El nuevo reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación reclama a los Estados miembros un incremento de su transparencia a la hora de informar sobre los fondos públicos que destinan a las empresas periodísticas. Con este ejercicio de transparencia, Europa espera que se detecten más fácilmente las malas prácticas en las que pudieran incurrir las Administraciones que traten de alterar este mercado mediante 'premios y castigos' a sus aliados y enemigos periodísticos.

España debe aplicar esta normativa antes de agosto de 2025 y, a la vista de esa obligación, el Ejecutivo -con su presidente a la cabeza- ha aprovechado para hablar de la necesidad de informar sobre el destino de toda la publicidad institucional, ante la evidencia -afirman- de que hay medios de derechas que tienen más ingresos de dinero público que audiencia.

Lo ha hecho en un contexto en el que Moncloa ha impulsado lo que ha llamado Plan de Regeneración Democrática, que incluye una batería de medidas -criticadas por la oposición- para mejorar el sector de los medios de comunicación. No sólo aquellas a las que obliga la nueva normativa europea, sino otras adicionales, como las propuestas de reforma de las leyes orgánicas que regulan los derechos a la Rectificación; y al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen.

Propaganda institucional

Llama la atención porque existen administraciones que son absolutamente diáfanas a la hora de informar a los ciudadanos sobre el destino de sus campañas de propaganda. Es el caso de la Generalitat de Cataluña, que desde hace varios años revela el montante de publicidad institucional que inyecta en cada uno de los medios de comunicación, tanto catalanes como de otros países.

No es el caso del Gobierno, que se limita a publicar una Memoria Anual de Publicidad Institucional en la que detalla el presupuesto anual global en este concepto, el número de campañas, su tipología y la cantidad de dinero que le corresponde a cada ministerio y empresa pública.

Sin embargo, no especifica cuáles son los medios de comunicación que reciben este dinero, tanto de los departamentos ministeriales como de entidades de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que suelen manejar amplios presupuestos, como Lotería y Apuestas del Estado o Renfe.

Los beneficiarios del reparto

El Govern detalla el objetivo de cada campaña y el destino de la totalidad de los fondos que asigna en este concepto. Godó fue el grupo más beneficiado en 2023 con ingresos de más de 5 millones de euros.

La edición impresa de La Vanguardia obtuvo 1,62 millones (1,64 millones en 2022), El Mundo Deportivo, 0,33 millones (0,31), los digitales del grupo, 1,48 millones (1,03) y las radios RAC 1 y RAC 105, 1,73 y 0,16 millones, respectivamente.

El Grupo Zeta (Javier Moll) fue uno de los grandes beneficiados por el reparto publicitario, con ingresos totales de 2,6 millones de euros por las dos ediciones de El Periódico de Catalunya, en papel y en internet.

El Ejecutivo autonómico -controlado entonces por ERC y presidido por Pere Aragonés, revela en su apartado de Transparencia la cantidad que ingresaron muchas decenas de medios de comunicación, redes sociales, empresas digitales y otro tipo de plataformas en las que se anunció.

Entre las televisiones, la principal beneficiada es la pública (TVC), que, al contrario que Radiotelevisión Española, puede emitir publicidad en sus diferentes canales. En 2023, registró ingresos de 4,7 millones de euros por la propaganda autonómica, frente a los 3,47 millones del año anterior.

Catalunya Ràdio consiguió 875.327 euros, por los 461.142 de Cadena SER, los 359.354 de Onda Cero, los 118.863 de COPE o los 575.770 de Flaixbac.

A estas cantidades hay que sumar las subvenciones directas -publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat- que reciben los medios de comunicación de esta región que se editan en catalán.