El Gobierno amenaza con llevar al Gobierno de Murcia a los tribunales si no retira de inmediato el polémico pin parental. Así lo ha asegurado este viernes tras el Consejo de Ministros la ministra de Educación, Isabel Celaá.

El Ejecutivo ya ha enviado un requerimiento al Gobierno autonómico para que retire la medida propuesta por Vox, que consiste en implantar el llamado pin parental. Este tiene por objetivo que los padres puedan rechazar la asistencia de sus hijos a actividades externas relacionadas con cuestiones morales, religiosas o ideológicas en los centros educativos.

"El pin parental vulnera el derecho fundamental a ser educado", ha incidido la ministra. "No estamos hablando de actividades voluntarias sino complementarias que son currículum básico y son aquellas actividades que determina el Consejo del centro y se aprueban en el Consejo escolar donde tienen presencia las familias y por tanto forman parte del derecho fundamental de las personas a ser educadas", ha añadido.

El pin parental, comparado con los antivacunas

Celaá ha comparado esta iniciativa con los antivacunas: "Si este pin parental fuera considerado podríamos llegar a absurdos como que surgiera un grupo antivacunas que no quisiera que sus hijos fueran educados en la importancia terapéutica de las vacunas".

La iniciativa está dirigida principalmente hacia charlas y talleres sobre la homofobia, diversidad LGTBI y la violencia de género que, por otra parte, son contenidos curriculares contemplados en las leyes autonómicas que tienen como objetivo educar en la diversidad. En cuanto a lo relativo a la violencia de género, también ha intervenido la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha incidido en que el pin parental "supone la ruptura del pacto de Estado contra la violencia de género".

El Ministerio ya dejó caer ayer la amenaza de acudir a los tribunales. Recordemos que la región ha enviado a los centros educativos esta medida, aprobada por el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos a iniciativa de Vox y como requisito para apoyar sus presupuestos autonómicos.