El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, presentarán este lunes en Marbella (Málaga) el plan de playas seguras de Andalucía, que supone, entre otras medidas, la incorporación de 3.000 auxiliares para garantizar la seguridad en las playas durante el verano debido a la pandemia del coronavirus.

Esos auxiliares, que han sido contratados a través de la bolsa única de empleo de la Junta, ya estarán presentes en las playas andaluzas a partir de este lunes, según informó la pasada semana Elías Bendodo, quien precisó que 80.000 personas optaron a esas 3.000 plazas.

Concretamente, el Gobierno andaluz ha destinado unos 23,8 millones de euros a la contratación de estos 3.000 auxiliares de control de playas durante este verano para vigilar las costas andaluzas, dentro de un Plan de empleo para playas seguras 2020. El salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales incluyendo todos los conceptos salariales.

Estos auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia de cada ayuntamiento e informarán a los usuarios que accedan a la playa de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil.

También pondrán en conocimiento del Cuerpo de Policía Local del municipio las incidencias o actuaciones realizadas durante la jornada laboral; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la dirección del Cuerpo de Policía Local o, en su caso, de los servicios de Protección Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias y, por último, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.

Antes de incorporarse al puesto, han recibido formación específica en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA). Estos trabajadores dependerán de la Delegación de Gobierno de la Junta en cada provincia en la que presten servicio, donde existirá la figura de dos coordinadores para gestionar sus turnos de trabajo, incidencias, organización, en colaboración con el ayuntamiento bajo la dirección del delegado del Gobierno de la Junta.

El periodo inicialmente propuesto para este plan de empleo va del 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario.

Los requisitos que tenían que tener las personas contratadas son estar en posesión del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria.

En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos 50 horas.

Esta medida de fomento del empleo, que supone también un apoyo al sector turístico andaluz y una defensa de su buena imagen y reputación, se suma al plan económico diseñado por las consejerías de la Presidencia y de Turismo para la seguridad y limpieza en las playas, dotado con 10,5 millones de euros y que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 11.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de mayo un decreto ley para regular la elaboración por parte de los ayuntamientos de planes de contingencia individualizados frente al Covid-19 en el que se establecerán las medidas necesarias que permitan garantizar el uso seguro de las playas.

Entre las cuestiones que deberán incluir estos planes individualizados se encuentran medidas de autoprotección; carteles informativos, señalización y control de aforo; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; medidas de refuerzo de limpieza; o vigilancia. Para todo ello se destinarán cinco millones de euros.

Otra de las cuestiones que se regulan en el decreto ley son los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideración para la clasificación de las playas en tres categorías: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección (bajo, moderado o alto).

El grado de protección lo determina cada ayuntamiento y se establece en función de criterios como pueden ser, entre otros, la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.