Hay muchas razones para ello. La infancia es una cuestión de Estado, y como tal, el mismo Estado debe tomar las riendas de su protección. Cada niño, niña y adolescente merece que se lleven a cabo todas las leyes, políticas y medidas que sean necesarias para asegurar su desarrollo pleno y sus mejores oportunidades de futuro. Si buscamos una razón en cifras, sólo en 2017 hubo más de 38.000 denuncias de delitos contra menores de edad, 4.211 denuncias por abusos y 4.875 denuncias por malos tratos en el ámbito familiar. En 2018 al menos 21 niños y niñas murieron por causas violentas.

¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que algo está fallando, por otro, que no podemos esperar más tiempo para poner remedio. No existe un marco legal de protección integral para niños, niñas y adolescentes. Este marco necesita no solo dotar de mecanismos para proteger a aquellos que sufren violencia, sino actuar para que no ocurra. Para que un sistema de este tipo funcione debe contemplar medios de detección y actuación, de protección y recuperación y formas de prevención y concienciación en todos los ámbitos en los que un niño o niña desarrolla su vida. En definitiva, una herramienta para erradicar, por fin, el horrible sufrimiento que supone la violencia contra la infancia.

Y ahora estamos más cerca de conseguirlo. La sociedad civil lleva mucho tiempo trabajando para llegar al día de hoy. El pasado 28 de diciembre el Gobierno anunció la aprobación del anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Desde el 8 de enero este anteproyecto se encuentra en trámite de audiencia pública, en el que las organizaciones y demás interesados pueden realizar sus aportaciones al texto del anteproyecto publicado por el Gobierno. Un paso más cerca para que entre en Cortes en el primer periodo de sesiones del año que comienza en febrero, y, por tanto, de su aprobación e implementación.

¿Qué podemos encontrar en esta ley?

¿Qué podemos esperar? Debemos hacer una valoración positiva del anteproyecto, ya que supone un gran progreso en la protección de la infancia y la adolescencia, incorporando medidas tan importantes como el aumento de la prescripción de los delitos más graves contra menores, la formación en derechos y protección de la infancia de distintos profesionales que trabajan con niños, el refuerzo de la protección de los menores en internet y la prueba preconstituida para los menores de 14 años víctimas de violencia.

Sin embargo, no hemos podido encontrar otras medidas igual de importantes que deberían incluirse para que pueda alcanzar su objetivo. La especialización de los juzgados y fiscalía en violencia contra la infancia, la educación afectivo-sexual adaptada desde edades tempranas, la prohibición de la esterilización forzosa y aborto coercitivo de niñas con discapacidad, medidas para niños y niñas víctimas de violencia de género, así como protección específica para grupos más vulnerables a la violencia como son, por ejemplo, menores con discapacidad, las víctimas de trata, los menores solicitantes de asilo o el colectivo LGTBI. Por todas estas razones nos debe preocupar la ley y su tramitación. Es el momento de seguir formando este texto para que cumpla su propósito y que lo haga lo antes posible.

Nos encontramos en un momento clave, tanto para que esta ley recoja en su texto todo lo que necesita como para que efectivamente pueda aplicarse

Depende del Gobierno en esta fase del proceso que se califique la tramitación de la ley de urgencia para acelerar su entrada en Cortes. Así aumentaría la posibilidad de que, una vez llegada al Congreso, se calificase de nuevo como tal, y seguiríamos avanzando para que la ley sea aprobada e implementada lo antes posible. En caso contrario, peligraría su aprobación durante este año y durante esta legislatura, lo que supondría un retraso (y paralización) en la protección de muchos niños y niñas que son o están en riesgo de ser víctimas de violencia.

En definitiva, nos encontramos en un momento clave, tanto para que esta ley recoja en su texto todo lo que necesita como para que efectivamente pueda aplicarse. Los niños y las niñas no pueden seguir esperando. Hay que seguir luchando para acabar con todas las formas de violencia, y ahora, tenemos esa oportunidad.

Cristina Sanjuán Vázquez, técnica de Políticas de Infancia de Save the Children.