Quedan menos de tres semanas para el inicio del nuevo curso escolar, pero las incógnitas sobre cómo será la vuelta a la actividad lectiva en los centros educativos siguen sin despejarse. Las inquietudes de los padres también se han multiplicado ante el aumento de los casos de coronavirus y la insuficiente concreción de medidas que garanticen la seguridad de los alumnos.

Un 24% de los padres prefieren retrasar el retorno de sus hijos a las aulas durante un periodo de entre cuatro y seis meses, según revela una encuesta de Ipsos sobre el impacto del Covid-19.

Sin embargo, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado que es factible retomar las clases presenciales en septiembre. "El curso escolar 2020-2021 será, si no hay una situación pandémica grave, presencial para la mayoría de estudiantes y, especialmente, los más pequeños, porque la enseñanza online ‘no funciona’ para educar", pronosticó la ministra el pasado mes de junio.  

Ya entonces, el Ministerio de Sanidad y el de Educación emitieron un documento donde explicaban algunas medidas a tener en cuenta de forma general para asegurar un regreso seguro, aunque dos meses y medio después todavía no existe un protocolo fijado a nivel estatal. "Durante estas semanas, las CCAA, en diálogo constante con el Ministerio de Educación y conmigo misma, están haciendo un incesante trabajo para diseñar una vuelta segura a las aulas. Los centros han preparado planes siguiendo las recomendaciones sanitarias porque la escuela es insustituible", señaló este fin de semana la ministra de Educación en su cuenta de Twitter.

El Gobierno también contempla un retorno a las aulas semipresencial para los estudiantes de Tercero, Cuarto de la ESO y Bachillerato. "Son edades entre 14 y 15 años en las que los alumnos pueden quedarse en su casa solos, sin sus padres, y pueden recibir una parte de su formación de forma telemática", citaba este martes el medio La Información en fuentes cercanas al ministerio sobre esa barrera para la educación semipresencial.

En cuanto a la Educación Infantil y Primaria, se prevé el establecimiento de los llamados grupos burbuja de hasta 25 alumnos, en los que las clases estarán aisladas del resto de alumnos con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

"Si queremos distanciar a los niños, requiere espacio o escalonar las clases en más horas a lo largo del día. Si queremos grupos de convivencia estable, que no supongan un problema importante para la salud pública, tienen que ser relativamente pequeños", apuntó recientemente Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Aun así, la competencia sobre las directrices de cara a la vuelta al cole recae sobre las autonomías, que negocian a contrarreloj un protocolo con el Ministerio de Educación para garantizar la seguridad de los estudiantes y de los profesores.

Las medidas de las comunidades autónomas

Entre las medidas ya planteadas, destaca el uso de mascarillas para alumnos mayores de seis años; la entrada escalonada al centro educativo; una ratio de entre 15 y 20 alumnos por clase; el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros y priorizar, en la medida de lo posible, las actividades al aire libre. También se prevé el aumento de la plantilla de docente durante el próximo curso y la incorporación de enfermeros.

Por otra parte, en Canarias se ha optado por retrasar la vuelta a las aulas del 9 al 15 de septiembre, mientras que en la Comunidad de Madrid los centros podrán impartir algunas asignaturas online y otras al aire libre. En Cataluña, la Generalitat invertirá 246 millones de euros para contratar a 8.258 profesionales educativos y en su protocolo se incluyen medidas de confinamiento ante un caso positivo.

En Andalucía se van a realizar pruebas PCR a los profesores después de las vacaciones de verano y se va a fijar la ratio de las clases de primaria en 20 estudiantes y en secundaria en 22. Mientras tanto, en Murcia se ha decidido que los alumnos usen un calzado exclusivo para el aula y eviten compartir juguetes.

Además, el Gobierno ha movilizado un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros entre las autonomías para afrontar la reapertura de las clases y para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad. En los próximos días, el Ejecutivo espera poder concretar todo el plan para comenzar a aplicarlo antes del inicio del curso escolar.