María (nombre ficticio) llegó a España en 2005 desde un país latinoamericano. Lo hizo sin papeles y estuvo algún tiempo buscándose la vida hasta que encontró el amor junto a un español y tras casarse pudo empezar a trabajar. Desde entonces y durante una década, María se ha levantado cada mañana pensando en labrarse un futuro y enviar dinero a su hija, que sigue en Latinoamérica.

Los madrugones no le costaban pero sí mantener una relación de pareja que, día a día, se iba acabando. Mientras iba prosperando en lo laboral - María entró a trabajar en Clece, filial de ACS, en 2017 - su relación terminaba de deteriorarse y en marzo de 2019 ocurrió lo que más temía. Su ya expareja no colaboró en la firma necesaria para la renovación de su tarjeta de residencia y empleo y María se vio, de repente y tras 10 años trabajando, sin la documentación necesaria para cotizar en la Seguridad Social.

De repente, todo su mundo se derrumbó: "Caí, prácticamente, en una depresión; me quedé sin nada y tuve que empezar desde cero", explica María. Su situación, sin embargo, no es una excepción. Por distintos motivos, personas que trabajan en España con su documentación en regla, la pierden y se ven abocados a la exclusión social. "En el área donde trabajo, en Cataluña, tuvimos cuatro casos el año pasado y las dificultades para salir adelante son muchas", reconoce Olga Giner, encargada de la Unidad de Apoyo de Clece en esa zona.

Y es que la salida de María pasaba por conseguir un permiso de trabajo basado en su arraigo social. "Para ello le exigen un contrato laboral indefinido con un salario de al menos 900 euros mensuales, además de informes favorables y un nivel de catalán", explica Giner, que fue quien coordinó desde el principio la ayuda a María.

Del lado de Clece, al quedarse María sin papeles, la pusieron en contacto con una asesoría jurídica y se encargaron de la burocracia correspondiente, que, entre otras cosas, obligaba al abono de una tasa de algo más de 200 euros y quedarse esperando a María con el contrato indefinido, sin saber cuándo conseguirá los papeles y podrá incorporarse al puesto de trabajo. "Nosotros lo hicimos porque María es una excelente trabajadora y queríamos ayudar a una persona que es, además, un valor para nosotros. Pero sabemos que es complicado, tanto a nivel económico como de disponibilidad, que una empresa pequeña pueda apostar así por alguien", añade Giner.

A la empresa que quiera ayudar a María a recuperar sus papeles le exigen el pago de tasas y ofrecerle un contrato indefinido aún sin saber cuándo podrá incorporarse

Tan complicado es el camino que, pese a cumplir con los requisitos a nivel de documentación y contrato, María vio hace unos meses como denegaban su solicitud y tenía que volver a intentarlo. "He gastado todo lo que tenía y me han obligado a recomenzar de nuevo. Además, he tenido que pagar en tasas, traducciones y renovación de documentación más de 100 euros", lamenta María.

El último intento lo realizó hace algunas semanas pero la cita para confirmar si podrá volver a tener la documentación necesaria para trabajar en España de forma legal es para junio. "Aún quedan cuatro meses, es muy complicado sobrevivir así", afirma María, que lo hace gracias a la ayuda que recibe y con la que consigue subsistir con la mirada puesta en junio.

Esta problemática afecta también a personas que llegan en principio con visados de estudiante o estatus de refugiados. Múltiples causas que desencadenan situaciones de inestabilidad que, sin los apoyos necesarios, pueden conducir a los afectados a la exclusión laboral. "Abonar las tasas o esperar a trabajadores que pasan por esta situación no es nada fácil y deja a los trabajadores migrantes en clara situación de discriminación", reconoce Giner.