Editores de la Asociación de Medios de Información (AMI) -la patronal de la prensa- han planteado recientemente sus dudas con respecto a las medidas intervencionistas con el sector que se han sugerido desde el Ejecutivo y desde el grupo parlamentario de Podemos. El debate está abierto entre los representantes de las empresas periodísticas, si bien existen diferencias entre quienes consideran que hay que tomar medidas para 'frenar los bulos' y quienes advierten de los peligros que implicaría el poner matices sobre la libertad de expresión.

Esta conversación lleva sobre la mesa desde 2016 en el panorama internacional y se intensificó tras el referéndum del brexit y la victoria electoral de Donald Trump. Fue entonces cuando la Comisión Europea reunió a un grupo de expertos para analizar la cuestión y reflejar el resultado de las deliberaciones en un informe. La conclusión fue que legislar en caliente a este respecto sería erróneo, dado que podría afectar a la libertad de prensa.

El Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados mediáticos emprendieron el año pasado una campaña que denunciaba la existencia de “bulos” y “medias verdades” que habían desgastado la imagen del PSOE. Tras estallar el caso de Begoña Gómez, el presidente directamente señaló a “una galaxia de medios de derecha y ultraderecha” que se dedica a lanzar fango sobre su Ejecutivo. A este respecto, llamó a la sociedad española a condenar estas prácticas, en pos de regenerar el sector mediático y la democracia.

La propuesta de Podemos

Unos días después, Podemos presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados que, entre otras cosas, defiende que los directivos de los medios de comunicación y los conductores de los informativos presenten declaraciones de bienes y de intereses empresariales para que la ciudadanía pueda conocerlos. Su idea es que esta documentación se deposite en un registro, dentro del Ministerio de la Presidencia.

Unos días después de conocer esta noticia, se produjo una conversación entre los socios de AMI en la que se alertó de lo 'excesivamente intervencionista' que resulta esta propuesta y de los peligros que implica para el sector, según explican fuentes de esta asociación.

Ahora bien, existen diferencias importantes entre los editores -dentro y fuera de AMI- con respecto a la línea de actuación a seguir, una vez el presidente del Ejecutivo ha lanzado ese 'órdago' al sector. Todos con los que ha consultado este periódico reconocen la existencia de bulos y de 'información contaminada', pero sólo algunos son partidarios de tomar medidas para frenarlos. El resto, considera que existen los cauces legales y profesionales adecuados para corregir los daños que pueden generar.

Una nueva Ley de Prensa

La vía que defienden algunos de los grupos más cercanos ideológicamente al Gobierno es la que ha propuesto un reciente artículo, publicado por Nature y difundido hace unos días en El País. El texto estaba basado en el análisis de 1.276 webs de desinformación y 4.209 webs legítimas entre 2019 y 2021, así como el comportamiento de 42.595 anunciantes. Su conclusión era tajante: la mejor vía para terminar con la desinformación es la de avisar a los inversores publicitarios del perjuicio para la democracia que provoca el destinar su dinero a los pseudo-medios.

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, publicaba hace unos días un artículo en el que argumentaba de una forma muy similar a la que ha defendido el Gobierno. En primer lugar, recordaba que España cuenta con una Ley de Prensa que no se aplica en la práctica, pero que procede del franquismo.

A partir de ahí, apelaba por una modificación de la normativa ante la evidencia -en su opinión- de que la desregulación ha impulsado comportamientos poco profesionales. “Hace falta una regulación de la prensa, precisamente para proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Porque una parte de lo que aparenta ser periodismo, y no lo es, se ha convertido en una industria contaminante que está intoxicando a la sociedad”, expresó.

Lo que llama la atención es que, a la vez, reconociera que en agosto de 2025 España deberá comenzar a aplicar el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, que, entre otras cosas, protegerá a los periodistas de las injerencias gubernamentales y obligará a incrementar la transparencia en quienes participan en este sector.

Temor al intervencionismo

Desde otros grupos de prensa, pertenecientes a AMI, consideran que a la vista de que España está obligada a cumplir esta nueva norma, no tiene sentido modificar la legislación vigente, dado que precisamente este reglamento europeo prevalecerá sobre ella.

Sea como sea, dentro de AMI existen reservas con respecto a las medidas que podría tomar el Ejecutivo para moldear el sector de los medios de comunicación. Entre otras cosas, con la reforma de los criterios para entregar la publicidad institucional que prepara Moncloa, que, sobre la mesa, se espera que penalice a los denominados pseudo-medios de comunicación.

Ahora bien, la pregunta que pende sobre el sector es: ¿Cuál es el límite entre los medios y los pseudo-medios? ¿La verdad? ¿Y cómo se determina en casos de discrepancia lo que es cierto y lo que no?

Desde la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) apuntan a que no han iniciado ninguna acción concreta, dentro de ese proyecto de regeneración del sector mediático que defiende el Ejecutivo.

Ahora bien, recuerdan que en el día mundial de la libertad de prensa expresaron su preocupación por la cuestión de los bulos. También por las amenazas que sufre el periodismo libre en todo el mundo.