La pandemia golpea sin cesar a España. Desde el inicio del estado de alarma en marzo hasta el día de hoy, los contagios y los fallecimientos se han sucedido entre nuestra población. Las restricciones para contener la crisis sanitaria han supuesto un golpe certero para la economía nacional, que sigue sin encontrar el camino hacia la recuperación.
La tensión es cada vez mayor. La llegada de la segunda ola provoca el tambaleo de una sociedad en la que reina la incertidumbre. Todas las conversaciones hacen referencia a los ya famosos "qué pasará", "nos van a confinar otra vez" o "cuándo se solucionará esto". Mientras tanto, esta presión marca nuestro día a día.
España es una de las naciones a las que más ha castigado el virus. Con 769.000 casos y más de 31.000 muertes, es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia. Además, se sitúa como el sexto país del mundo con más fallecidos por coronavirus por número de habitantes. Estas cifras, como mínimo escalofriantes, vienen acompañadas de consecuencias que inquietan a los ciudadanos.
Todos los sectores laborales se han visto afectados de un modo u otro por la pandemia. Incluso un negocio concreto que haya prosperado ha tenido que adaptar su actividad en tiempo récord. Tristemente, son más los casos en los que tiendas, bares, fábricas o muchos otras empresas han tenido que cerrar definitivamente. El estado de alarma y la posterior nueva normalidad han traído consigo una serie de daños colaterales.
El Informe 2020 sobre Riesgos Futuros de AXA, recoge información muy valiosa sobre qué peligros son más temidos por la sociedad y cómo se comporta ante ellos. La conclusión más sorprendente que extraemos del análisis es que a los españoles les preocupa más perder su trabajo que enfermar de gravedad por coronavirus. El 53% de los españoles considera que hoy existen más posibilidades de perder su empleo que hace un año. En cambio, sólo el 47% cree que hoy el riesgo de caer gravemente enfermo es mayor que antes del Covid-19.
Caso Puente de Vallecas
La situación vivida este martes en el distrito de Puente de Vallecas de Madrid es un claro ejemplo de esta jerarquía de prioridades. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid citó el 29 de septiembre a unas 1.000 personas en el centro cultural Lope de Vega entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. El motivo era la realización masiva de test de antígenos para detectar casos de Covid-19 entre los vecinos del distrito.
Muchos trabajadores precarizados evitan cualquier conocimiento sobre si son positivos para conservar el puesto
La convocatoria tuvo menos efectividad de la que cabría esperar ya que sólo acudieron el 33,7% de las personas notificadas. Es decir, dos de cada tres personas antepusieron sus planes a participar en el llamamiento. Una de las principales hipótesis con la que sustentar este rechazo es la de preferir desconocer si uno está contagiado. Muchos trabajadores precarizados, con miedo a perder su empleo, evitan cualquier conocimiento sobre si son positivos para conservar el puesto. Se trata de casos donde el implicado realiza trabajos temporales o incluso sin contrato, en los que los afectados temen ser despedidos en caso de contraer la enfermedad. Esto resulta otro obstáculo a la labor de los rastreadores. En muchas ocasiones los damnificados omiten mencionar a gente con la que han estado en contacto por este mismo motivo.
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