España afronta la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con 1.046 mujeres asesinadas por violencia machista desde que se comenzaron a recopilar datos en 2003. Un total de 13 han sido asesinadas en los primeros meses de 2020. En este contexto, la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, presenta hoy ante el Consejo de Ministros su anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. "España vive un momento de pujanza de un movimiento feminista plural y diverso que en los últimos años ha mostrado una capacidad de movilización que nos interpela como representantes públicos", señaló Montero en la segunda sesión de la comisión del área del lunes pasado.

La primera ley impulsada por Unidas Podemos desde que entrase en el Gobierno llevará el sello de la ministra de Igualdad, quien afirmó que le da a esta normativa una "importancia extrema" ante la existencia de un "retroceso discursivo y práctico en materia de derechos humanos que afecta especialmente a las mujeres".

La 'Ley Montero' ya ha motivado discrepancias dentro del propio Ejecutivo y en las esferas judiciales, dado que invade competencias autonómicas, regula aspectos reservados a la norma de la infancia, competencia de Pablo Iglesias, y colisiona con la ley de violencia de género de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. La Ley de Libertad Sexual incorpora ciertos cambios que alterarán la literatura jurídica actual.

Penas en función del consentimiento

El núcleo central de la reforma del Código Penal que propone esta ley es la valoración de la culpabilidad del agresor a raíz de si la mujer manifestó o no de forma expresa su consentimiento "libre, revocable y para unas prácticas concretas" de cara a mantener una relación sexual. De esta forma, dejaría atrás el criterio de evaluar el propio tribunal si hubo violencia o intimidación. Si no hay permiso expreso, hay agresión. Esta novedad evitaría diferencias de criterio como la que hubo en el caso de 'La Manada'.

Según Irene Montero, esto ayudaría a que los jueces vean los casos "con claridad", para evitar así que aplicasen una "pena menor a la que correspondería". Asimismo, permitiría "llamar a las cosas por su nombre", señala Montero, en relación a la polémica que causó la aplicación de una pena por abuso en lugar de una por agresión a quienes participaron en la violación grupal de Pamplona el 7 de julio de 2016.

Reconocimiento de todas las violencias sexuales como agresiones machistas

La ministra ha destacado que este anteproyecto de ley "amplía el foco" de los delitos sexuales, puesto que "reconoce las violencias sexuales como violencias machistas".

Montero aseveró ante la Comisión de Igualdad que la Ley de Violencia Machista, aprobada con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es en ocasiones inexacta, dado que "el cómputo de las víctimas no es completo". La norma de 2004 incluía "los asesinatos cometidos en el ámbito de la relación de la pareja o la ex pareja", recordó la ministra, pero dejaba fuera "casos de asesinatos machistas que se dan en otras circunstancias", como el de Laura Luelmo, que fue agredida sexualmente y ejecutada por su vecino Bernardo Montoya, con el que no había tenido apenas contacto.

Otra de las novedades que incorpora la 'Ley Montero' en este sentido es que se aplicarán agravantes contra el agresor si éste es pareja o ex pareja de la víctima. En este sentido, la norma muestra una clara influencia del artículo 46 del Convenio de Estambul que España ratificó en el año 2014, por el que se establecen penas más severas a quienes cometan un delito "contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo".

Este es el punto más polémico, ya que este cambio de tipificación a agresión sexual no traería consigo un aumento de las penas. Según detallan fuentes de la negociación a El País, la pena mínima por agresión sexual pasaría a ser de uno a cuatro años, en lugar de entre uno a cinco años como estipula el Código Penal en el artículo 178. La agresión con penetración o similar (vía vaginal, anal o bucal o introducción de objetos) sería de cuatro a 10 años frente a la horquilla de seis a 12 que contempla actualmente el Código en el artículo 179.

La ministra, ante preguntas de los periodistas durante la exposición 'El voto de las mujeres' de este lunes, ha asegurado que es "inexacto" decir que el texto rebaja las penas a agresores sexuales, porque "hay penas que se introducen" o, en el caso de las penas de acoso, por ejemplo, "todas suben".

Sin embargo, en una entrevista a El País, la titular de Igualdad apuntó, al ser preguntada por este asunto, que "el movimiento feminista siempre ha dicho que no tiene una reivindicación punitivista", sino que "la solución es la educación". "Para erradicar las violencias machistas lo fundamental no es un Código Penal más duro, sino una sociedad que pone freno", aseguró.

Centros 24 horas para las víctimas

La norma que lleva hoy Montero al Consejo de Ministros establece la creación de centros de atención integrales para las "víctimas que han sufrido algún tipo de agresión sexual tanto en el pasado como recientemente". Estos espacios funcionarán durante las 24 horas del día y estarán especializados en atención e intervención de violencias sexuales.

El primer centro de estas características fue inaugurado en diciembre de 2019 en Madrid. Su objetivo es ofrecer el acompañamiento y asesoramiento profesional de equipos interdisciplinares formados por psicólogas, educadoras y trabajadoras sociales, además de juristas expertas en violencia sexual. Este personal se encargaría de informar a las mujeres de las alternativas y recursos que tienen a su disposición, así como sobre sus derechos como víctimas de violencia sexual.

Desaparecerá el concepto de abuso y se endurecerán las agresiones colectivas

Manifestación del Día Internacional de la Mujer.

El anteproyecto de ley presenta la eliminación del término abuso sexual para pasar a considerar todos los actos como agresiones sexuales al no haber un consentimiento expreso por parte de la mujer. Hasta ahora, se establecían como violación los casos en los que exista penetración sin consentimiento. 

Asimismo, la Ley de Libertad Sexual endurecerá las penas para los hombres que participen en una violación colectiva, dado que no se contará como una sola agresión sexual, sino que se juzgarán tantas como el número de integrantes que la hayan cometido. A su vez, el uso de fármacos, drogas u otras sustancias para anular la voluntad de la víctima añadirá agravantes a la pena del agresor.

Al anteproyecto de ley que presenta la ministra de Igualdad le queda todavía mucho camino por recorrer. Un total de 23 puntos, casi la mitad de los 60 del proyecto, y dos disposiciones reproducían de manera prácticamente idéntica artículos vigentes de otras normas. El borrador exhibía además errores formales, dado que se utilizaban palabras que no figuran en la RAE, como "interseccional" o "revictimizar", presentaba en mayúscula letras que debían escribirse en minúscula y las referencias numéricas aparecían en número, en lugar de con letra.

Una vez sean corregidos estos errores y después de iniciar los trámites en el Consejo de Ministros de este martes, el boceto de la Ley de Libertad Sexual pasará por distintos órganos consultivos y retornará al propio Consejo de Ministros para que sean evaluadas las nuevas apreciaciones que éstos hagan. Una vez listo, el texto se mandará al Congreso de los Diputados y, por último, al Senado, donde el Gobierno de coalición necesitaría los apoyos del PNV (10) y del Grupo de la Izquierda Confederal (6) o los de ERC (15) para alcanzar la mayoría absoluta y ratificar definitivamente la ley.

No obstante, la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales que implicaría la aprobación de la Ley de Libertades Sexuales lleva consigo un arduo proceso, ya que inició su andadura a raíz de la polémica sentencia a 'La Manada' de Pamplona.