Las televisiones públicas siempre han contribuido a moldear el sector audiovisual de la región en la que emiten. Sin la 'generosidad' de TV3, el crecimiento de Mediapro, El Terrat o Minoría Absoluta hubiera sido más lento o más complejo. Lo mismo sucede en el caso de Radiotelevisión Española, cuya inversión en productoras determina muchas veces cuáles son los empresarios que consiguen pingües beneficios y cuáles tienen más dificultades para lograrlo.

La corporación repartió en 2023 alrededor de 300 millones de euros entre las productoras audiovisuales para llenar las parrillas de programación de sus canales, según explica uno de sus directivos. Estas inversiones se reparten en diferentes contratos que, en teoría, sirven para realizar los formatos que la corporación no puede hacer con sus propios medios.

Los programas que se encargan se pueden co-producir o se pueden entregar llave en mano. Si el importe de los contratos no supera los 2 millones de euros, el presidente los puede firmar sin someterlos a votación del Consejo de Administración. Si la cuantía es mayor, hasta ahora era necesario que obtuvieran el visto bueno del órgano de gobierno.

La corporación no revela su cuantía, salvo que los diputados y senadores lo pregunten a través de los cauces oficiales; o que cualquier ciudadano demande los datos a través del Portal de Transparencia. Este último proceso puede llegar a demorarse durante dos meses.

Modificación de un punto polémico

Dentro de la oposición parlamentaria, inquieta la redacción de uno de los puntos que incluye el real decreto ley presentado por Moncloa el pasado martes. Es decir, la norma con la cual el Ejecutivo aspira a tomar el control del Consejo de Administración de la corporación y a nombrar a su presidente para los próximos seis años.

El citado punto, afirma lo siguiente: el Consejo de RTVE tiene la función de "aprobar aquellos contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos que, estando sometidos a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, el propio Consejo de Administración determine que han de ser de su competencia por razón de su cuantía. Esta cuantía no podrá ser inferior, en ningún caso, a dos millones de euros anuales. El resto de contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos (...) serán aprobados por la persona que desempeñe la presidencia".

Su redacción es distinta a la de la actual ley, que afirma: Es competencia del Consejo "aprobar aquellos contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos que el propio Consejo de Administración determine que han de ser de su competencia en razón de su cuantía o de su importancia. El resto de contratos, convenios, acuerdos o negocios jurídicos (...) serán aprobados por el presidente".

Un alto directivo de la corporación advirtió hace unos días entre la oposición parlamentaria del riesgo que implica esta modificación, dado que podría dar vía libre al próximo presidente de RTVE a aprobar más contratos audiovisuales sin necesidad de someterlos al veredicto del Consejo de Administración.

De hecho, incluso ha sugerido la necesidad de que garantizar que en la redacción final de la norma -si es que el Ejecutivo logra los apoyos necesarios para aprobarla- se mantenga ese párrafo tal y como estaba; o que se incluya una referencia explícita a que el órgano de gobierno de RTVE todavía tendrá la potestad de pronunciarse sobre los acuerdos con productoras que asciendan a más de 2 millones de euros.

Algunos contratos

El asunto no es baladí -apuntan fuentes del Consejo saliente-, dado que durante la última etapa se han producido debates sobre algunos contratos que se consideraban inadecuados o muy elevados, desde el relacionado con la adquisición de los derechos audiovisuales de la Copa del Mundo de Catar hasta el de La revuelta. Durante la tramitación de este último, se destituyó al director de Contenidos Generales, José Pablo López, y a la presidenta interina, Elena Sánchez.

Sucesos similares ocurrieron con el de Días de tele (LACOproductora, Julia Otero) o el de Las cosas claras (LACOproductora, Jesús Cintora). Todos esos contratos se debatieron en ese órgano colegiado. En cambio, otros, como el de Los Iglesias: manos a la obra no se sometieron a votación, dado que su importe (1,95 millones) fue inferior a los 2 millones de euros.

La productora mejor tratada por la corporación durante los últimos años ha sido el grupo Banijai. La expresidenta, Elena Sánchez, reveló en 2023 contratos por un valor superior a 100 millones de euros con este conglomerado. Los más cuantiosos, los de MasterChef.