Los medios de comunicación españoles deberán aportar próximamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una serie de datos que aclaren quiénes son sus accionistas, cuál es su razón social y cuánto dinero ingresan en concepto de publicidad institucional de cada una de las administraciones públicas.

Esta medida se propone en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, en principio, de aplicación automática, pero que el Gobierno pretende adaptar a España mediante una ley cuyo anteproyecto presentará esta semana en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este martes en la sala de prensa de Moncloa el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha expresado que la nueva norma también trasladará a España todo lo relacionado con la Ley europea de Servicios Digitales.

Legislación sobre el algoritmo

La CNMC será la responsable de de vigilar que los medios de comunicación y las plataformas digitales que operen en España cumplan con la legislación europea en este sentido. Al frente de esta institución se encuentra Cani Fernández, mientras que el responsable de Supervisión Regulatoria es Ángel García Castillejo, recientemente nombrado vicepresidente a propuesta de Moncloa; y especialista en el ámbito audiovisual.

El regulador -ha anunciado el Ejecutivo- contará a partir de ahora con un mecanismo que controlará "los procesos de concentración de medios y garantizar, de esta manera, que se respeta la pluralidad informativa y la independencia editorial". Moncloa no ha dado más detalles sobre esta herramienta y sobre la forma en la que podría colisionar con el libre mercado de la información.

La nueva normativa también regulará sobre el algoritmo y exigirá a las plataformas y redes sociales "transparencia sobre los criterios de recomendación" y la publicidad que difundan. Asimismo, les obligará a introducir en sus páginas sistema de alerta y denuncias sobre contenidos inadecuados o mensajes que vulneren la legislación española.

Fuentes de Moncloa inciden en que el objetivo de la norma será confeccionar "un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable tanto para la innovación tecnológica como para el acceso a la información".

Se enmarcan dentro de su polémico Plan de Acción por la Democracia, que el Ejecutivo anunció el pasado verano y presentó en septiembre; como parte de su batalla contra el "fango", los "bulos", la "desinformación" y los "pseudo-medios".