En los últimos tres años, el número de víctimas identificadas por las autoridades entre el total de personas en riesgo de trata oscila entre el 1,4 y el 1,5%. En 2019, tan sólo 42 mujeres habían sido identificadas formalmente como víctimas de trata, de las 2.834 que se encontraban potencialmente en riesgo o que ya estaban en riesgo, según los datos que ha proporcionado la Dirección General de la Policía (hasta el 18 de julio) a Amnistía Internacional para elaborar el informe Cadenas invisibles, que se publica este jueves. Asimismo, en 2018, sólo 128 de 9.135, seis de ellas menores, de acuerdo con las cifras que aporta el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), mientras que en 2017, de las 10.111 solo fueron reconocidas como víctimas 155.

Amnistía Internacional considera que, al recaer la identificación de las víctimas exclusivamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, concretamente en las unidades encargadas de la persecución del delito, no siempre se garantiza un enfoque de género y la protección de los derechos humanos. "La identificación es el primer paso y resulta fundamental para proteger a las víctimas de trata y garantizar su asistencia, acceso a justicia y derecho a la reparación. Si no se detecta a las posibles víctimas, los siguientes pasos son inexistentes", explica Virginia Álvarez, autora de la investigación y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.

La organización se muestra preocupada por el hecho de que los estereotipos de género influyan de manera perjudicial en la labor de identificación de las víctimas de trata, puesto que muchos funcionarios policiales buscan un determinado "perfil de víctima de trata" y, si no se corresponde, lo descartan demasiado rápido. "La policía tiene que entender que muchas veces no hay cadenas físicas, sino que lo que hacen es crear cadenas mentales, nos obligan a consumir drogas y alcohol para que estemos activas, nos obligan a sonreír, a bailar, a decir que estás porque quieres, después de amenazarte o pegarte", asegura en el informe María, una víctima y superviviente.

AI asegura que en nuestro país prima la persecución del delito, lo que lleva a que las víctimas sean instrumentalizadas y vistas como pruebas para las investigaciones de las autoridades, en lugar de como personas que necesitan protección para salir completamente de una situación vulnerable. A pesar de que no existen datos desagregados, unificados y sistematizados, entre 2013 y 2019, en total sólo han sido identificadas mil de las 75.000 personas que, según el Gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual, no basándose en indicios, sino en operaciones policiales, sostiene la organización. Además, estos datos excluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o a las migrantes que llegan a las costas.

La costa española, puerta de entrada

Amnistía denuncia que la detección de posibles víctimas en las costas y otros puntos de llegada no sea una prioridad para las autoridades y pide, tal y como recomiendan otros organismos internacionales de derechos humanos, un organismo multi-agencial, con formación en género y en trata, que permita la detección temprana y mejore la coordinación entre los distintos actores que intervienen para la identificación.

"Muchas víctimas, bien por el hecho de que no se identifican como tal, o bien porque aun no han sido explotadas, podrían ser mejor protegidas si tuvieran acceso a la información y a la asistencia letrada a la que tienen derecho", señala Álvarez, que afirma que la organización para la que trabaja se ha encontrado con que "de julio a septiembre de de 2018, según el colegio de abogados de Algeciras, el promedio de asistencia fue de 3.000 personas al mes, y las asistencias se realizaron de manera colectiva, sin separar a los hombres de las mujeres. La ratio normal era de 12 personas por letrado o letrada, con un solo intérprete de la administración". "Así no se puede garantizar una adecuada asistencia para las personas migrantes y posibles refugiadas que llegan, entre las que puede haber víctimas de trata", expone.

El confinamiento ha aislado aún más a las víctimas

El confinamiento, y otras medidas impuestas como consecuencia de la pandemia, han agravado la situación de explotación y aislamiento de algunas personas vulnerables, como las mujeres y niñas migrantes en situación de explotación en el servicio doméstico, explotación sexual u otras formas de explotación.

A pesar de que Amnistía Internacional dio la bienvenida al Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del Covid-19, la organización lamenta de que pocas de estas medidas se hayan materializado, o hayan mejorado de manera notable la vida de las mujeres y las niñas víctimas de trata.

AI pone el foco en que se establezca un mecanismo de detección temprana con un enfoque multi-agencial, especialmente en los casos de mujeres migrantes que puedan presentar indicios de trata o necesitar protección internacional, con el objeto de darles información, seguimiento y apoyo. Además, solicita que el Parlamento apruebe una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos con perspectiva de derechos humanos, de género e infancia, así como que se mejore la coordinación entre las ONG expertas que están en contacto con las mujeres y las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil.