. ¿Qué mejor forma existe de neutralizar a un enemigo que comprándole para que sirva para tu ejército? Poco después de recibir aquella propuesta, el periodista puso en marcha este medio de comunicación, figura clave para entender la Cataluña contemporánea. Sobra decir que Quintà implantó allí una dictadura del terror que describe con fina pluma Amat en su libro.

Este episodio ayuda a entender dos cosas: la primera es que las cuestiones de poder se deciden en corros muy estrechos. La segunda, que la realidad mediática de la Cataluña actual no puede entenderse -y ocurre en casi todos los lugares- sin analizar los movimientos del poder, que nombra, cesa, pone y quita. De hecho, el propio Quintà también sufrió del despotismo del pujolismo, que denunció en múltiples artículos.

TV3 es el gran bastión mediático de la Generalitat. Su presupuesto anual asciende a 336 millones de euros, que sirven, entre otras cosas, para lubricar con dinero público el panorama audiovisual catalán y para sufragar las nóminas de 2.333 trabajadores. Sus pérdidas acumuladas -así se reconoce en las cuentas de 2022 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales- ascienden a 714 millones de euros. La inmensa mayoría, heredadas de los años previos a la Gran Recesión de la década pasada.

Buscar el equilibrio contable no fue prioritario para los gestores de esta empresa pública hasta que estalló la crisis de 2008. Lo importante era mantener en buena forma el que ha sido durante este tiempo el principal altavoz de la Generalitat, tal y como denunciaron los partidos constitucionalistas en múltiples ocasiones durante los momentos más complejos del procès.

TV3 no es lo que era porque ninguna televisión lo es, pero todavía es la más vista en Cataluña (14,1%) y sus informativos los ven a diario casi 1 de cada 4 telespectadores, lo que les convierte en los líderes absolutos.

Las empresas privadas

Vuelta a la afirmación del principio: el tablero mediático está inclinado en Cataluña. Hace casi un año, 8TV dejaba de emitir en la TDT autonómica, ante las dificultades de sus dueños para afrontar los costes que implica el disponer de una televisión. No ayuda a alcanzar el punto de rentabilidad el hecho de que, en el mismo sector, compita una empresa pública que puede acumular pérdidas de más de 700 millones sin irse a la quiebra.

Este ejemplo relata las dificultades de competir en el panorama catalán, donde los medios generalistas que más han criticado los postulados de la Generalitat han ido mermando, en lo que las fuentes consultadas atribuyen a una mezcla de desigualdad competitiva, desinterés y crisis económica.

Sirva un dato como ejemplo: en 2022, la Generalitat concedió más publicidad institucional a la aplicación de citas Tinder (40.000 euros) que a la suma de El Mundo, La Razón y ABC (25.309 euros).