Los grupos de medios de comunicación más próximos al Gobierno quieren abordar en los próximos días dos debates en la Asociación de Medios de Información. Es decir, en la patronal de la prensa escrita y de una parte de la digital. Uno de los temas que quieren poner sobre la mesa tiene que ver con la medición de audiencias que se realiza en los medios digitales, al considerar que en varios casos está 'inflada' por prácticas 'pseudo-periodísticas', lo que provoca que consigan más publicidad institucional de la que les corresponde.

La idea de estos grupos es la de idear un sistema por el cual se penalice a la hora de asignar la publicidad institucional a los diarios digitales que dedican una buena parte de sus recursos a las noticias de clic fácil -clickbait- o a las sensacionalistas. A los que practican lo que el presidente de Prisa Media, Carlos Núñez, definió hace unas semanas como "sucedáneos de periodismo".

Su inquietud coincide con las palabras expresadas por el líder del Gobierno este miércoles en el Congreso de los Diputados, en las que ha subrayado en la necesidad de modificar el recuento de la audiencia de los medios para asegurar la "transparencia, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación y verificabilidad" a la hora de asignar fondos públicos a las empresas periodísticas.

¿Por dónde llega el dinero público a la prensa?

Actualmente, hay varias vías por las cuales las Administraciones inyectan dinero en los medios de comunicación. La más popular y abundante es la publicidad institucional, para la que en este 2024 el Ejecutivo destinará 138 millones de euros.

Las Instituciones y las empresas públicas -desde Renfe hasta Canal de Isabel II- también financian eventos a través de patrocinios y otras fórmulas de colaboración.

En el caso de Cataluña, la prensa recibe subvenciones directas por la edición de contenidos en catalana y aranesa, dentro de la estrategia de la Generalitat de promocionar estas lenguas.

Hay un cauce de 'colaboración' público-privada que es indirecto y algo más complejo de explicar, pero que es habitual en España. Es el de los contratos que rubrican las productoras de los grandes grupos mediáticos con las televisiones públicas. Prisa cuenta con LACOproductora entre sus activos y, sin ir más lejos, el pasado abril recibió un contrato de 4,5 millones de euros para realizar el programa That's my jam.

En Castilla y León, el servicio de radio y televisión autonómica (RTVCyL) lo prestan dos empresarios, como son Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri. Su medio de comunicación recibe una subvención directa de 20 millones de euros por parte del Gobierno autonómico y, posteriormente, sus productoras audiovisuales realizan una buena parte de los programas para sus cadenas.

100 millones de fondos europeos

Pedro Sánchez también ha anunciado este miércoles su intención de destinar 100 millones de euros de fondos NextGen para la digitalización del sector de los medios de comunicación. Fuentes de las empresas periodísticas suponen que estas subvenciones estarán asociados a proyectos, dado que Bruselas así lo exige en este caso. En cualquier caso, ésta será otra nueva vía abierta para que el dinero público llegue a la prensa.

Lo que sucede en España -reiteran estos grupos de medios- es que el PSOE ha perdido prácticamente todo el poder autonómico, por lo que las regiones comandadas por el Partido Popular tienen la capacidad de destinar muchos millones de euros de publicidad institucional para intentar moldear la línea editorial de decenas de cabeceras, desde diarios de ámbito regional hasta pequeñas publicaciones locales.

Así que la intención del Ejecutivo es reformar la ley que regula estas campañas para intentar reducir -en este momento hostil- las dependencias entre los medios y las Administraciones en todos los ámbitos: desde el estatal hasta el local. El propio Sánchez lo ha aclarado este miércoles: "No puede ser que haya medios con más dinero público que lectores".

Sus medios más cercanos han presionado para intentar modificar el sistema de medición de audiencias, de modo que a la hora de establecer la fórmula que regula su reparto se pondere más el 'periodismo de calidad' frente al 'clickbait'. De ahí, entre otras cosas, que El País, eldiario.es y La Vanguardia impulsaran junto a la Oficina para la Justificación de la Difusión hace unos meses una nueva auditoría sobre las suscripciones de los periódicos digitales.

El objetivo último de esta medida -de ahí que el Gobierno la respalde- es el de reducir el flujo de publicidad institucional que reciben estos "tabloides digitales" que apuestan por un 'periodismo viral'. Algo -recuerdan fuentes de AMI- que no sólo hacen estos medios, dado que incluso en Prisa se realiza a través del Huffington Post.

Códigos de conducta

El segundo debate que quieren impulsar estos grupos dentro de AMI tiene que ver con la posibilidad de establecer nuevas normas de auto-regulación en el sector de la prensa. Lo que equivaldría a una especie de código de conducta.

La intención es que se restrinjan diferentes prácticas que consideran nocivas y se restrinja el campo de actuación para los activistas que, entre otras cosas, acuden a las ruedas de prensa del Congreso de los Diputados.

Más allá de todo esto, cabe recordar que Pedro Sánchez ha reiterado este miércoles su intención de modificar las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen; y a la rectificación.

El resto de medidas que ha avanzado se encuentran en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que se aplicará en los próximos meses en España, sin necesidad de que sea sometido a votación.

Entre las propuestas que recoge esta norma se encuentra la de constituir en los Estados miembros consejos de prensa y de medios de comunicación -Sánchez ha anunciado el refuerzo de las competencias de la CNMC- y el establecimiento de mecanismos de respuesta rápida para los periodistas que se sientan amenazados.

El Reglamento también considera necesario incrementar la transparencia de las Administraciones a la hora de informar acerca de los destinatarios de la publicidad institucional; y de los medios de comunicación al enumerar su lista de accionistas.