Los alumnos de Secundaria de 12 comunidades autónomas, además de los de Ceuta y Melilla, podrán promocionar y graduarse con criterios distintos a los tipificados en la LOMCE, en un curso marcado por la crisis sanitaria y la enseñanza online. Asimismo, 11 de esas regiones y las dos ciudades autónomas han modificado también sus normas para el Bachillerato.
En números, 1.133.350 alumnos de ESO y 222.722 estudiantes de Bachillerato han sido calificados "con criterios dispares y no comunes". Así lo refleja en un reciente estudio la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que afirma que Andalucía, Castilla y León, Madrid, Murcia y País Vasco -a las que se suma Cataluña en el caso de las titulaciones de Bachillerato- son las únicas comunidades que seguirán la norma básica de Educación.
El estado de alarma decretado para centralizar la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 trastocó también la normalidad de los planes educativos de las regiones. Después de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Educación, las consejerías de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia, llegaron al acuerdo de idear ellas mismas distintas fórmulas para titular y promocionar sus estudiantes.
El Ministerio, con Isabel Celaá a la cabeza, y las comunidades llegaron, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación (CSE), a una serie de acuerdos para orientar el desarrollo del tercer trimestre del actual curso 2019-2020 y del inicio del 2020-2021. Varias Consejerías disintieron de las directrices fijadas para la evaluación, promoción y titulación del alumnado, por lo que Educación no consiguió establecer una vía común y dejó en manos de las regiones "la posibilidad de introducir cambios normativos, pero sin una base jurídica y administrativa en la que apoyarse", afirma la USIE.
La ministra de Educación aseguró en una comparecencia hace varias semanas que «la repetición este curso», en el que no habrá un aprobado general, como se malinterpretó en un principio, «será una medida muy excepcional que deberá estar sólidamente justificada», y parece que todas las comunidades coinciden en este punto.
La Unión Sindical dice en su estudio que, en estas circunstancias, debería prevalecer "la preservación del principio constitucional de igualdad", en un Estado "descentralizado como el nuestro y tratándose de un derecho fundamental como es la educación". Reclaman que las Administraciones educativas tendrían que haber proporcionado "una respuesta coordinada para afrontar el funcionamiento del sistema".
"En Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, País Vasco y Murcia, los alumnos van a titular en ESO respetando lo que dice la ley, con, como máximo, dos materias suspensas, siempre y cuando esas materias no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas", explica para El Independiente el autor de este estudio, Javier Fernández. "Las demás [lo harán] a la carta, algunas con dos [asignaturas], algunas con tres, algunas no establecen límites. Por lo tanto, cada comunidad tendrá criterios distintos, cuando el Gobierno, según el artículo 149 de la Constitución, tiene la competencia exclusiva de fijar las condiciones que regulan la obtención de los títulos oficiales", afirma el portavoz.
Desde la Junta de Extremadura, una de las regiones que han aplicado modificaciones, reflejan en declaraciones a El Independiente que durante este curso "de forma excepcional, se puede obtener el título de Bachillerato o de Ciclo Formativo de Grado Superior con alguna materia suspensa bajo la decisión colegiada del correspondiente equipo docente de cada centro educativo". La LOMCE decreta que los alumnos de segundo de Bachillerato no pueden arrastrar ninguna asignatura suspensa para presentarse a la Selectividad, que este año se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio por la incidencia de la pandemia en nuestro país.
En Galicia, sin embargo, "cualquier alumno que se presente a las pruebas de la EBAU tiene que haber obtenido previamente el título de Bachillerato", indican, aunque matizan que "los centros educativos podrán flexibilizar, de manera excepcional, los criterios para la obtención del título, sin tener en consideración las limitaciones que afecten al número de materias no superadas, cuando a juicio del equipo docente, el alumno o la alumna tenga adquiridos suficientemente los objetivos generales de etapa que le permitan continuar su itinerario académico".
Por su parte, Asturias flexibiliza también los criterios para obtener el título de ESO o Bachillerato al estipular que no se tendrán en cuenta "las limitaciones que afecten al número de materias no superadas", mientras que Cataluña -sólo en la graduación de Bachillerato-, Andalucía, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Murcia han optado por cumplir la norma básica de Educación.
La orden ministerial, en la que se apoyan estas modificaciones, certifica la desigualdad administrativa, académica y educativa, según el estudio de Fernández, y ahonda una fractura ya de por sí existente en el sistema educativo. El portavoz de la USIE afirma que estos cambios pueden ser contraproducentes a la hora de obtener un mejor expediente académico, ya que "si un alumno tiene suspensos y titula, la media va a salir peor".
Javier Fernández asegura que la falta de un real decreto ley que modifique la Ley Orgánica de Educación ha llevado a unas "normas muy ambiguas" que aportan "una inseguridad jurídica total" y que "están generando agravios evidentes".
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