Más de 116.000 personas con discapacidad trabajaban en España en 2018. De ellas, cerca de 83.000 lo hacían en los llamados centros especiales de empleo (CEE), entidades orientadas específicamente a la integración de estas personas y caracterizadas principalmente por dos cuestiones. La primera, que al menos el 75% de su plantilla deben componerla personas con un mínimo del 33% de discapacidad y por otro, que por ello reciben bonificaciones y otras ventajas del sistema.

España cuenta aproximadamente con 2.100 centros de este tipo, de los que el 65% son de tipo empresarial y el restante 35%, de iniciativa social. Centros que llevan conviviendo desde que hace tres décadas nació este tipo de iniciativas pero cuya coexistencia está desde hace unos meses afectada por un conflicto, principalmente salarial.

Un conflicto que, según una de las principales patronales del sector, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE), “pone en peligro 40.000 empleos”. Así lo cree el presidente de la entidad, Ángel Luis González Olivares, entidad que ha impugnado el convenio ante los tribunales. De momento, la Audiencia Nacional ha desestimado su recurso y el caso irá al Supremo.

El problema surge del nuevo convenio colectivo, el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que se publicó el pasado 4 de julio de 2019 en el BOE y que establece una diferenciación entre los CEE de carácter social (propiedad de entidades sin ánimo de lucro) y los de carácter empresarial (iniciativas empresariales). Así, establece dos criterios a la hora de pagar a los trabajadores: las entidades sociales pueden establecer los salarios según el convenio de CEE mientras que los empresariales han de pagar según los convenios del sector al que corresponda la actividad del trabajador (limpieza, hostelería…) y que son, por lo general, más altos.

"El convenio colectivo de la discapacidad es incorrecto en la medida en que no protege y retribuye por igual a todos a los trabajadores de los centros especiales de empleo”, denuncia también José Luis Antolín, vicepresidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), que también aúna a centros especiales de Empleo. “Se rompe con el principio de a igual trabajo le corresponde igual salario y, además los convenios de cada sector no contemplan la realidad de los trabajadores que presentan una discapacidad”.

La Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) es de las patronales  que sí han firmado este convenio y se muestran de acuerdo con la diferenciación salarial. Su gerente, Raquel Manjavacas, afirma que “no son comparables los centros de iniciativa social, cuya finalidad es la inserción laboral de personas con discapacidad y que no tiene que reinvertir todos sus beneficios en la propia inserción, de la iniciativa empresarial”. Para la responsable de AEDIS, además, el hecho de que los trabajadores de CEE sociales puedan cobrar menos que los de iniciativa privada “se justifica en que los CEE sociales ofrecen un acompañamiento mucho más allá del que se ofrece en los empresariales, ya que tienen cubierto mucho más allá de su periodo laboral, por ejemplo si entran en un proceso de envejecimiento prematuro y ya no pueden trabajar, se les ofrecería otro tipo de ayuda”.

Esto es algo que cuestionan otras patronales como CONACEE, cuyo presidente considera que "si hay otro tipo de prestaciones asociadas en estas fundaciones son independientes al CEE".

El resultado de este conflicto, de momento, es que la diferenciación salarial está paralizada hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo y que, según las patronales no firmantes, se ponen en riesgo muchos empleos. En el sector, la polémica persiste y la mayoría de las entidades está en desacuerdo con el convenio.

Por último, las patronales que están contra la diferenciación entre los distintos CEE según su entidad jurídica denuncian también que establecer dos baremos salariales distintos hace que peligrar la competencia justa entre ambas entidades, agravada por el hecho de que "determinados concursos de la Administración pública están reservados a las entidades con carácter social, por lo que excluye de entrada a los trabajadores de centros de carácter privado".