El Gobierno estudia desde hace un tiempo las medidas que podría adoptar para frenar la propagación de bulos en los ‘medios de desinformación’, a los que Pedro Sánchez ha acusado de alimentar a diario una “máquina del fango” que pretende desprestigiar su labor con noticias falsas y hechos manipulados. Alguna de las propuestas que quiere desplegar Moncloa ya ha comenzado a diseñarse dentro del Ministerio de la Presidencia -según explican fuentes internas a este periódico- con el espíritu de apartar de las vías públicas de financiación a las empresas periodísticas que no contribuyan a la ‘sostenibilidad democrática’.

Este periódico reveló el pasado domingo la existencia de un proyecto dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación que pretende mejorar la coordinación de los ministerios a la hora de asignar la publicidad institucional. La idea es que Moncloa asuma un peso mucho mayor en el reparto de las campañas -138,29 millones de euros en 2024, sin contar las de las empresas públicas- para controlar de una forma más estrecha estas inversiones.

Otra de las claves de este plan es la que pasa por introducir un nuevo concepto, subjetivo, a la hora de decidir cuáles son los destinatarios de esta publicidad. La idea es que no sólo se tenga en cuenta el tipo de medio de comunicación -prensa, radio o televisión- y la audiencia a la que llega a la hora de repartir estos fondos, sino también el nivel de responsabilidad social corporativa de cada medio. Lo que se define en el argot empresarial con las siglas ESG (que se refieren, en inglés al medio ambiente, el aspecto social y la gobernanza).

El presidente del Gobierno ha hecho alguna referencia a este punto en la entrevista que ha concedido a Àngels Barceló en la Cadena SER. Entre otras cosas, ha expresado la posibilidad de limitar el dinero público que reciben las empresas ‘pseudo-periodísticas’ y la de recurrir a algunos mecanismos, que ya figuran en la normativa que regula el reparto de la publicidad institucional, para penalizar a estos medios. En ocasiones, de ideología extremista.

Mejorar la transparencia de los medios

Esta medida podría ser la primera que se apruebe, dentro del plan anunciado por Pedro Sánchez para regenerar la democracia española a través de diferentes actuaciones en ámbitos como el de la Justicia y el de los medios.

No será la única decisión que se plantee sobre estos últimos, dado que el Ejecutivo y algunos de sus socios sopesan desde hace un tiempo un cambio de normativa -quizás aprovechando la aplicación del reglamento europeo de medios- para incrementar la transparencia de la prensa. En especial, de la digital.

Esta medida obligaría a estas empresas a revelar cuáles son sus fuentes de financiación y a reconocer quiénes son sus accionistas e inversores; o quiénes apoyan sus ampliaciones de capital o sus campañas de crowdfunding.

Fuentes del sector de los diarios digitales inciden en la dificultad que esto plantea en algunas ocasiones, dado que las inyecciones económicas se realizan mediante la suscripción de préstamos participativos que, a veces, no se convierten en capital en el medio y en el corto plazo.

Estos informantes explican que los grupos de medios cotizados -Prisa, Unidad Editorial, MFE, Atresmedia o Vocento- están obligados a revelar sus accionistas significativos y a reflejar el porcentaje del capital del que dispone cada uno en sus informes anuales de gobierno corporativo. Ahora bien, inciden en que en algunas ocasiones es complejo determinar quiénes tienen participaciones indirectas o incluso ubicar a los tenedores de paquetes de acciones muy amplios.

Medidas para frenar los bulos

Otro de los asuntos a los que ha hecho referencia Pedro Sánchez estos días es a la necesidad de actuar contra la propagación de bulos. En este sentido, cabe recordar que la Comisión Europea conformó tras el referéndum del brexit un grupo de trabajo para tratar de determinar las medidas más adecuadas que podrían tomarse para frenar la propagación de noticias falsas. Su conclusión entonces fue que cualquier modificación de la legislación vigente podría ser contraproducente en este sentido.

El abogado especialista en derecho de la información, Juan Luis Ortega -Peña Carles Abogados-, incide en que la legislación española ya cuenta con mecanismos para que la justicia repare los daños ocasionados por las informaciones falsas que afecten a los particulares o a las empresas, tanto por la vía civil como por la penal.

La normativa vigente obliga a las empresas de medios a publicar su CIF, su objeto social y una mancheta que identifique a sus responsables, algo que sirve para distinguirlas de las webs que se especializan en la difusión de bulos. Por otra parte, cualquier ciudadano tiene la potestad de ejercer el derecho a la rectificación -regulado por Ley Orgánica- y a demandar a una empresa periodística o incluso a querellarse en caso de que considere que ha sido calumniado.

Ortega incide en que Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a diversos medios de comunicación en los últimos años por vulnerar la normativa; y que prácticas que atentan contra el honor y la propia imagen, como la difusión de conversaciones privadas -y otros documentos- que no son de interés público, también han sido sancionadas por los tribunales.

Otra cosa es la que tiene que ver con las publicaciones que se difunden en las redes sociales -que ejercen de intermediarias-, pero, en ese caso, el problema no tiene que ver en la mayoría de los casos con las empresas de medios de comunicación.

Pacto nacional

Pedro Sánchez ha pedido, en este sentido, que los grupos políticos, los medios de comunicación y las asociaciones profesionales participen en el debate que quiere plantear para tratar de eliminar las prácticas más nocivas en las que incurre el ‘pseudo-periodismo’. Desde la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han observado su preocupación por las acciones que pueda proponer el Ejecutivo.

Sea como sea, dentro del sector se da por supuesto que en los próximos meses se debatirán medidas como la que contempla la expulsión del Congreso y del Senado de los periodistas y agitadores de medios ‘ultras’ que se dedican a entorpecer el desarrollo de las ruedas de prensa.

También esperan que se debata sobre otros asuntos que se han planteado en el pasado, como la creación de un Consejo Estatal, de un registro de periodistas o de un Estatuto sobre el ejercicio del periodismo.