Castilla y León no dispone de una televisión pública autonómica, al igual que la mayoría de las comunidades. Allí, el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco subvenciona a una empresa privada para que preste ese servicio “de interés general”. Según la información que figura en el Registro Mercantil, RTVCyL -así se llama el medio de comunicación- ha recibido 236 millones de euros de dinero público durante los últimos 10 años.

La historia de esta televisión llama la atención, dado que fue capaz de unir en un mismo Consejo de Administración a dos empresarios que habían estado enfrentados durante décadas: son José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo. Es decir, los dos constructores más populares de la comunidad autónoma, propietarios de sus grupos de medios más potentes: Promecal y Edigrup.

Ambos han estado salpicados por escándalos en el pasado. De hecho, la Audiencia Nacional condenó a Ulibarri a un año y medio de cárcel en 2022, dentro de la causa de Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid). Por su parte, Méndez Pozo pasó por la cárcel por su participación en la conocida como 'trama de los constructores' del Ayuntamiento de Burgos.

Los grandes empresarios mediáticos

Su influencia en Castilla y León es todavía grande y, de hecho, manejan medios como Diario de León, Diario de Burgos, la Agencia ICAL o la propia RTVCyL. Para esta última, además, trabajan sus productoras audiovisuales, que facturan por los proyectos que realizan para llenar las parrillas de programación de las cadenas La 7 y La 8.

Este periódico ha accedido a los informes de cuentas de esta entidad a través de la plataforma Insight View. Ahí se reconoce que, durante el ejercicio 2023, recibió dos partidas de 20,23 y 1,15 millones de euros por parte del Gobierno autonómico.

“Desde 2009 (…) y hasta 2012, la sociedad vino suscribiendo con la Consejería de Fomento de Castilla y León un contrato-programa para financiar los gastos incurridos para satisfacer las necesidades de interés general con la programación”, expresa la memoria económica.

Y añade: “Desde 2013, dicha financiación se instrumenta mediante una subvención directa”, que el año pasado fue superior a los 21 millones de euros.

En 2021 y 2020 ascendió a 20 millones por ejercicio; en 2019, a 19 millones; y, entre 2013 y 2018, a 18 millones de euros cada año.

A estas cantidades hay que sumar una aportación extraordinaria de 27,6 millones que sirvió para compensar el IVA que reclamó la Agencia Tributaria a este medio de comunicación por su actividad entre los ejercicios 2011 y 2017.

Esta partida la percibió RTVCyL en cinco ejercicios consecutivos, entre 2018 y 2022. Eso supuso unos ingresos anuales adicionales de 5,5 millones de euros, según se refleja en sus cuentas.

Los números de la televisión

La empresa obtuvo una facturación de 2,7 millones de euros en 2023 por su actividad, que fue ligeramente superior a la de 2022 (2,6 millones). En la última línea de su balance aparece un resultado de explotación positivo de 170.610 euros.

Su plantilla estaba conforma hace unos meses por 330 personas, de las que 9 pertenecían a su Dirección, 10 a sus órganos comerciales y de Administración; y 311 a sus departamentos de redacción, técnica o producción.

Su volumen y su presupuesto es mucho menor que el de otras cadenas autonómicas, aunque, en este caso, lo más significativo es su naturaleza, de empresa privada que se mantiene principalmente gracias a las aportaciones públicas.

En el último informe mensual de audiencias de Barlovento Comunicación (julio de 2024), elaborado con datos de Kantar Media, se asigna a La 7 una cuota media de pantalla de 1,2 puntos. Es la misma que la de La 8. Eso les situó como las cadenas autonómicas privadas con mejor share.

Actualmente, su Consejo de Administración está ocupado principalmente por familiares de los dos citados constructores. Como presidente figura Gregorio Méndez, como secretaria, Ariana Ulibarri; y como consejeros, Soledad Ulibarri, Enrique Ulibarri, Javier Santamaría y la sociedad Promecal Audiovisuales.