Quim Torra confirma su desafío a la Justicia por la gestión del rebrote en Lleida. El Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha acordado en la noche de este lunes aprobar mediante decreto ley el confinamiento parcial en la comarca del Segrià.

Con esta decisión, el Govern intenta eludir la decisión de la magistrada que ha rechazado las restricciones adoptadas en las zonas más castigadas por los brotes en Lleida.

"En la norma aprobada hoy, se introduce un nuevo apartado que faculta a la autoridad sanitaria, para que en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, pueda adoptar medidas de limitación a la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales", señala el Govern en un comunicado.

"La adopción de estas medidas tiene por objeto garantizar el control de contagios y proteger la salud de las personas, adecuándose al principio de proporcionalidad", añade.

El Ejecutivo de Torra precisa que la resolución por la que se adopten las medidas concretas "podrá establecer mecanismos de graduación de las medidas en función de la evolución de los indicadores". En este sentido, recuerda que "se introduce esta habilitación legal para reforzar la seguridad jurídica a las decisiones que tome el Gobierno de Cataluña y las autoridades sanitarias competentes".

En su comunicado, el Govern recuerda que en Galicia y el País Vasco se han restringido derechos fundamentales, como el derecho de sufragio, "sin que ningún juez haya dictado que para hacer esto se necesita declarar de nuevo el estado de alarma".

"No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa", había advertido Torra horas antes. El president avanzó en la mañana de este lunes su intención de establecer un plan de rebrotes, para actuar con toda la contundencia que sea necesaria en cada rincón del país en función de los datos de la evolución epidemiológica".

La madrugada de este lunes, la jueza de guardia de Lleida Elena García-Muñoz denegó ratificar la resolución con la que el presidente catalán pretendía, «ni más ni menos, el confinamiento de toda la población de una serie de municipios», como afirmó la magistrada en su auto. Una decisión que sólo puede tomar el presidente del Gobierno bajo el estado de alarma, que permite excepcionalmente limitar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Tras la aprobación de este decreto ley, este martes se dictará nueva resolución con medidas específicas para la comarca del Segrià. "Asimismo, se pedirá de nuevo autorización judicial en el juzgado de lo contencioso administrativo de Lleida para dar toda la protección legal a las medidas que se han adoptado", señalan desde el Govern.

Escasez de rastreadores

Este lunes, mientras el Govern planeaba la manera de eludir la decisión judicial, alcaldes, médicos y expertos han clamado por la escasez de 'rastreadores' de contactos de infectados por COVID en Cataluña, donde siguen creciendo los brotes.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha informado de que en la capital catalana se han triplicado los positivos en una semana con 24 pequeños brotes, la mayoría en familias o círculos de amistades, que están controlados por lo que la situación "no es alarmante, ni comparable con la de Lleida".

Sin embargo, Colau ha revelado que en toda Cataluña hay sólo 120 'rastreadores' -encargados de localizar y hacer seguimiento de los contactos estrechos de personas infectadas-, repartidos en tres turnos de 40, de mañana, tarde y fin de semana, cifra que ha considerado como "totalmente insuficiente".