Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas que, a través de una aplicación de mensajería y mediante llamadas telefónicas, extorsionaban a usuarios de páginas webs de servicios sexuales, según ha informado la Dirección General de Policía.

El grupo criminal, al que se le imputa un total de 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro, solicitaba a sus víctimas cantidades que oscilaban entre los 100 y los 80.000 euros, llegando a obtener cerca de 650.000 euros con sus actividades ilícitas. Operaban en todo el territorio nacional, aunque sus máximos responsables se encontraban en Madrid, Málaga y Valencia.

El modus operandi de este grupo delictivo consistía en insertar anuncios falsos en páginas webs de contactos sexuales. Las víctimas contactaban a través de una aplicación de mensajería instantánea y, pasado unos días, el supuesto responsable de la casa de citas volvía a contactar con los usuarios, recriminándoles que no hubieran acudido a la cita con las chicas y exigiéndole el dinero por el tiempo perdido.

Mediante intimidaciones y amenazas, las víctimas pagaban el dinero que se les exigía creyendo que, con ello, pondrían fin a la situación. Sin embargo, posteriormente volvían a recibir amenazas con el objetivo de que pagaran más dinero, repitiéndose este proceso hasta que, finalmente, interponían una denuncia e ignoraban las llamadas y los mensajes.

La operación se ha llevado a cabo en tres fases operativas debido al volumen de personas implicadas. En la primera de ellas se detuvo a los principales integrantes del grupo criminal, encargados de la dirección y ejecución de las extorsiones, a quienes se les intervinieron los medios electrónicos y tecnológicos que utilizaban para la comisión del delito.

Posteriormente, dentro de esta misma fase, se procedió a la detención de los colaboradores más activos, responsables de las tareas de localización y captación de cobradores de dinero, conocidos como "mulas", encargados de la recepción del dinero de las extorsiones.

Durante una segunda fase, los agentes detuvieron a la práctica totalidad de los receptores del dinero, resultando que alguno de ellos había sido víctima del grupo tras ser coaccionado mediante amenazas para colaborar con sus integrantes. En una tercera y última fase, se completó el desarrollo de la operación, practicándose las últimas detenciones e imputaciones.

Las declaraciones prestadas por las personas implicadas en los hechos han permitido conocer el férreo control que ejercían los responsables del grupo sobre los demás escalones de la trama, no dudando en intimidarles si resultaba necesario para conseguir sus fines lucrativos.

Los principales responsables son personas de origen africano y de la República Dominicana. El resto eran, en su mayoría, españoles residentes en la provincia de Valencia, donde se llevó a cabo la mayor parte de las detenciones seguida de las ciudades de Madrid y Málaga.

Algunos de los detenidos tenían antecedentes policiales por delitos contra las personas y contaban con requisitorias judiciales o policiales por hechos similares.

En los registros domiciliarios se les ha intervenido material informático y de telefonía, lo que ha servido para esclarecer más hechos.

El análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos permitió a los agentes la identificación de numerosas víctimas, con quienes se contactó para que denunciaran los hechos y para informarles de la detención de estas personas.