La explotación de los derechos audiovisuales del fútbol español ha vuelto a ocasionar un problema a Telefónica, que ha sido durante los últimos años el principal cliente de LaLiga. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha amenazado a la compañía de telecomunicaciones con un nuevo expediente sancionador que se resolverá en los próximos tiempos y que podría derivar en una multa millonaria.
El origen de este caso se encuentra en 2015, cuando Telefónica -entonces presidida por César Alierta- adquirió Digital Plus, que estaba en manos de Prisa.
La CNMC aprobó la operación, pero obligó a la telco a aceptar una serie de compromisos para evitar que su predominio en el mercado de la televisión de pago ahogara a sus competidores.
Entre estas restricciones se encontraba la que le impedía rubricar contratos en exclusiva con sus proveedores de series, de películas o de acontecimientos deportivos por un período superior a los tres años.
La mano de Javier Tebas
Lo que sucede es que, en 2021, la asociación de clubes presidida por Javier Tebas lanzó la subasta de los derechos del fútbol -que se realiza siempre por lotes- y puso entre la espada y la pared a Telefónica, dado que el compromiso que obligaba a adquirir era superior a esos tres años.
Según figura en el expediente de la CNMC, al que ha tenido acceso El Independiente, el contrato entre Telefónica y LaLiga se firmó el 19 de enero de 2022 y, por tanto, tan sólo podría tener vigencia hasta el mismo día de 2025. Sin embargo, el acuerdo inicial se extiende “al menos, hasta el 30 de junio” de ese ejercicio, lo cual tiene lógica, dado que es en esas fechas cuando se espera que termine la temporada futbolística.
El supervisor de la competencia considera que ese contrato es irregular, dado que incumple el compromiso 2.4 que firmó telefónica para comprar Digital Plus. Así que ha obligado a Telefónica a “introducir las modificaciones oportunas en el contrato de 19 de enero de 2022, al objeto de garantizar que el contrato no permita a Telefónica la explotación más allá del 19 de enero de 2025”.
Rechazo de las alegaciones
El organismo presidido por Cani Fernández va más allá y ha iniciado el procedimiento interno para iniciar un expediente sancionador contra Telefónica por estos hechos, al considerar que podrían ser merecedores de una multa, dado que suponen el incumplimiento de los citados compromisos.
La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete intentó frenar esta acción y presentó una serie de alegaciones en las que se opuso al criterio de la CNMC de establecer una distinción entre el 'año natural' y la 'temporada futbolística', dado que son iguales a efectos del impacto que podría tener el contrato con LaLiga en el mercado audiovisual.
La empresa de telecomunicaciones también incidió en que las productoras audiovisuales cada vez obligan a rubricar acuerdos más largos a las empresas de televisión. Fue el caso de la entidad comandada por Javier Tebas, lo cual dejó en una situación complicada a Telefónica, que ha sido en los últimos años la gran protagonista de las subastas de derechos.
Y añade: “La interpretación formalista del cómputo de los 3 años hubiera equivalido, de facto, a la renuncia de Telefónica a acudir a las subastas de la LNFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional)”.
Competencia rechaza en su resolución todos los argumentos presentados por Telefónica y ha ordenado el inicio de un nuevo expediente contra la propietaria de Movistar+.
Fuentes conocedoras señalan a este periódico que Telefónica recurrirá la sentencia de la CNMC ante la Audiencia Nacional. La operadora defiende que devolvió los derechos de esos dos años por los que el regulador ha impuesto el expediente y que dio derecho a una nueva subasta, de la que fue vencedora.
Reajuste en sus derechos
La CNMC y Telefónica mantienen una pugna histórica a cuenta de los derechos televisivos. Como se mencionaba anteriormente, la duración de los contratos es uno de los puntos conflictivos.
LaLiga es partidaria de lanzar las subastas para un período de cinco años, mientras que el regulador impone un espacio temporal de tres años. El último paquete asignado a Telefónica fue para un lustro y recientemente la patronal del fútbol español tuvo que modificar el contrato.
Con todo, la compañía se aseguró en exclusiva de cinco partidos por jornada en la próxima competición liguera. Entre los enfrentamientos que podrá emitir está "El Clásico" de la segunda vuelta.
Para hacerse con estos partidos, la teleco desembolsó 250 millones para la siguiente temporada y 520 millones para las temporadas 2025/2026 y 2026/2025. De esta forma, para todo el ciclo hasta 2027 se mantiene el mismo coste por temporada que en la anterior.
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hace 6 meses
Tendría que ser el regulador el que pagará a Teléfonica todas las perdidas que ha tenido/ sufrido desde que la obligaron a ceder infraestructuras que algunas fueron robadas, usadas sin sus permisos como canalizaciones subterráneas etc, lo mismo que con las obligaciones de ceder contenidos cuando estos han sido pirateados. Porque a PoKitoTelecom no le piratean por no ser interesante, pero a Telefónica sí porque ha estado en la diana y es un reto. O sea que si alguien tiene pagar que sea el regulador. En EE.UU cuatro operadoras, en China cuatro operadoras, en Brasil tres operadoras en España más operadoras más de 1.400 operadoras incluyendo las rurales…
hace 6 meses
Si ser la operadora más completa te hace estar en menos países por rooaming, entonces no eres la mejor. Lo mismo con tu Low Cost, la inglesa viene con cambios y la rumana hace tiempo que se convirtió en un jugador complicado.
hace 6 meses
Aquí en España tiene dos enemigos número 1, la piratería descontrolada, descomunal que hay y que no hay vistas de solución, gobierno y regulador tendrían que actuar sobre contenidos y sus derechos y segundo el regulador CNMC por limitaciones, cesiones, obligaciones y todo lo que termine en ones.
hace 6 meses
El HdP del regulador siempre tirando por las alternativas que no hacen más que asfixiar un mercado sobre explotado. En España hay más de 1.400 operadores incluyendo las rurales, es el país de la UE con más operadoras y encima con el enemigo número uno en su contra el Inquisidor regulador.