Irune Costumero es una madre que lleva desde 2017 sin su hija. Durante esta semana, se ha enfrentado en un juicio histórico al Servicio de Menores de Vizcaya. Se ha sentado en el banquillo el diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y, junto a él, tres funcionarios, todos ellos acusados de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haberle arrebatado por la fuerza, según Costumero, la custodia de su hija, de entonces cinco años, alegando síndrome de alienación parental.

Fue el psiquiatra estadounidense Richard Gardner quien acuñó en 1985 el término síndrome de alienación parental (SAP) y en el ámbito judicial se ha empleado para referirse a la campaña de difamación y manipulación que lleva a cabo durante un proceso de separación uno de los progenitores contra el otro a través de los hijos. Generalmente, se ha alegado que este síndrome venía del lado de las madres y se ha entendido que era el padre quien resultaba perjudicado, incluso en casos en los que el padre había sido señalado por haber cometido malos tratos o abusos sexuales contra su expareja o sus hijos.

El caso de Irune Costumero representa uno de los ejemplos más claros de cómo puede degenerar este supuesto trastorno en el terreno judicial. La expareja de esta madre resultó absuelta tras la denuncia por malos tratos hacia Irune y, a partir de entonces, se estableció una custodia compartida impuesta, según informa Diario 16. Después, el padre se mantuvo en paradero desconocido durante dos meses con su hija, pero a Costumero no se le permitió denunciar el supuesto secuestro.

Este síndrome sin aval científico ha sido rechazado por organismos tanto internacionales -la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría han rehusado incluir esta pseudoenfermedad en sus manuales de trastornos, el CIE-10 el DSM-5, respectivamente- como nacionales. De hecho, el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya alertó que se debía tener "un mejor conocimiento" de dicho síndrome en el ámbito judicial, con el objetivo de "evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales".

Además, la Asociación Española de Neuropsiquiatría consideró que el SAP constituía "un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo", y que a su vez simplificaba "las complejas dinámicas de interacción familiar". Según Altamira Gonzalo Valgañón, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, el SAP se ha utilizado en los procesos de guarda y custodia de padres separados "cuando los niños se han negado a hacer las visitas con el padre". En esos casos, señala esta experta, no se han escuchado las razones que daban los niños para justificar su rechazo hacia el progenitor y se ha acusado a las madres de "alienadoras, obstaculizadoras y malas madres, en lugar de averiguar cuáles son los verdaderos motivos por los que en un determinado caso un menor se niega a cumplir esas visitas".

"Este es un mal llamado síndrome no deja de ser una figura que se ha aplicado sin rigurosidad y que, unida a la falta de perspectiva de género y de infancia en ámbitos como la Justicia, ha llevado a situaciones muy injustas que han dañado los derechos de los niños", asegura en una entrevista para El Independiente Carmela del Moral Blasco, responsable de políticas de Infancia de Save the Children. La propia utilización del término 'síndrome de alienación parental' implica "cierta intención" por parte de quien lo emplea, dice esta experta, por lo que sostiene que es "importante acabar con su aceptación generalizada por parte de algunos órganos jurídicos".

"El término síndrome de alienación parental se ha utilizado de manera muy banal muchas veces, cuando, por ejemplo, un menor no quería ir con uno de los padres", indica Cristina Aranzadi, abogada de Aranzadi & Bendrihem, ya que antes era "un psicólogo o un perito es quien tiene que examinar cuidadosamente a través de múltiples pruebas cómo ese niño había llegado a tener esa animadversión" hacia uno de sus progenitores. 

Ley de protección de la infancia y la adolescencia

La recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, comúnmente conocida como la Ley Rhodes, hace referencia a la necesidad de que los poderes públicos tomen las medidas necesarias para impedir que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".

El SAP nace como consecuencia de ciertas percepciones basadas en tópicos patriarcales machistas"

Carmela del Moral Blasco

Además, esta norma incide en que las actuaciones para promover la parentalidad positiva "en ningún caso" se pueden utilizar con otros objetivos en el caso de que exista un "conflicto entre progenitores, separaciones o
divorcios, ni para la imposición de la custodia compartida no acordada", y apunta a que ese tipo de acciones no pueden relacionarse con "situaciones sin aval científico como el síndrome de alienación parental".

La introducción de estos preceptos en un texto legal constituyen el primer paso para alejar esta teoría pseudocientífica de los procesos judiciales. Pero Gonzalo Valgañón sostiene que "la ley cambiará algo si a la vez cambia la mentalidad de quienes aplican la ley", es decir, si los jueces analizan los hechos "desde una perspectiva igualitaria" y teniendo en cuenta que "los niños y las niñas son personas de plenos derechos y tienen que ser objeto de mayor protección".

En la misma línea, Del Moral Blasco afirma que "este síndrome bebe de varios imaginarios, como el de la mujer manipuladora, pero también del niño que miente o el niño a manipular, cuando está demostrado que los niños es más fácil que mientan para ocultar lo que les ha pasado que para inventar una situación". Por tanto, este supuesto trastorno nace como "consecuencia de ciertas percepciones que están basadas en tópicos patriarcales machistas", aunque incide en que "no debemos olvidar que existe una gran falta de perspectiva de infancia, que pone a los niños y las niñas como sujetos y en el centro de los procesos".

Un debate también político

El síndrome de alienación parental se ha trasladado también a la arena política. Este lunes, cuando daba comienzo el juicio contra quienes le quitaron a Irune Costumero a su hija, la ministra de Igualdad, Irene Montero, enviaba un mensaje a esta madre a través de Twitter: "A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan".

La representante de Unidas Podemos hacía referencia al toque de atención que le envió Naciones Unidas a España al respecto de este proceso. La relatora sobre la violencia contra la mujer de este organismo trasladó en septiembre del año pasado su "profunda preocupación por la integridad física y mental" de Costumero y de su hija. A su vez, expresó su inquietud por "muchas decisiones administrativas y judiciales" de nuestro país que "reflejan una interpretación discriminatoria de la legislación nacional por parte de los operadores de justicia pero también por parte de trabajadores sociales, basadas en prejuicios y estereotipos de género".

Pero el de Irune Costumero no ha sido el único caso que ha convertido en polémica al SAP. En su conocida serie documental, Rocío Carrasco relató diferentes situaciones en las que, según ella, el padre de sus hijos, Antonio David Flores, les manipulaba, especialmente a la mayor, para que sintiesen animadversión hacia ella. Esta historia habría terminado con una paliza que le propinó Rocío Flores a su madre, como han certificado las resoluciones judiciales.

Durante la emisión de esos capítulos, el fuego lo abrió la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Afirmaba en su cuenta de Twitter que "hoy media España ha entendido lo que es el Síndrome de Alienación Parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre". La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, no dudó en responderle que la situación que vivió Rocío Carrasco no era producto del SAP, sino de la violencia machista, ya que ese supuesto trastorno "no existe" y es un "nicho de negocio ultraconservador contra las mujeres".