Tras 30 años criando chihuahuas de forma ilegal y sometiendo a los canes a unas condiciones pésimas, ya que los tenía encerrados en un zulo construido bajo tierra y a algunos les llegaba a amputar las cuerdas vocales para atenuar los ladridos, Adolfo G., de 56 años, ha sido detenido por la Policía Nacional. Junto a él, también han sido arrestadas su pareja, un experto informático encargado de toda la infraestructura de comercialización de los animales, y dos veterinarios que trabajan en clínicas legales de Madrid, pero que, a su vez, proporcionaban de forma ilegal las cartillas de inscripción, vacunas y demás documentación para dar la apariencia de que todo cumplía la normativa.

Los agentes de la Unidad de Medioambiente, Consumo y Dopaje encargados de la Operación Escobar estiman que la red montada por Adolfo habría ganado al menos dos millones de euros vendiendo estos perros, sobre todo de la raza Chihuahua, pero también de Pomerania (más caros aún) en un chalé de Arganda del Rey, en Madrid. Solo desde 1990 había dado de alta 1.400 perros en la Real Sociedad Canina de España, lo que suponía por el pedigrí un plus de dinero en cada ejemplar, a pesar de que no figuraba registrado ningún lugar legal de cría a sus nombres. El precio de venta de cada animal estaba entre los 1.300 y los 3.000 euros.

La Operación Escobar se inicia hace justo un año cuando una denuncia anónima que alerta de fuertes olores y ladridos lleva a los agentes hasta una vivienda de Meco. La Policía rescata a doce chihuahuas de la casa empleada como criadero sin contar con los permisos preceptivos para la tenencia y venta de animales. Tras los análisis veterinarios, las pruebas determinaron que los perros tenían cortadas las cuerdas vocales, con la finalidad de atenuar el ladrido y no alertar a vecinos.

La Policía constató que esta vivienda estaba asociada a una página web y a varios perfiles en redes sociales donde se ofertaban los animales y complementos para su cuidado, por lo que tiró del hilo. Tal y como han relatado el comisario jefe de la unidad, Enrique Juárez, y el inspector jefe Juan José Castro en rueda de prensa, los agentes descubrieron que este primer criadero era en realidad una "sucursal" del criadero ilegal principal, situado en una vivienda en Arganda del Rey, donde vivía el líder con su pareja.

Hasta este chalet céntrico en el municipio del sureste de Madrid acudió la Policía el pasado noviembre. Rescató a 258 chihuahuas y pomeranias y detuvo a los cinco implicados acusados de delitos de organización criminal, maltrato animal y falsificación documental. Los perros se encontraban en jaulas dentro de una estancia zulo que el principal detenido había construido en un sótano de su vivienda, un habitáculo que tenía tres zonas diferenciadas: la de cría (con los cachorros de menos de un mes y las hembras embarazadas); la zona de ejemplares para la venta y la zona de perros que estaban listos para criar.

Los animales se encontraban en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad, además que la cría indiscriminada sin ningún tipo de control veterinario habría generado múltiples afecciones a las hembras. Además, entre los canes intervenidos, los agentes hallaron dos crías muertas, congeladas y envueltas en papel de periódico. Los dos veterinarios detenidos y que trabajaban para clínicas legales en la localidad de Leganés y el barrio madrileño de Moratalaz eran los que facilitaban al criador las vacunas o los chips preceptivos y los que amputaban las cuerdas vocales a los animales.

La venta se realizaba por internet y la entrega del perro era, o bien en persona o por paquetería. El comprador adelantaba un 20 por ciento del precio por transferencia y el resto ya en efectivo a la entrega. La Policía no da por cerrada aún la investigación, ya que sospecha que existen más "sudelegaciones" del criadero distribuidas por España.