La "regeneración" del sector de los medios de comunicación que propuso Pedro Sánchez hace unas semanas se debatirá en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas, según adelantaba el presidente en Radiotelevisión Española este miércoles. Esta iniciativa contendrá una serie de medidas para incrementar la "transparencia" de las empresas de este sector, pero también para aclarar sus vías de financiación.

Esto último genera inquietud en varios editores del sector -tal y como se ha debatido recientemente en la Asociación de Medios de Información-, entre otras cosas, porque una de las estrategias que se sopesa pasa por intentar 'secar' de publicidad a los llamados 'pseudo-medios', sin que haya trascendido cuál será el criterio que se utilizará para discriminar entre la prensa legítima y el resto.

La labor de lobby en este sentido de los grupos de prensa más afines al Ejecutivo -y los que más publicidad institucional ingresan- ha sido intensa durante los últimos meses. Sin ir más lejos, el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, concedió hace unos meses una entrevista a la World Association of News Publishers en la que subrayaba la conveniencia de que los anunciantes destinen sus campañas a la prensa de calidad, dentro de un ecosistema en el que abundan las noticias de clic fácil y las fake news.

"Las empresas que inviertan en publicidad en medios de calidad, esto es, que fomenten la sostenibilidad democrática, deberían ver mejorado su perfil ESG (responsabilidad social corporativa), con todo lo que ello implica, sobre todo para sus accionistas. El modelo en el futuro de la publicidad tendría que ir en esta dirección", expresó.

Castigos a los anunciantes

Desde del Ejecutivo han hecho llegar en los últimos días a los medios de comunicación su idea de incluir en el texto normativo que se debatirá en el Congreso la posibilidad de 'penalizar' a los anunciantes que destinen fondos a los medios que difunden bulos.

La gran pregunta que se plantea -expresan fuentes de AMI- es si las empresas que alcancen acuerdos institucionales o contraten campañas con los medios hostiles y 'pseudo-medios' verán penalizado su perfil ESG. También si eso le perjudicará en cuestiones como, por ejemplo, la contratación en el sector público.

En este contexto, el diario El País se hizo eco hace unos días de la reciente publicación de un artículo en la revista Nature que incidía en que la mejor forma de terminar con la desinformación es la de "estrangular la publicidad de las webs que difunden bulos".

Lo que todavía se desconoce es si Ejecutivo aplicará criterios objetivos para minar la salud del 'pseudo-periodismo' o si la toma de decisiones estará influida por cuestiones políticos. En este sentido, cabe recordar que Pedro Sánchez ha situado este miércoles en la Comunidad de Madrid la "sede social" de la "máquina del fango".

Ahí -ha añadido- existe un Gobierno que financia a estos medios de comunicación, que -cree- publican informaciones falsas que posteriormente engordan las denuncias con las que las "organizaciones y sindicatos de ultraderecha" pretenden desestabilizar al Ejecutivo.

Transparencia en los medios de comunicación

Más allá de este asunto, entre las medidas que están a debate en Moncloa -en el Ministerio de la Presidencia- se encuentra la que pretende reformar el criterio de reparto de la publicidad institucional para centralizar en el palacio presidencial la asignación de las campañas, de modo que se coordine mejor el reparto entre los medios de comunicación.

El punto más significativo de esta reforma es quizás el que contempla la introducción de un nuevo criterio para determinar qué medios deben evitarse, en lo posible, a la hora de asignar estos fondos públicos. Es el relacionado con su aportación a la "sostenibilidad de la democracia".

La idea es que los medios que no cumplan con ese parámetro no puedan acceder a estas campañas, que en 2024 estarán dotadas con fondos de 138 millones de euros.

Está por ver si el Ejecutivo obligará a las comunidades autónomas a seguir estas normas. También si Moncloa revelará -al igual que Madrid, Valencia o Cataluña- el montante de publicidad institucional que recibe periódicamente cada medio de comunicación.

Este asunto resulta especialmente interesante, dado que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación -de aplicación obligatoria en agosto de 2025- apuesta por mejorar la transparencia dentro de todo el sector de los medios de comunicación. Incluido en lo relativo al reparto de campañas institucionales.

La idea que baraja Moncloa es la de mejorar la ley actual, que obliga a los medios de comunicación a disponer de un CIF, de un objeto social y a identificar a sus directores. El Gobierno también apuesta porque pongan a disposición de los lectores su relación de accionistas, la cual, por cierto, se puede encontrar actualmente en el Registro Mercantil.

Podemos pretende que los directivos de los medios de comunicación y los presentadores de sus informativos hagan una declaración de intereses económicos y la depositen en Moncloa. Sin embargo, esta posibilidad genera rechazo en la mayoría de los socios de AMI, al considerarla como 'intervencionista'.

Reforma de RTVE

Dentro del palacio presidencial también se cuece desde hace un tiempo -como adelantó este periódico- una posible reforma de la Ley de Radiotelevisión Española que evite situaciones de bloqueo en la corporación en el futuro.

Entre las medidas que se debaten se encuentra la de modificar la normativa vigente para que el presidente y el resto de los consejeros de administración puedan elegirse por mayoría absoluta en el Congreso, en caso de que en una primera votación no se alcance una mayoría de 2/3 de la Cámara en cuestión.

Cabe recordar que el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, dimitió de su cargo en septiembre de 2022 y que, desde entonces, PSOE y PP no han consensuado su sustituto, como tampoco la renovación de los cinco consejeros cuyo mandato expiró el pasado marzo.

Fuentes de Moncloa han transmitido en los altos despachos de la corporación que su idea es ofrecer a los populares un pacto antes del verano para elegir al líder de la televisión pública para los próximos seis años. En caso de que no lo alcancen, la opción de modificar la ley podría ponerse sobre la mesa.

Ley del secreto profesional

Entre medias, en los próximos meses podría tramitarse la Ley Orgánica del Secreto Profesional de los periodistas, que prevé reforzar la protección de las fuentes de los profesionales de la información -al igual que en el reglamento europeo- y cuya tramitación se paralizó al final de la pasada legislatura por las discrepancias existentes dentro del PP y de Vox sobre el procedimiento a seguir para aprobarla.

La duda que se plantean una parte de los socios de AMI es si el 'paquete de medidas' que presentará el Ejecutivo afectará a la libertad de prensa y a la de las empresas informativas, dado que, en ese caso, contravendría el espíritu del reglamento europeo que se aplicará en España en 2025.