El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes un régimen sancionador que establece las multas que se impondrán por el incumplimiento de las medidas sanitarias que la Junta ha acordado para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, y que contempla sanciones que oscilan entre los 100 euros para infracciones leves y hasta 600.000 euros para las "muy graves".
Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que ha justificado el establecimiento de este régimen sancionador en la premisa de que, en esta cuestión de la pandemia, "nos jugamos la salud y la vida de las personas", además del "empleo y el horizonte laboral de miles" de andaluces.
Bendodo ha detallado el régimen sancionador aprobado a propuesta del comité de expertos que asesora a la Junta y del propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y que conlleva que incumplir las medidas en Andalucía "va a salir caro", según ha subrayado el portavoz.
Ha explicado que, para infracciones "leves" --"las que supongan un quebranto de la norma que produzca un riesgo de contagio de menos de 15 personas"--, se contemplan multas de 100 a 3.000 euros, y entre ellas figuran no llevar puesta la mascarilla --de uso obligatorio--, o usarla de forma inadecuada, para lo que se fijan sanciones de 100 euros.
Las infracciones graves van asociadas a multas de hasta 60.000 euros, y son las que entrañan "un riesgo para la salud de entre 15 y 100 personas", como la "resistencia a colaborar con los agentes de la autoridad, o el incumplimiento del deber de aislamiento sanitario".
Finalmente, para las infracciones "muy graves" se establecen multas que ascienden hasta a los 600.000 euros, y con ella se entienden "incumplimientos que puedan poner en riesgo un contagio de más de 100 personas". Entre esos comportamientos se incluyen, por ejemplo, incumplimientos de aforos en establecimientos, celebraciones de fiestas o reuniones prohibidas y que producen aglomeraciones, o el suministro de documentación falsa a las autoridades, según ha detallado el consejero portavoz.
Bendodo ha sentenciado que "no hay un remedio más eficaz en la lucha contra el virus que la responsabilidad de cada uno de nosotros", y por unos "irresponsables no se puede ver afectada una parte de la población".
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