La crisis del coronavirus dejó en las residencias hasta el pasado 6 de junio 29.628 fallecidos, una cifra que supone cerca del 40% del total de muertes a causa del Covid. Las residencias fueron el epicentro del horror en los primeros meses de la pandemia y ahora, con la población residencial vacunada prácticamente al completo, el objetivo es que la historia no se repita.

Con ese fin se presenta "Leyes que protejan a las personas mayores. Documento de propuestas para autoridades estatales y autonómicas", un informe publicado por la ONG Amnistía Internacional (AI) con motivo este 15 de junio del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. "Primero denunciamos la violación de cinco derechos fundamentales en las residencias y ahora lo que pedimos son medidas legales que garanticen que no vuelve a ocurrir", apunta Safira Cantos, responsable de la investigación de residencias en AI.

Dos de los problemas estructurales de las residencias emanan de la falta de inversiones públicas. España invirtió en 2018 - según los datos de Eurostat sobre cuidados de larga duración - un 0,9% del PIB (10.305 millones de euros) frente al 1,6% de la media europea. En el reciente informe España 2050 el gobierno recoge un gasto medio entre 2015-2019 del 0,8% del PIB frente al 1,1% de la UE-27 y 2,3% de la UE-8.

Además y muy estrechamente relacionado está el ratio de trabajadores por mayores de 64 años. En 2019 la media española era de 4,8 mientras que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo era de 6. En un estudio de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) en mayo de 2020 concluía que "las ratios actuales de personal de las normativas (incluso las de las más exigentes) son insuficientes".

"Es evidente la falta de personal pero también hay que sumarle la falta de planes de formación específicos y un mayor reconocimiento social. No tiene el mismo prestigio un auxiliar de clínica en una residencia que en una UCI, por ejemplo, y hablo de prestigio social y de salarios. El sector de los cuidados tiene mucho potencial y podría convertirse en una marca de calidad de la sociedad en que vivimos", explica Raúl Vaca, psicogerontólogo y vocal de la SEGG.

Vaca incide también en la necesidad de "retomar la vida previa a la pandemia. Estos centros tienen que rebosar vida y no ser meros aparcaderos". Tras el hermético cierre al que fueron sometidos estos centros para evitar la transmisión del virus, las visitas fueron poco a poco recuperándose, aunque en algunos casos y como denuncia Amnistía Internacional, la dirección de algunas residencias ha seguido limitándolas de forma discrecional. Todo ello, además, pese a que "la imposición de restricciones a las visitas de los residentes sometidos a tutela implica una limitación en la libertad de las personas que afecta a sus derechos fundamentales y personalísimos", como figura en el informe del Defensor del Pueblo sobre Atención a personas mayores en centros residenciales.

"Esta falta de visitas es solo una de las expropiaciones de derechos que sufren quienes viven en residencias. Los abusos no son sólo los casos graves que se hacen noticia sino supeditar los derechos a cuestiones organizativas. Cuando debe ser al revés. En nuestras investigaciones hemos conocido casos en los que un horario de desayuno se cambia y se adecúa a una falta de personal. Cuando no puede ser así, el ciudadano tiene que ser el centro porque es un sujeto de derecho igual que el que no vive en una residencia".

En este contexto, Amnistía Internacional ha elaborado siete grandes recomendaciones para los actores públicos implicados en la gestión de las residencias:

  1. Asegurar que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible y que las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria en el futuro.
  2. Disponer de un sistema de inspecciones de residencias que incluya:
    • Transparencia: publicación periódica de datos sobre el número de visitas y los resultados de las mismas.
    • Visitas regulares a los centros residenciales sin aviso previo, y contando con indicadores de inspección que aseguren una vigilancia eficaz del cumplimiento de los requisitos normativos, con especial atención a las condiciones y conductas que pueden afectar a los derechos humanos de las personas residentes.
    • Sistema de denuncias que garantice anonimato, y recursos adecuados para el seguimiento efectivo de las mismas que aseguren la adopción de medidas de corrección sin demora.
  3. Garantizar el contacto regular entre residentes y familias, en línea con los acuerdos del consejo Interterritorial de diciembre de 2020. Debe cumplirse con el régimen de visitas y eliminar la discrecionalidad en su aplicación en algunas residencias.
  4. Desarrollar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos. Estos datos deben ser utilizados para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud. Los datos han de ser homogéneos y estandarizados.
  5. Tener criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas residentes y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos, utilización de los EPIs, entre otras, especialmente al personal de cuidados directos.
  6. Incrementar los recursos, y asegurar su suficiencia teniendo en cuenta una evaluación real de las necesidades de la población y su previsión de evolución.
  7. Involucrar a las personas mayores y sus familiares en decisiones que les afectan relacionadas con el modelo residencial y hacer partícipe a la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan.

Desde la SEGG, Vaca incide en que pasado el horror "la pandemia tiene que servir para sacar a la luz las carencias que, por otro lado, nosotros llevábamos tiempo advirtiendo. Las residencias no estaban diseñadas para atender un problema de salud global, se ha mejorado la coordinación entre profesionales y hospitales pero es necesario trabajar".

El profesional es optimista por el gran efecto que han tenido las vacunas sobre las muertes y los contagios. Una tribuna de investigadoras del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III cifró en 3.500 las muertes y 17.000 los casos de Covid evitados por las vacunas en las residencias solamente en el primer trimestre de 2021. "Esto es muy buena noticia y tiene que venir acompañado de una vuelta a la actividad y la vida que tenían las residencias antes del Covid", afirma Vaca.

Para Cantos, "que las vacunas hayan funcionado hasta ahora es una buena noticia pero sabemos que el virus puede evolucionar y que si no es éste, puede ser otro. Sabemos que se está trabajando y ha habido acuerdos pero el cambio tiene que ser de hecho. Por eso pedimos leyes que sean globales y con mecanismos para vigilar su cumplimiento. Vivir en una residencia no puede ser la coartada para mermar sus derechos".

El edadismo, la discriminación por edad

Por otro lado, el gerontólogo apunta a un problema más trasversal y que tiene que ver con la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. "Hay un maltrato visible, fácil de identificar como el que se hace noticia porque un trabajador pega a un anciano. Sin embargo, debajo de ese hay muchas formas de maltrato que a veces ni siquiera se identifican como tal. Van desde el maltrato económico, al emocional o simplemente a ignorar a la persona mayor. El edadismo es la discriminación por edad y hasta ahora no llama la atención. Hay que tomar conciencia. Si se hace un chiste machista y la gente lo identifica y no le gusta, ¿por qué con un chiste sobre la edad no se hace?", reflexiona el gerontólogo.

Y es que mientras esa forma de discriminación siga presente y sea tolerada, "es complicadísimo de solucionar. Hace falta mucha educación social, campañas, llevarlos a las escuelas y a los profesionales que trabajan con las personas mayores", afirma. Vaca cree que en la pandemia se plantearon muchas situaciones discriminatorias que ni siquiera llamaron la atención. "Como cuando se planteó que saliera de nuevo la gente a la calle tras el confinamiento y se dijo que no más allá de los 65 años. Ese tipo de decisiones se pueden tomar por patologías u otros criterios con sentido, pero no exclusivamente por la edad", concluye.