La violencia sexual es un tipo de violencia de género que cuesta más identificarla. Dentro del tabú que supone para muchas denunciarlo, a esto se le añaden los estereotipos sociales que rodean a la agresión en el imaginario colectivo. Por una parte, una vez se vislumbra con claridad todo lo que ha sucedido, muchas mujeres tienen dificultades a la hora de denunciar los hechos. Además, muchas veces no encuentran una respuesta o se las victimiza de nuevo a nivel institucional.

Yolanda Mateo, psicóloga del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas, explica a El Independiente el entorno más directo de una de las últimas víctimas que atiende puso en duda lo sucedido. Esta persona sufrió una agresión sexual cuando salió con unos conocidos. Después, tras el ataque, los primeros comentarios que escuchó eran preguntas sobre si estaba segura o no de lo que había ocurrido. "Todo esto hace que que sea muy complicado para ellas seguir adelante y plantearse la denuncia", asegura Mateo.

Desde Federación de Mujeres Progresistas trabajan con un "enfoque de acción" ante esta problemática, con sensibilización y formación especializada a profesionales en el tema. Asimismo, existen recursos a nivel institucional donde las mujeres que sufren este tipo de agresiones pueden acudir siempre en búsqueda del asesoramiento correspondiente. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un Centro de crisis para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual que funcionas las 24 horas del día. Allí son atendidas por teléfono, email, o in situ.

Un abanico de recursos

También existen ONG especializadas en el tratamiento de agresiones sexuales. Una de ellas es CIASI, centrada en abuso sexual infantil. O CAVAS, correspondiente a las siglas Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales. Por su parte, el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid (CIMASCAM) ofrece tratamiento psicológico, orientación, apoyo o asistencia jurídica a quienes sufren de agresiones o abusos sexuales.

Yolanda Trigueros, coordinadora del CIMASCAM, expone a este periódico cómo desde el 2009, año de apertura del organismo, se ha atendido a un total de 2.536 mujeres y acompañado a 1.200 familiares o personas de apoyo. "Durante el año 2020, entre intervenciones presenciales y no presenciales hemos realizado más de 5.666 intervenciones en el área social, jurídica o psicológica", detalla. "En el 87% de los casos los agresores son personas conocidas o cercanas a las víctimas".

"En el 41% de los casos los agresores son familiares, y en el 68% de los casos la violencia sexual sucede en domicilios privados. De hecho, el 55% de los casos nuevos que atendimos en 2020 eran en relación con abusos sexuales sufridos en la infancia", asevera Yolanda. "La mayor parte de la violencia sexual es ejercida por personas conocidas y en lugares 'seguros' para las víctimas. Esto contrasta con la idea que tiene gran parte de la gente de la violación por un desconocido, en un callejón aislado a altas horas de la madrugada".

Tu palabra contra la mía

En esta línea, Trigueros subraya que el mayor miedo es "no ser creída". "Se confirma cuando se le cuestiona a lo largo del proceso judicial por ejemplo sobre si busca beneficios secundarios o sobre la posibilidad de que esté exagerando o mintiendo", indica. "Además, [las agresiones] se caracterizan por cometerse en la clandestinidad, por lo que no hay testigos directos. Otro de los aspectos más duros es que en ocasiones la mujer tiene que contar en varias ocasiones los hechos que se han denunciado".

Una de las mayores dificultades tiene que ver con que la tramitación es larga y en el caso de que llegue a juicio lo hará unos dos años después de que se inicie el procedimiento judicial. Beatriz Lázaro, abogada de la Federación de Mujeres Progresistas, explica que el proceso judicial de una agresión sexual se convierte en "tu palabra contra la mía". "Las pruebas son un tema muy complicado de acreditar, tanto como en el proceso como en el propio juicio", cuenta.

"Se cuestiona el consentimiento, ya que ahí no se cuentan con valoraciones forenses. Es una problemática donde una prueba de este carácter es complicada. Son muy duros todos los cuestionamientos y procesos a los que se enfrentan cuando en realidad las declaraciones de la víctima son la única prueba que existe", incide Lázaro. Asimismo, la profesional subraya que cualquier mujer víctima de agresiones sexuales cuenta con recursos necesarios, como su especialización, que la acompañan en la atención jurídica necesaria.

Ley del 'solo sí es sí'

Por su parte, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido el anteproyecto de la ley del 'solo sí es sí', la necesidad de definir la violación por la falta de consentimiento, no por los medios empleados por el atacante, y la eliminación del abuso sexual: "Todo es agresión". Rosell ha abogado por un "nuevo paradigma": del "no es no", visión tradicional de que el hombre tiene acceso al cuerpo de la mujer y es ésta la que pone límite a ese deseo, al "solo sí es sí", que refleja el consentimiento libre de dos personas que quieren tener una relación sexual.

El anteproyecto, aprobado ya hace un año, todavía no ha sido remitido al Parlamento y la semana pasada fue criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que cuestionó tanto la definición del consentimiento expreso como la desaparición de la figura de los abusos sexuales. El Consejo Fiscal también criticó la redacción del consentimiento por contener una doble negación que Rosell ha reconocido que podría suprimirse.

"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos", aseguró. Pero ha hecho hincapié en que el papel del consentimiento en este nuevo modelo conlleva la supresión de la figura del abuso: la penetración no consentida será violación, al margen de la existencia de violencia o intimidación.

Hablar de abuso sexual cuando la víctima, por ejemplo, no ha podido decir no al estar drogada o alcoholizada es, a juicio de Rosell, tratar a la mujer "como objeto de derecho, no como sujeto de derecho". "El abuso no deja de ser un uso excesivo o indebido. Se abusa de las cosas, no de las personas", recalcó. Destacó además el enfoque de género de un anteproyecto que, al margen de las reformas penales, ofrece ayudas específicas para las víctimas de la violencia sexual.

El 80 % no recibe ayudas públicas

La normativa de la Unión Europea prescribe que los estados miembros deben proporcionar una compensación justa y adecuada a las víctimas de delitos sexuales. En algunos países, pocas víctimas reciben una compensación económica y a menudo el importe es muy limitado. Según datos del Ministerio de Hacienda español obtenidos por el catedrático de derecho penal de la UOC Josep M. Tamarit, en España, entre 1998 y 2018, se efectuaron 1.356 solicitudes de ayuda pública, y de estas se resolvieron favorablemente 272.

"Durante este periodo solo se ha concedido un 20% de las ayudas solicitadas. Es decir, en promedio, se han concedido 13 ayudas al año por un importe de 1.375 euros por persona", revela el experto en una entrevista con El Independiente. El especialista ha podido comprobar que en España, aunque existe la posibilidad de pedir estas ayudas en aplicación de la Ley 35/1995, las víctimas se encuentran con varias dificultades para obtenerlas. "Las cifras muestran que en España hay pocas solicitudes, y esto se debe principalmente a que no todas las víctimas están informadas sobre la posibilidad de reclamar", apunta.

La vía principal para obtener las indemnizaciones es el proceso penal. "Si la persona agresora ha sido identificada, juzgada y condenada, el tribunal impone en la sentencia la obligación de pagar una indemnización a la víctima, que puede ser solicitada por esta si se ha personado como parte en el procedimiento, o, en el derecho español, también por el Ministerio Fiscal", apunta Tamarit. "Los procedimientos para reclamar pueden ser muy largos y complicados. La indemnización otorgada muchas veces no llega a la víctima porque el infractor no tiene recursos o el sistema judicial no es capaz de hacer ejecutar las sentencias".

En último lugar, se debe garantizar que la indemnización concedida por el tribunal esté realmente a disposición de la víctima y que los sistemas públicos de compensación repercutan de una forma efectiva en las víctimas que lo necesitan. Todo esto pasaría por un organismo público debería encargarse de obtener del delincuente la indemnización otorgada por los tribunales. Por ejemplo, en los Países Bajos esta tarea corre a cargo de la Central Judicial Collection Agency (CJCA), que llega a recuperar de los infractores hasta un 70 % de la indemnización concedida.