La Policía ha desarticulado una red compuesta por tres grupos delictivos que facilitó que cientos de inmigrantes llegados en patera a Canarias volaran a la península y a otros países europeos proporcionándoles pasaportes falsificados o documentos de otras personas.

Según ha adelantado "La Razón" y han confirmado a Efe este jueves fuentes policiales, 42 personas han sido detenidas en esta operación, entre los presuntos miembros de esas tres organizaciones y los usuarios de sus servicios, y se han realizado diez registros, una parte en Gran Canaria y la otra en Murcia.

En esos registros, han sido intervenidos más de 305.000 euros en efectivo y tres vehículos, uno de ellos de alta gama.

Esta red delictiva supuestamente facilitaba a los inmigrantes que habían llegado en patera a Canarias documentos falsos -a veces falsificados, a veces auténticos pero pertenecientes a terceras personas- para que pudieran tomar un vuelo o un pasaje en barco.

Según las fuentes consultadas por Efe, solo una de estas organizaciones criminales habría logrado enviar a 308 inmigrantes desde Arguineguín, en Gran Canaria, a otras regiones de la España peninsular y a varios países de la Unión Europea.

Los investigadores al cargo de esa operación, que supervisa el Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), calculan que esta red ha podido obtener un beneficio con sus actividades de alrededor de medio millón de euros.

El año pasado, 23.023 inmigrantes llegaron en patera o cayuco a Canarias, en su mayoría marroquíes (11.998), senegaleses (4.539) y malienses (4.126), según datos del Ministerio del Interior publicados por el Defensor del Pueblo.

La Delegación del Gobierno estima que varios miles pudieron trasladarse a la península comprando un billete de avión o de barco, en una práctica completamente legal, que han avalado los tribunales.

Sin embargo, desde diciembre, la Policía reforzó notablemente los controles en puertos y aeropuertos de las islas, impidiendo salir de Canarias a la mayoría de los que lo intentaban, con base en dos argumentos: que tenían una orden de devolución en vigor (hecho con el que se justicaba su detención antes del embarque) o que las restricciones sanitarias por el covid-19 les prohibían desplazarse.

La semana pasada, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ordenó a la Policía abstenerse de impedir volar a un inmigrante si portaba su pasaporte o un documento que le acreditara como solicitante de asilo, en un auto que ha impulsado de nuevo a decenas de jóvenes llegados en patera a intentar salir de Canarias hacia otros lugares de España o Europa, donde muchos tienen familiares.

Ahora se ha hecho público que desde hace meses la Policía investigaba una red que presuntamente facilitaba ese tipo de movimientos con documentos falsificados.