El calvario de Verónica comenzó hace unas semanas. Un vídeo sexual que grabó hace cinco años empezó a circular entre los trabajadores de su empresa, el Grupo Iveco, en Madrid. Su difusión llevó a la mujer al departamento de Recursos Humanos y más tarde, a quitarse la vida. Menos de una semana después, los hechos han acabado en un Juzgado y la Policía investiga quién filtró por primera vez la grabación que acabó con la vida de Verónica.

“No podemos dejar de sentir dolor y consternación por tal brutal suceso (…) esto no tenía que haber pasado y todas y todos lo tenemos claro”. Así se expresaba el comité de empresa de Iveco, dónde trabajaba la fallecida desde hace unos años. Verónica tenía 32 años. Estaba casada y era madre de dos hijos pequeños. Cuando tenía 27, según detalla ABC, grabó un vídeo íntimo estando soltera. El mismo que comenzó a propagarse entre los empleados de  la sede de Iveco, próxima a San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.

Las penas por difundir este tipo de contenido sin permiso van desde los tres meses al año de prisión

Las imágines pasaban de compañero a compañero hasta llegar a parte de una plantilla cercana a las 2.500 personas. Verónica decidió acudir al departamento de Recursos Humanos, donde la aconsejaron denunciar, pero ella se negó. Su preocupación era lo que opinaría su marido al ver el vídeo, algo que finalmente sucedería el pasado viernes. Fue en ese momento cuando la mujer padeció una crisis nerviosa y, al día siguiente, cuando acabó con su vida.

La muerte de Verónica ha sacudido al personal de la empresa a lo largo de esta semana. Una concentración de empleados a las puertas de la sede, declaraciones de personajes públicos e incluso del Gobierno de España. No es la primera vez que la difusión de vídeos íntimos acaba con la muerte de una persona. En Italia, por ejemplo, Tiziana Cantone se ahorcó tras viralizarse en las redes una felación que le realizó a un joven que grabó el instante con su móvil.

En España, la filtración de un vídeo íntimo ya hizo saltar a los medios de comunicación a otra mujer. El caso de Olvido Hormigos comenzó en el verano de 2012. Hormigos, en ese momento concejal socialista en Los Yébenes (Toledo), denunció a su expareja y al alcalde de su pueblo por la propagación de un vídeo sexual donde aparecía masturbándose. A raíz de la fama que alcanzó la edil tras la difusión de la grabación, Hormigos acabó apareciendo en programas de la prensa rosa e incluso en la portada de Interviú.

Tres años después, a raíz de este episodio, se reformó el Código Penal. Compartir vídeos íntimos sin permiso en la red pasó a ser un delito aunque la grabación se hubiera hecho con el consentimiento de la víctima, como en el caso de Hormigos. Las penas por la difusión de este tipo de contenido sin autorización del afectado van desde los tres meses a un año de prisión o una multa de seis a doce meses.

La empleada llegó a reunirse con la dirección de la empresa, según CCOO

El caso de Verónica, a pesar de que ella no denunció, también ha llegado a los tribunales. La Fiscalía de la Sala de Criminalidad Informática pidió primero un informe a la Policía sobre las circunstancias que rodearon el suicidio. Y el Juzgado de Instrucción nº5 de Alcalá de Henares abrió el jueves unas diligencias para investigar la difusión de la grabación. Este órgano judicial, que también se encargó del atestado del cuerpo, ha abierto estas investigaciones previas por la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de recibir las diligencias realizadas hasta el momento por las fuerzas de seguridad. El Juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones. Hasta ese momento, la Policía Nacional investigaba el origen de la filtración de esas imágenes. Si fue una antigua pareja de Verónica la que filtró la grabación por primera vez o la fallecida por error.

El mismo jueves, la expareja acudió al cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo en Madrid, y prestó declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Ahí, entregó su teléfono móvil y respondió a las preguntas de los agentes, que lo dejaron en libertad sin cargos al no encontrar ningún indicio de criminalidad, según informa Efe. La Policía está analizando exhaustivamente el móvil del exnovio y no descartan tomar declaración a otros empleados de Iveco.

Algunos empleados defienden que la mayoría de trabajadores "mostraron su disconformidad" con la difusión del vídeo

Las investigaciones giran también en torno a los trabajadores de Iveco. El sindicato CCOO ha afirmado que denunciará a Iveco porque, con el caso de Verónica, la empresa no activó el protocolo de acoso sexual y su muerte debe considerarse como un accidente laboral. Además, según explican, cuando el vídeo ya se había difundido, contactaron con la trabajadora para informarle de que podía solicitar la activación de un protocolo de prevención de acoso y denunciar a la persona que había difundido las imágenes. Los representantes sindicales llegaron a acompañar a Verónica a una reunión con la dirección de la empresa. Ahí, según el sindicato, Iveco señaló que se trataba “de un asunto personal y no de ámbito laboral”.

La empresa ha explicado a El Independiente que mantienen una postura de “prudencia y respeto” por la familia de la fallecida y los compañeros en estos “momentos tan difíciles” y “duros”. Un grupo de empleados de Iveco subrayó esta semana que la mayoría de los trabajadores “mostraron su disconformidad” con la difusión del vídeo de su compañera y pidieron que no se generalice y se busque a los responsables.