La política mediática del Gobierno de España ha sido la del palo y la zanahoria. Mientras Pedro Sánchez lanzaba ataques contra las empresas que practicaban 'pseudo-periodismo' y les acusaba de inundar a la opinión pública con "fango", el Consejo de Ministros aprobaba diferentes partidas presupuestarias que iban destinadas a estas empresas y que, en suma, han ascendido a más de 300 millones de euros.

El plan de regeneración democrática que anunció el presidente del Gobierno antes del verano, y oficializó Moncloa en septiembre, incluye medidas de los dos tipos. Por un lado, contempla desarrollos legislativos que pretenden penalizar de una mayor forma las malas prácticas periodísticas mediante la modificación de las leyes orgánicas que regulan los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen; y a la rectificación. Además, pretende limitar la cantidad de publicidad institucional que puede destinar una misma administración a cada medio de comunicación, de modo que no haya diarios digitales "con más dinero público que audiencia".

El programa lo anunció Sánchez al poco de iniciarse su investigación sobre su mujer, Begoña Gómez, y mientras avanzaban las pesquisas sobre el 'caso Koldo'. En sus alocuciones, avanzó su intención de entregar 100 millones de euros a la prensa para ayudarle en su transformación tecnológica.

Finalmente, estas partidas ascenderán a 124,5 millones, tal y como anunció el ministro Óscar López este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Del total, 65 millones irán a parar a los grupos de prensa tradicional, con el fin de que avancen en su digitalización, ante la cada vez menor presencia de las ediciones impresas en el mercado.

También entregará 15 millones de euros en ayudas que se destinarán al fortalecimiento de la ciberseguridad de los medios con presencia en internet; otros 10 millones para que desplieguen proyectos de inteligencia artificial; y 10 más para que creen "espacios de compartición de datos". Por último, habrá una partida de 19,5 millones, en préstamos, para "proyectos de digitalización, difusión de contenidos y adopción de nuevas herramientas".

Publicidad institucional

El Ejecutivo también repartirá hasta final de 2024 un total de 138,29 millones de euros en publicidad institucional. Esta partida se distribuirá en 162 campañas, según se recoge en la memoria anual que aprobó el Consejo de Ministros hace unos meses.

La incógnita es si se ejecutará en su totalidad, dado que son varios medios de comunicación los que han advertido -en declaraciones a este periódico- del retraso en la asignación de campañas que se ha producido durante 2024. También han llamado la atención sobre la introducción de nuevos criterios, diferentes al de la audiencia, para buscar destinatario a este dinero.

Uno de ellos es el de la 'tasa de rebote', es decir, el que considera que las campañas cumplen mejor su objetivo en los medios cuyos lectores consultan más de un artículo cada vez que entran en un periódico.

Los registros públicos de Moncloa muestran que, durante 2024, también se han anunciado diferentes acciones publicitarias, "de contratación anticipada", que se corresponden con el ejercicio 2025 y que ascienden a un total 43,7 millones de euros.

La más cuantiosa tiene un presupuesto total de 11,4 millones de euros, es de la Dirección General de Tráfico, y está destinada a advertir a los ciudadanos de los riesgos que implican los comportamientos irresponsables al volante.

También hay una acción, de 4,8 millones de euros, que servirá para difundir los logros conseguidos con las inversiones de fondos europeos; y otra, de 3,8 millones, que pretende informar a los ciudadanos sobre los logros conseguidos en "materia de vivienda, rehabilitación y agenda urbana".