PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y Podemos han impulsado una modificación del reglamento del Congreso de los Diputados que prevé la retirada de la acreditación periodística para los reporteros que cometan infracciones leves, graves o muy graves dentro del recinto parlamentario.

La medida implicará el cambio del artículo 98 y surge después de las diferentes quejas y movilizaciones que han realizado los trabajadores de los medios de comunicación que se emplean diariamente en la Cámara baja.

Durante la presente legislatura -expone la propuesta de reforma, las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo "perturbado gravemente" el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, "se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento".

Como consecuencia de esta situación, diferentes colectivos de periodistas han solicitado que el Congreso adopte las medidas necesarias para "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía", apunta.

Faltas graves y muy graves

En virtud de esta propuesta, se creará un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria que regulará la aplicación del artículo 98 y que que contará con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales en el ámbito de la información.

Quedarán estipuladas como faltas graves la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello; así como el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, sin la preceptiva autorización.

También se considerará grave la interrupción de ruedas de prensa y la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable.

Como faltas "muy graves" quedarán consideradas la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. Aquí se incluyen "insultos, descalificaciones" y los atentados contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara.

También la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios; y la interrupción del orden de las sesiones parlamentarias.

Tres y cinco años de sanción

Las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses; mientras que las muy graves, con entre tres y cinco años; o la pérdida del derecho a solicitar acreditación.

El Partido Popular y Vox han declinado adherirse a esta propuesta. Sea como sea, los apoyos a la propuesta garantizan su mayoría absoluta en la tramitación parlamentaria.