Para expresar su profunda indignación por las consecuencias del macartismo en Estados Unidos, Arthur Miller publicó en 1952 Las brujas de Salem, una obra de teatro que estaba basada en el ajusticiamiento de 20 'hechiceras' en Masachusets en 1692, pero que en realidad escondía una crítica a la persecución de intelectuales que se practicaba en su país en pleno siglo XX. Hay un fragmento en el que explica: “Con buenos propósito, el pueblo de Salem desarrolló una teocracia (…) cuya función era mantener unida a la comunidad y evitar cualquier clase de desunión que pudiese exponerla a la destrucción por obra de enemigos materiales o ideológicos (…). “Llegó un momento en que las represiones en Nueva Inglaterra fueron más severas de lo que parecían justificar los peligros contra los que se había organizado ese orden”.

Se plantea en estos tiempos un debate que contiene los mismos ingredientes. Hay un Gobierno que quiere erradicar los bulos y que ha planteado la posibilidad de endurecer las normas contra quienes publican mentiras. Pero la sensación entre una parte de los medios es que cualquier medida que maquille o moldee la libertad de prensa puede tener un efecto contraproducente. Excesivo y a lo mejor arbitrario.

Unos días después de que El Confidencial comenzara a publicar diferentes noticias sobre las actividades empresariales de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno remitió al diario dirigido por Nacho Cardero un escrito de rectificación que denunciaba la difusión de "una serie de informaciones" que contenían "múltiples inexactitudes". Todo, "con la intencionalidad de generar confusión” y “daño” a su persona “a nivel profesional y personal".

Según la cabecera, el documento no aclaraba cuáles eran las imprecisiones ni las incorrecciones. Es decir, no desmentía nada de lo que se había publicado, como tampoco el comunicado que lanzó Red.es para realizar una serie de aclaraciones sobre sus supuestos nexos con Gómez con la institución.

La denuncia de Manos Limpias

Esas noticias forman parte de los “recortes de periódicos” -tal y como los definieron algunos expertos- que se incluyen en la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias sobre estos hechos, que motivó la apertura de diligencias por parte del Juzgado número 41 de Madrid, cuyo titular, según ha podido saber este periódico, ha solicitado 'discreción' a algunos de los periodistas que investigan las actividades de Gómez para no entorpecer el procedimiento. Por ejemplo, con declaraciones altisonantes en las tertulias televisivas.

Desde que el juez anunció su decisión de indagar en las actividades profesionales de Gómez, han sucedido varios episodios llamativos en España. El más trascendente es el relativo a los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno hace un par de semanas, en los que amenazó con dimitir ante el daño que se había ocasionado a la reputación de su mujer.

Desde que esto sucedió, los medios afines a Moncloa han intentado desprestigiar la denuncia, al considerar que incluía noticias que no estaban fundamentadas en certezas, sino en bulos. Incluso se han podido leer informaciones sobre la trayectoria profesional del titular del juzgado y sobre su relación con el Partido Popular, en una estrategia de descrédito que no es nueva, dado que se ha desplegado en otras ocasiones. Sin ir más lejos, los independentistas intentaron algo similar con Manuel Llarena cuando investigaba el 1-O.

El Gobierno presionó a El Confidencial

Fuentes de El Confidencial reconocen que han sufrido presiones del Gobierno en los últimos tiempos. Hay una parte de ellas que son conocidas. Son las que tienen que ver con el intento de Pedro Sánchez y de algunos de sus medios más cercanos de situar todas las publicaciones relacionadas con su mujer dentro de una “galaxia de derecha y ultraderecha” que mantiene activa, día y noche, “máquina del fango” que desinforma con el objetivo de hacer capitular al presidente.

Esto mismo lo reconocía Sánchez en su último libro, Tierra firme, donde, en referencia a la oposición y a todos los que le dedican ataques ad hominem, incluidos los medios, afirma: “Cuando se echa leña al fuego durante mucho tiempo, un día puede prender la casa entera de la democracia”. En la pasada campaña electoral, el presidente llegó a incidir que la toxicidad que transmite la prensa hostil con sus críticas desmedidas explica que una parte de la sociedad española tenga un concepto despectivo del sanchismo.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez en la MBFW
Begoña Gómez y Pedro Sánchez en la MBFW | EFE

Así se han interpretado en Moncloa las noticias de El Confidencial sobre Begoña Gómez y con esos argumentos se han intentado desautorizar. Fuentes de El Confidencial consideran que la estrategia del Ejecutivo ha atravesado por dos fases en este tiempo. La primera se desplegó antes de que comenzaran a difundirse las noticias que hablaban de las reuniones de Gómez con el consejero delegado de Air Europa; o de su apoyo “con su firma y rúbrica” a determinadas empresas en dos licitaciones.

Durante esa fase, personas de la máxima confianza de Sánchez intentaron frenar estas informaciones a través de varias llamadas a los responsables de la cabecera, en lo que se interpretó como una maniobra de presión, explican tres fuentes del diario. Esta estrategia de intimidación es habitual en el trabajo periodístico -explican- y muchas veces no busca desmentir o desacreditar las noticias, sino evitar su publicación a toda costa. Aunque lo que se relata sea rigurosamente cierto.

Un cordón sanitario

Una vez aparecieron los citados artículos -añaden-, el Ejecutivo trazó una especie de 'cordón sanitario' a través de ese periódico e inició una estrategia con la que intentó negar en público la veracidad de lo que se había transmitido a la audiencia. El clímax se alcanzó con la difusión de carta del presidente y con sus posteriores intervenciones públicas, en las que anunció su propósito de encabezar un proceso de regeneración del ecosistema de medios de comunicación en España.

El nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación -que entrará en vigor en España en agosto de 2025- se expresa con claridad sobre las estrategias de los gobiernos de la UE de controlar a la prensa, que, entre otros ejemplos, provocaron el cierre de medio centenar de medios críticos en Polonia hace casi tres años tras la aprobación de una polémica 'ley de televisión'.

En uno de sus puntos, la nueva norma afirma que “deben limitarse los intentos de silenciar a los periodistas (...), "desde las amenazas y el acoso hasta la censura y la supresión de opiniones discrepantes", dado que esto lo que podría ser perjudicial para "la libre circulación de información hacia la esfera pública, reduciendo la calidad y la pluralidad de la información”.

Este periódico ha contactado con la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) para intentar averiguar si han solicitado alguna reunión con el Ejecutivo para aclarar los términos de la “regeneración” del sector que persigue. Sin embargo, no ha recibido respuesta. En un comunicado lanzado el pasado 29 de abril, la organización lamentaba la falta de explicaciones de Sánchez a este respecto y añadía: “Creemos que el derecho a la información no implica derecho a la difamación, pero para combatir los bulos y las informaciones falsas existen mecanismos en nuestro sistema judicial e incluso en el ámbito profesional”.

Una cacería mediática... ¿de quién hacia quién?

Llama la atención que las referencias del Ejecutivo y su prensa afín a las mentiras de la prensa se hayan convertido prácticamente en diarias. En el texto del reglamento europeo no se cita el término 'bulo'. La palabra 'desinformación' aparece en nueve ocasiones, pero lo hace principalmente, asociada al riesgo de que las potencias extranjeras traten de influir en la política europea a través de la difusión de noticias falsas en los Estados miembros.

Desde el PSOE y sus terminales han abundado en estas semanas en la necesidad de que los medios reconozcan cuáles son sus fuentes de financiación y sus accionistas significativos. Unidas Podemos incluso ha presentado una proposición de ley por la que quiere obligar a que los directivos de estas empresas, e incluso los conductores de telediarios y tertulias, presenten en el Ministerio de la Presidencia una declaración de intereses.

El reglamento europeo apuesta porque los Estados miembros construyan bases de datos que permitan a los ciudadanos consultar a quién o quiénes pertenecen las empresas periodísticas. Ahora bien, también incide en la necesidad de que se explique a los ciudadanos “los criterios y procedimientos empleados para asignar fondos públicos a los prestadores de servicios de medios de comunicación y a los prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad estatal”.

La Generalitat de Cataluña elabora cada año una memoria en la que detalla la cuantía de publicidad institucional que recibe cada periódico, revista, televisión o radio. El Ejecutivo no lo hace, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir al Buzón de Transparencia para solicitar el acceso a esa información.

Según ha revelado este periódico en las semanas anteriores, Moncloa trabaja desde hace unos meses para modificar el criterio con el que se reparte la publicidad institucional en España. Sus técnicos sopesan introducir un baremo 'subjetivo' para concederla, y es el que mide la aportación a la 'sostenibilidad democrática' de los medios de comunicación, con objeto de que los 'pseudo-medios' queden fuera del reparto.

Buenos y malos...

Se ha transmitido desde el Gobierno en estas semanas previas que la prensa que desinforma no debe recibir a partir de ahora ningún tipo de recurso público. Fuentes de los editores de prensa porfían de este plan. Entre otras cosas, porque Pedro Sánchez no ha sido capaz de aclarar en las entrevistas que ha conocido a TVE, Cadena SER y El País cuál va a ser el criterio empleado para diferenciar los medios 'buenos' de los 'malos'. Entre los que lanzan bulos a sabiendas y los que sólo mienten cuando se equivocan. Tampoco ha especificado cómo va a hacer para no vulnerar ningún punto de la nueva normativa europea, que garantiza la libertad de los periodistas para ejercer su función.

Desde la redacción de El Confidencial también expresan sus dudas sobre los planes del Ejecutivo para con los medios de comunicación. Entre otras cosas, porque sus maniobras para intentar frenar y desacreditar sus informaciones sobre Begoña Gómez han demostrado “un peligroso germen de intolerancia” e “incontinencia intimidante”. En la profesión, planea hoy la siguiente pregunta: ¿Qué represalias podría tomar el Ejecutivo contra los medios que considera que difunden bulos por no aceptar su verdad?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia institucional en La Moncloa | EFE

Cabe recordar que tras el referéndum del brexit, en el seno de la UE se conformó un grupo de 39 expertos que debatió largo y tenido sobre el fenómeno de las fake news y las medidas que podrían desplegarse para intentar minimizar su efecto sobre la opinión pública. Una de sus grandes conclusiones fue la que apeló a no legislar en caliente, dado que cualquier normativa que quisiera acotarlo podría derivar en una limitación de la libertad de prensa.

Sánchez ha mostrado su intención de “regenerar” el sector y desde su entorno han iniciado maniobras. El ministro Óscar Puente ha llegado a definir de forma despectiva en sus redes sociales a un medio de comunicación -incluso a asignarle apelativos-. “Tienen el criterio político de un zapato y gastan patriotismo de garrafón”, expresó el otro día para referirse a la derecha mediática, a la que ataca de forma constante.

Sobre su particular, en El Confidencial recuerdan que sus periodistas actúan de forma libre e independiente; y que en sus portadas han aparecido durante los últimos años noticias que revelaron los escándalos que llevaron a dimitir a José Manuel Soria; y sobre tramas de corrupción que han salpicado a varios partidos. En este sentido, defienden la veracidad, la consistencia y la contundencia de sus informaciones sobre Begoña Gómez, en contra de los argumentos que han intentado imponer desde Moncloa y desde Ferraz.