El Consell de Ibiza ha informado de su intención de poner en marcha lo antes posible un servicio de investigación para detectar fiestas ilegales, con el objetivo de evitar la expansión del Covid-19. Para este mecanismo, contaría con la colaboración de "detectives o rastreadores" de fuera de la isla, que serían quienes se infiltrarían en esas reuniones clandestinas, y con la de las fuerzas del orden, con el fin de actuar contra un problema que destacan que es sanitario, y no turístico, según ha informado la Cadena SER.

"Los propios policías dicen que lo tienen difícil para infiltrarse, porque en la isla les conocen, así que hay que buscar fuera. No está siendo fácil porque se busca un perfil de extranjeros de entre 30 y 40 años, pero llevamos dos semanas en ello y hemos pedido presupuesto", señaló el vicepresidente del Consell, Mariano Juan. La autoridad insular tan sólo podría contratar a detectives habilitados ejercientes.

"Los detectives no pueden entrar en casas privadas para investigar delitos", asegura tajante el abogado Marco Esteban, director del despacho Esteban Abogados Penalistas, que aclara que tampoco en este caso la Policía podría acceder, a no ser que cuente con una orden judicial. "Pueden vigilar o investigar en la entrada, pueden hacerlo fuera" de la vivienda para ver "quien entra y quien sale" y así avisar a la Policía, "pero se excluye expresamente la investigación en un domicilio privado", recalca para El Independiente.

Hay excepciones que permitirían a la Policía entrar a un domicilio sin autorización judicial: cuando se esté cometiendo un delito flagrante dentro de la casa, cuando hay armas procedentes de un delito dentro de la morada o cuando hay una persona en busca y captura. Ninguna de esas excepciones se refiere a fiestas ilegales en casas particulares, insiste Marco Esteban.

De hecho, podrían atentar contra derecho constitucional a la inviolabilidad de la vivienda, regido por el artículo 18.2 de la CE, que establece que "ninguna entrada o registro podrá hacerse" en el domicilio "sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Marco Esteban apunta además a que la Ley de Seguridad Privada de 2014 también prohíbe a los detectives acceder a los domicilios. "Si no puede entrar la Policía, ¿cómo va a poder entrar un investigador?", expresa.

Asimismo, este abogado indica que la entrada de estos detectives en una casa para informar sobre una fiesta o disolverla también atentaría contra el derecho a la intimidad, que está "muy ligado" con el de la inviolabilidad de la vivienda. Marco Esteban defiende que, si la iniciativa del Consell saliese adelante, los tribunales la frenarían.

Los detectives "no tendrían ninguna autoridad" para disolver fiestas

Estos detectives no tendrían "ningún tipo de autoridad" para entrar en casas privadas para disolver fiestas, y su marco de actuación se limitaría espacios del "ámbito público", como, por ejemplo, bares, discotecas o lugares en los que se celebrasen botellones, explica este abogado especializado en Derecho Penal.

No obstante, estos investigadores podrían acceder a los domicilios con invitación del propietario o de manera no forzada, señala este abogado, que agrega que, una vez dentro, no pueden tomar imágenes de lo que ocurre en el interior del inmueble, pero sí grabar una conversación mientras que en ella participen los propios detectives e informar a las autoridades.

Los policías de la 'patada en la puerta' podrían haber cometido allanamiento de morada

En el mes de marzo, cuando el estado de alarma todavía estaba vigente, unas imágenes en las que aparecían agentes de la Policía derribando con un ariete la puerta de un inmueble del barrio de Salamanca de Madrid para poner fin a una fiesta ilegal hicieron saltar la polémica sobre la autoridad que tienen o no las fuerzas del orden para entrar en casas privadas.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez encargado del caso que archivase la causa abierta contra los nueve jóvenes que fueron detenidos esa noche y reflejó en su auto que los agentes podían haber cometido "un exceso en el ejercicio de la autoridad". Por ello, el magistrado citó a los policías a declarar al haber sido acusados de allanamiento de morada.