El Gobierno portugués anunció el viernes pasado que va a otorgar temporalmente a los inmigrantes y solicitantes de asilo que tuviesen demandas pendientes en el Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) antes del 18 de marzo, momento en el que se decretó el estado de emergencia en el país por la crisis del coronavirus, la misma cobertura de derechos de la que disfrutan todos los ciudadanos lusos.

"Es en estos momentos cuando se hace aún más importante garantizar los derechos de los más frágiles, como es el caso de los migrantes", declaró a Público el ministro de Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrita.

Los migrantes, que deben probar con los documentos del SEF que ya han realizado las solicitudes, tendrán derecho a partir de ahora en el país vecino a acceder a atención médica a través del Sistema Nacional de Salud, así como a beneficios de apoyo social. Podrán abrir cuentas bancarias y firmar de contratos de arrendamiento y de trabajo, y además las visas y documentos que expiraron después del 24 de febrero serán válidos hasta el 30 de junio.

El Consejo de Ministros portugués explicó que tomó esta decisión con el objetivo de "reducir los riesgos para la salud pública" de los agentes fronterizos y de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Las oficinas del SEF, también las instaladas en las fronteras, echaron el cierre este lunes, a excepción de los puestos de pasaportes de los aeropuertos de Oporto y Lisboa.

"Se trata de una manera de resolver una situación que se había quedado empantanada administrativamente y que en estas circunstancias no podía resolverse", señala para El Independiente Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la UAM.

Los migrantes no quedan exentos de cerrar los procesos iniciados con anterioridad al estado de emergencia, según informa el diario Público. Deberán esperar a que el SEF contacte con ellos para abrir una solicitud a partir del 1 de julio, momento en el que previsiblemente se reabrirán las oficinas del servicio de Extranjería.

La decisión del Gobierno que dirige António Costa, que forma parte del paquete de respuesta contra el Covid-19, fue una respuesta a la carta que 20 asociaciones le enviaron a la Secretaria de Estado de Integración y Migración, Cláudia Pereira, expresando su preocupación con la situación de los inmigrantes en Portugal y por la incertidumbre ante lo que ocurriría con sus trabajos.

La medida favorece principalmente a la comunidad brasileña, ya que la conforman unas 150.000 personas de un total de medio millón de migrantes que recibe Portugal. Además, también se verán especialmente beneficiados el sector de la construcción y al agrícola, con mucha mano de obra proveniente de Asia en el sur del país.

Este lunes, en Portugal había 7.443 casos confirmados de coronavirus y habían fallecido 160 personas infectadas, según revelan los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Consejo de Europa: "Es una buena práctica"

Esta nueva medida, que se traduce en una especie de permiso de residencia temporal para los migrantes irregulares en suelo portugués, ha sido alabada por el comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, que dijo de ella que era una "buena práctica".

Queda ahora por ver si se hace extensible a otros países de la Unión Europea, aunque el profesor Rivero puntualiza que "la medida es razonable en el contexto portugués", ya que "Portugal es un país donde los números de la inmigración son pequeños y no hay ningún fenómeno de inmigración irregular como el que puede verse en España, Italia, Grecia u otros países europeos".

Cuestiones por resolver

El SEF aún no ha proporcionado el número de inmigrantes con solicitudes pendientes ni la cifra de personas que se van a ver beneficiadas por esta medida. Según opina Ángel Rivero, "aunque habría que saber a cuánta gente afecta, creo que serán pocos los que se queden fuera, porque realmente hay poca inmigración en Portugal y la mayoría habrán solicitado la residencia, por lo que la cifra de los que quedarán fuera de la medida será marginal".

El Gobierno luso aún tiene pendiente aclarar qué ocurrirá con aquellos que no hubiesen iniciado los trámites de residencia antes del estado de emergencia. Entre los que se han quedado fuera del sistema del SEF se encuentran muchas personas que están recopilando documentación para poner en marcha la solicitud de residencia, aunque también destacan los casos de quienes están esperando desde hace meses a recibir el informe de antecedentes penales de su país, según informa Público.

Asimismo, las autoridades deberán asegurar las buenas condiciones de una población muy vulnerable, dado que algunos "viven en contenedores o en casas donde varias personas duermen en una habitación (...) es una situación arriesgada", afirmaba para Diário de Notícias Alberto Matos, de la asociación Solidariedade Imigrante.