La defensa de David Serrano, único investigado en el "caso Julen" -el niño que murió al caer a un pozo de Totalán (Málaga)- ha presentado concurso de acreedores al asegurar que su cliente "está técnicamente en una situación de insolvencia". El letrado ha presentado la demanda de solicitud de concurso voluntario de deudor de persona física ante el Juzgado de Primera Instancia de Málaga y además ya ha entregado una copia ante el instructor de la causa penal, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga.

La defensa de David Serrano ha explicado a Efe que presenta dicha solicitud "ante la avalancha de reclamaciones" contra su cliente y señala que no puede "ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa". El representante legal ha recordado que únicamente en concepto de indemnización por las labores de rescate la instructora ha ordenado la consignación de 885.310 euros, pero a ello habrá que sumar las sanciones administrativas a las que pudiera ser condenado a pagar.

Dichas sanciones administrativas serían las derivadas de no haber solicitado la licencia de prospección del sondeo, además de aquellas cantidades que pudieran reclamar los padres de Julen, como indemnización por daños y perjuicios. En la solicitud de concurso voluntario de deudor persona física, a la que ha tenido acceso Efe, se destaca que David Serrano es insolvente, que está desempleado actualmente y no percibe prestaciones por desempleo ni subsidios.

Por todo ello, en el escrito se afirma que le resulta "imposible" atender al requerimiento de la jueza (885.310 euros), "no digamos ya para una persona de extracción humilde". El pasado septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra David Serrano y le impuso el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.310 euros.

Este importe es para responder ante posibles indemnizaciones en el caso de que sea condenado por un presunto delito de homicidio por imprudencia y la magistrada fijó la fianza atendiendo a la estimación que la Junta de Andalucía hizo del coste de los trabajos de rescate (663.982,45 euros). La jueza acordó el juicio oral al concurrir indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave.