La grabaciones de los investigadores de la 'operación Oikos' dejan poco espacio a la duda. Según avanza el diario El Mundo, al menos siete jugadores del Real Valladolid estaban comprados en el presunto amaño del último encuentro de la pasada Liga entre el conjunto pucelano y el Valencia. El cuadro ché venció por 0-2 para obtener la última plaza que da acceso directo a la Champions League y dejar fuera al Getafe.
En los pinchazos telefónicos del caso, Carlos Aranda, uno de los principales implicados en el caso según la Policía, asegura: "Había siete jugadores comprados, nada más". La Policía también ha interceptado llamadas entre Aranda y un amigo en el que le recomienda que apueste a la victoria del Valencia en ambas mitades. El partido acabó 0-2, con goles del Valencia en el minuto 36 y en el 52.
La transcripción, a la que ha tenido acceso el citado diario, es una de las pruebas esenciales de cargo contra Aranda, que la pasada semana abandonó la prisión de Zuera (Zaragoza) junto a otro de los presuntos cabecillas, el ex madridista Raúl Bravo, tras depositar los 100.000 euros de fianza fijados por el juez.
A la salida del recinto penitenciario, Carlos Aranda afirmó: "Nos han metido a los que menos culpa tenemos de todo", a la vez que reconoció que estos días habían sido difíciles y duros "por la familia más que nada". Sobre las declaraciones de su abogado de que no saben porqué los han implicado, el malagueño declaró que "por eso estamos aquí, porque no lo saben ni ellos".
La Operación Oikos, llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se saldó la pasada semana con 10 detenidos, aunque solo seis pasaron a disposición judicial.
Todo comenzó tras la denuncia de LaLiga en mayo de 2018 por presuntas irregularidades detectadas en el partido que disputaban el Huesca contra el Nástic de Tarragona y su relación con las apuestas deportivas. Precisamente, el amaño de este partido de Segunda División llegó a disparar las apuestas, hasta el punto de que el volumen de dinero llegó a ser hasta 14 veces más elevado al normal para esa categoría.
Ese encuentro acabó con victoria del Nàstic (0-1) sobre el Huesca. El equipo oscense ya había ascendido a Primera División, y el Nàstic peleaba por la salvación. El Comité de Competición incoó un procedimiento disciplinario extraordinario a ambos equipos.
Tras la denuncia de LaLiga, la Policía abrió una investigación, tiró del hilo y descubrió que al menos otro partido, el celebrado hace exactamente diez días en el Estadio José Zorrilla, también había sido amañado. En ese encuentro, el equipo local, que ya había logrado matemáticamente su salvación en Primera División, perdió ante el Valencia por 0-2. Ambos goles llegaron tras groseros errores defensivos del cuadro local.
Dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, la operación se saldó con la detención de varios futbolistas, como el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y Borja Fernández, del Real Valladolid Club de Fútbol y que se retiró recientemente tras jugar las dos últimas temporadas en el equipo pucelano y ser su capitán. La Policía sospecha que Borja concertó el amaño en una reunión presencial con Raúl Bravo y, posteriormente, en otra con varios compañeros de equipo.
Asimismo, en Ibiza, donde se encontraba de vacaciones, fue arrestado e interrogado Samuel Sáiz, jugador del Getafe.
Otros arrestados fueron Carlos Aranda, exjugador de varios equipos de Primera División; Íñigo López, jugador del Deportivo de La Coruña; Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca -quien posteriormente dimitió-, y Juan Carlos Galindo Lanuza, jefe de los servicios médicos del mismo club.
También se produjo la detención de Carlos Caballero, centrocampista que milita actualmente en el CF Fuenlabrada procedente del Córdoba. Según informaron a Efe fuentes próximas al caso, el jugador prestó declaración ante la Policía y fue puesto en libertad durante la noche.
El modus operandi
La investigación, según la Policía, permitió corroborar que los investigados alcanzaron acuerdos con diferentes jugadores para "amañar" esos dos partidos, mientras que otro de Tercera División resultó infructuoso, aunque los jugadores implicados se comprometieron a compensar las pérdidas realizando otro en el futuro.
Según la Policía, la manipulación de los encuentros se realizaba en varias fases. En la primera se seleccionaban los partidos, bien del inicio de la liga o de su final. Después, se intentaban pactar apuestas combinadas -resultados parcial y final, resultado final y córneres, por ejemplo-, lo que les permitía incrementar notablemente los márgenes de ganancia.
Asimismo, llevaban a cabo un proceso de captación, con una primera aproximación de tanteo a algún miembro de la plantilla, preferiblemente a uno de los capitanes.
Una vez aceptado el amaño, el pago a los jugadores implicados se producía siempre en metálico y en dos fases: una previa al encuentro y otra una vez producido el resultado pactado.
Los responsables de la organización eran los encargados de anticipar el dinero correspondiente al primer pago a los jugadores y a las apuestas.
Por su parte tanto la Sociedad Deportiva Huesca como el Real Valladolid se desmarcaron de la operación y ofrecieron su colaboración a las fuerzas de seguridad para luchar contra la corrupción en el fútbol.
Mientras, el Valencia CF aseguró que la entidad es "ajena" a "supuestos amaños de partidos" y anunció que adoptará "medidas legales" contra los que difundan "cualquier rumor o noticia infundada" que vincule al club con esos asuntos.
Desde los detenidos, uno de ellos, el jugador del Valladolid Borja Fernández, pidió, a través de sus allegados, que se crea en él y en su presunción de inocencia. Un derecho al que también apeló la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que mostró su "total respeto por la investigación" policial y ha exigido "respeto para las personas" investigadas.
Durante la temporada 2017-2018, LaLiga presentó unas 39 denuncias, entre ellas la que ha permitido las actuaciones de hoy, y se personó en 9 causas judiciales relacionadas con posibles amaños de encuentros, según los datos de la patronal de los clubes.
La persecución de estas prácticas ilegales llevó a la detención en ese periodo de 53 personas como consecuencia de las operaciones judiciales Pizarro y Cortés, fruto de las denuncias de 31 partidos.
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